Estados Unidos endurece las medidas de seguridad vinculadas a las importaciones que llegan por vía aérea.

Así surge tras la instrumentación, días atrás, del programa obligatorio Inspección Avanzada de Carga Aérea (ACAS, por sus siglas en inglés), por el cual todas las líneas aéreas y agentes de carga que remitan mercaderías por esta vía deberán remitir por vía electrónica a la Aduana norteamericana información sobre la carga antes de que sea consolidada en la bodega del avión.

La Aduana norteamericana (U.S. Customs and Border Protection, CBP, en inglés) podrá así identificar con suficiente tiempo antes del despegue riesgos potenciales tanto para la aeronave como para los pasajeros en vuelo.

La principal motivación de la medida es el combate al terrorismo, indicó el comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, tras agregar: “El programa ACAS es un componente vital para la CBP para prevenir la entrada de contrabando ilícito, mientras que acelera el comercio legal”.

Prueba exitosa

En diciembre de 2010, Estados Unidos puso en marcha una prueba piloto del ACAS. En esa oportunidad, la participación era voluntaria. Fuentes de la aduana norteamericana señalaron que la experiencia fue exitosa al permitirle “identificar una cantidad sustancial de carga de alto riesgo, pero debido a que el programa era voluntario, no abordó completamente la vulnerabilidad de seguridad existente”.

En la experiencia de prueba no era obligatorio consignar el número de guía aérea. Este elemento será vital para proporcionar la ubicación de la carga de alto riesgo y le permitirá a la Aduana “asociar la carga con una presentación ACAS”.

La aduana norteamericana, a su vez, está revisando la definición de datos como nombre y dirección del consignatario, para proporcionar una definición más precisa y completa, y agregará un nuevo requisito: el mensaje de salida del vuelo, que le permitirá además determinar la puntualidad en las presentaciones del ACAS, informó el portal American Shipper.

No obstante, la Aduana manifestó que para permitirle al comercio “el tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos” y teniendo en cuenta “los cambios que serán necesarios en los procesos de los exportadores para cumplir con la norma”, la exigencia de la información será “moderada” por el plazo de un año.