El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, organismo llamado a administrar la concesión “larga” del sistema de navegación troncal, deberá requerir la intervención del Ministerio de Transporte para aquellos contratos de concesión que así lo dispongan, y toda gestión que realice deberá ser encaminada por la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

Así lo establece el decreto 120/22, publicado el 10 de este mes en el Boletín Oficial, al determinar los ciertos límites a la autarquía administrativa del organismo creado por el decreto 556/21, organismo que preside Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar.

Al crear el Ente, el gobierno pretendió “federalizar” la adminsitración de la vía navegable una vez que el Ministerio de Transporte realice la nueva licitación y concesione el mantenimiento del dragado y balizamiento, de acuerdo con lo establecido por el decreto 949/20.

Objetivos del Ente

En rigor, el organismo debe “velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios y las usuarias, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado nacional y el cumplimiento” del marco normativo y contractual, auditando todo el espectro administrativo, ambiental, económio-financiero, jurídico de la concesión.

En su función también se establece la potestad de “determinación y/o modificación de traza, tarifas y técnicas de los contratos de concesión de obra pública” y de otros  trabajos que hagan a la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y re dragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos, sobre la vía navegable troncal”.

Ordenamiento

El decreto es una formalidad administrativa que busca ordenar el engorroso entramado del organigrama, con las modificaciones que la política impuso al área de Puertos y Vías Navegables. Vale la pena recordar cómo opera el Estado al día de hoy en lo que hace a la vía navegable:

  1. La Subsecretaría de Puertos es la autoridad de aplicación de la ley 24.094 (actividades portuarias) y de la ley 27.419 (desarrollo de la marina mercante e integración fluvial).
  2. Su titular es, además, el secretario ejecutivo del Consejo Federal Hidrovía (CFH), cuyo presidente es el ministro de Transporte. Creado por la resolución ministerial 307/20m el CFH brinda “asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión de la Hidrovía Paraná- Paraguay”, y oficia de “coordinador estratégico” y receptor de “inquietudes, proyectos y propuestas” sobre el tema.
  3. La Administración General de Puertos (AGP) tiene a cargo la concesión del mantenimiento de la vía navegable por 12 meses (hasta septiembre próximo), prorrogable hasta que se adjudique la licitación “larga”, prevista por el decreto 949/20.

“De acuerdo con lo expuesto, resulta necesario adoptar las medidas tendientes a una mejor articulación y coordinación entre el Ministerio de Transporte y el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y las demás entidades con competencia en materia de puertos y vías navegables, a fin de lograr la consecución de los objetivos asignados a cada uno de los mencionados organismos”, reconoce el decreto en sus considerandos.

En la misma línea, se agregó un anexo al decreto mediante el cual se modifican los objetivos de la Subsecretaría de Puertos: deberá “colaborar en los procesos que sean competencia del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, ante requerimiento de este”.

Intervención de Transporte

Así, el artículo 1° del decreto establece que “con el fin de cumplir los objetivos previstos en el decreto 556/21, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable requerirá la intervención del Ministerio de Transporte siempre que las normas vigentes o los Contratos de Concesión así lo dispongan; realizará las comunicaciones
necesarias y deberá, en todos los casos, iniciarse dicha gestión mediante la Subsecretaría de Puertos”.

Luego, el artículo 4°, prevé que el Ministerio de Transporte “podrá solicitar al Poder Ejecutivo que autorice la ampliación del sector definido por el artículo 2o del decreto 556/21, con el fin de incluir el control de los servicios que pudieran concesionarse en virtud del artículo 2° del decreto 949/20“.

El artículo 20 del decreto que crea el Ente señala que el organismo debe “intervenir en los pedidos relacionados con bienes que deben ser afectados al servicio, sujetos a expropiación o servidumbre, necesarios para la prestación de los servicios”.

A su vez, será Transporte quien dicte todas las normas complementarias y aclaraciones necesarias para “la implementación del decreto 556/21 y de la presente reglamentación”.

Por último, Transporte deberá transferir al ente “los bienes, dotaciones y personal afectados al cumplimiento de las misiones y objetivos asignados a este por el decreto 556/21“.