Una investigación conjunta de la Aduana y la DGI arrojó que al menos 15 empresas que exportaron durante la pandemia maíz partido, soja desactivada y aceites mezcla por más de 51 millones de dólares sólo liquidaron divisas por 3 millones.
Además, una serie de patrones comunes se repetían: el uso del mismo estudio de despachantes, embarques por la misma aduana (Campana), aumentos significativos de volúmenes en sólo un año, falta de capacidad económico-financiera y ser empresas “nuevas”, e incluso vinculación con las firmas importadoras en destino.
“Todas evidencian un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo, así como el uso de la posición arancelaria 1104.2300.0000 (maíz partido), que se caracteriza por estar fuera del sistema de precios oficiales”, señaló la Aduana en un comunicado.
Firmas truchas
Las liquidaciones de divisas no guardaba relación con los montos exportados y, lo más grave: muchas de las empresas analizadas se encontraban en la base de firmas apócrifas (base APOC), “bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia”.
La investigación se amplió a un universo de 100 empresas y derivó en una denuncia que está siendo investigada en el juzgado federal de Campana, que ordenó más de 80 allanamientos simultáneos en todo el país donde se secuestraron celulares, computadoras, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación).
“La maniobra es evidente: cerca de 15 empresas truchas con US$ 51 millones en exportaciones —cuyo plazo de liquidación está vencido— solo ingresaron al país US$ 3 millones. El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central”, resumió la Aduana en un comunicado.
A propósito, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, señaló que el organismo “tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”.
Asociación ilícita y lavado de activos
En tanto, la DGI suspendió el CUIT de más de 40 empresas sospechadas y la Aduana disparó un alerta de operaciones sospechosas de lavado de dinero en la Unidad de Información Financiera (UIF).
Asimismo, el juzgado federal de Campana caratuló la investigación bajo la figura de una asociación ilícita, así como también delitos tipificados en el régimen penal tributario y/o cambiario y la comisión de lavado de activos.
“Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente”, explicaron desde la Aduana.
“Existen suficientes elementos de convicción para sostener que el exportador real —esto es, el verdadero dueño de la mercadería— habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla. Dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos —incapacidad económica para afrontar las operaciones—, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar el adecuado control del servicio aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías”, concluyó el organismo.
