Los trabajadores de la Dirección General de Aduanas (DGA), agrupados en el Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara) justificaron las medidas de acción gremial para los días 6, 7 y 8 de marzo en la disposición 331/2017 dictada por el administrador Federal, Alberto Abad, que “revoca el otorgamiento de funciones operativas de operador de scanner, guías de can,  instructor de binomios y medidores”.

“Los aduaneros nos encontramos expuestos a una alarmante precariedad jurídica, donde los actos administrativos emitidos por la propia AFIP son revocados 2 años después por  la misma Administración”, destacan en relación con el hecho de la norma en cuestión deja sin efecto la disposición 487 dictada en 2015 por la AFIP, organismo del que depende la DGA.

El Supara manifiesta que la norma revocatoria “invoca una falta de capacitación” pero señalan que “durante todo este tiempo los agentes que se desempeñaron en esas funciones”  adquirieron “capacitación práctica” e incluso “asumieron las responsabilidades inherentes a las funciones”.

“Esta revocatoria va claramente en contraposición a la política de control y lucha contra el narcotráfico tan pregonada por el Gobierno nacional y constituye otro avance sobre el desmantelamiento de las funciones propias del organismo. El control es el bien jurídico tutelado por la Aduana“, aseveran los aduaneros.

Control y simplificación

No obstante, según consignó Trade News en ocasión del alejamiento de Juan José Gómez Centurión de la dirección de la Aduana, y tal como dejaron trascender las actuales autoridades aduaneras, para el presidente Mauricio Macri el control del narcotráfico está en manos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

La Aduana, según la visión del Gobierno en la gestión de Diego Dávila, debe concentrarse en la simplificación y facilitación del comercio exterior, reñido en la práctica (y en los tiempos) con las acciones de control.

A propósito de esta situación, los aduaneros preguntan “quién será el responsable ante un caso de narcotráfico” durante una operación de comercio exterior, habida cuenta de “esta nueva embestida sobre el debilitamiento de los controles”.

“No serán los trabajadores los que deban afrontar las consecuencias de estas desconcertantes decisiones”, aseguraron desde el Supara.

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