La lista de proyectos de ley no tratados en el Congreso que inciden en la dinámica del comercio exterior, y que hacen a su mayor productividad, promueven la competitividad, el desarrollo de economías regionales, la creación de empleo y fomentan las inversiones es demasiado larga. Sería necesario multiplicar la cantidad de sesiones, sólo para lograr el quórum, no ya en el recinto, sino en las comisiones, instancia obligada para obtener el dictamen necesario para su votación en las cámaras.
Pasan los años y con ellos pierden “estado parlamentario” ideas perfectibles, que no logran siquiera ser debatidas, en muchas ocasiones, porque los legisladores no asisten. Toda una deuda pendiente de la democracia y de una república aún en ciernes.
La semana pasada, dos sectores que poco tienen que ver entre sí, pero que mucho hacen al comercio exterior, sufrieron postergaciones de distinto calibre.
Por un lado, el tratamiento de una nueva ley de zonas francas para el país. La existente tiene limitaciones e impide que esta herramienta de potencial desconocido por la Argentina pueda encaminarse.
Las zonas francas son regímenes especiales donde las mercaderías de importación y exportación gozan de diferimentos impositivos, exenciones de distinto tipo y mayores plazos de permanencia antes de ser nacionalizadas o embarcadas, conformando así un pulmón financiero de relevancia en todo momento: el costo del capital siempre es caro para una pyme. Pero en un evento de promoción de esta herramienta, convocado por la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, un funcionario del Gobierno reconoció que este año, por cuestiones electorales, difícilmente sea tratado el proyecto en el que denodadamente se viene trabajando en el marco del Consejo Argentino de Zonas Francas.
Por el otro, y de manera tal vez más llamativa, la ley de marina mercante y la de industria naval, ambas con media sanción del Senado, vienen penando para lograr el quórum en las comisiones de Diputados, incluso a pesar de contar con el acuerdo empresario y gremial.
La política tiene razones que la sociedad civil muchas veces no entiende. Pero la política no es un fin en sí mismo, y se desnaturaliza toda vez que pierde noción de los intereses que representa.
Cada dos años la política trabaja sólo para sí misma. Si el Gobierno es eficiente, usará su reserva ejecutiva para las cuestiones de naturaleza urgente. Pero no tiene saldo de acción para los temas importantes en el período de campaña.
En lo que va del año se sancionaron 24 leyes. Por supuesto, será caprichosa la enumeración: Potrero de los Funes, capital nacional del ajedrez; el Pato, declarado deporte nacional y General Las Heras, su capital. Y también está la ley 27.366 que declaró a Bell Ville capital nacional de la pelota de fútbol.
