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La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) remitieron una carta a los jefes de bloque del Congreso de la provincia de Buenos Aires en reclamo por el proyecto de ley impositiva que remitió el gobernador Axel Kicillof.

El proyecto prevé, en su artículo 100, un incremento del impuesto sobre los ingresos brutos a los puertos, que en algunos casos alcanza un incremento de 1400 por ciento y llega a equivaler casi el 50% del servicio prestado por una terminal.

Por otra parte, agrega una suma fija por tonelada operada: 93 pesos por tonelada embarcada; 278 por tonelada descargada y 46 pesos para el caso del removido. Sólo quedan exceptuadas las mercaderías en tránsito; la arena y piedra, y la pesca artesanal.

Prácticamente total

Salvo por estas excepciones, el impacto es prácticamente total para la carga proyecto y contenedores de Dock Sud y La Plata, los granos de Quequén, aspas de molinos y químicos en Bahía Blanca, pescado de exportación de Mar del Plata, fertilizantes de Campana, productos siderúrgicos de San Nicolás o los mismos autos de Zárate.

La nota fue dirigida a Maximiliano Abad, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Agustín Maspoli (Comisión de Presupuestos e Impuestos), Gustavo Soos (Asuntos Constitucionales), Leandro Blanco (Legislación General) y Lucas Fiorini (Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos). Solicitan una audiencia urgente y una medida de “no innovar” y mantener la imposición de Ingresos Brutos sobre la tarifa del servicio prestado, como hasta el presente, y descartar el monto fijo por volumen.

Asimismo, se remitieron copias a Mario Meoni, ministro de Transporte nacional, y a Augusto Costa, ministro de la Producción bonaerense.

Artículo 100

“El núcleo del problema se encuentra en el artículo 100, que establece un incremento de ingresos brutos a determinadas actividades comprendidas en el nomenclador (ver tabla) vinculados a la explotación de terminales portuarias provinciales”, indicaron las cámaras empresarias.

El artículo 100 del proyecto establece “montos fijos a ser aplicados sobre el peso de la mercadería, independientemente del valor económico de la misma y del servicios que les es prestado, por lo que resulta insoportablemente gravoso en los productos de bajo precio”, señalaron.

Las cámaras advierten, en primer lugar, que el artículo 9° de la ley 23.548 impide la doble imposición.

En segundo lugar, señalan que la medida “generará asimetrías negativas con los puertos de las jurisdicciones vecinas, por caso las terminales del Puerto de Buenos Aires (con una alícuota notoriamente inferior a la proyectada para la provincia), de Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro e incluso con los puertos del Uruguay”.

Al calcular la alícuota sobre la base del peso de la mercadería en lugar del precio del servicio, el resultado es una “imposición confiscatoria” pues excede la capacidad contributiva del contribuyente, en especial “la de las terminales portuarias en los puertos provinciales “que operan concesiones o tienen la retribución de sus servicios sujetas a tarifas fijas”.

Cereales y cargas generales

En una terminal de granos, la tarifa por embarque de cereales asciende a US$ 3,50. La alícuota de ingresos brutos equivale al 3,5%, es decir, se abona US$ 0,123.

“Si se le suman los 93 pesos que determinaría la nueva norma (US$ 1,60 si se toma el cambio a $ 58), el nuevo importe de ingresos brutos sería de US$ 1,723 por tonelada embarcada”, explicaron.

“El impuesto se incrementa en un 1400,81%, o sea más de 14 veces. El monto a tributar a partir de la sanción de esta ley (US$ 1,723) equivale al 49,98% del valor del servicio prestado por la terminal (US$ 3,50)”, ilustraron.

Por otra parte, en el caso de la importación de graneles como fertilizantes, las cámaras calcularon un costo de hasta US$ 11,5 millones.

Contenedores

“La actividad de estiba y desestiba, aún en los casos de puertos que trabajan para sí mismos (puertos privados comerciales) también estaría gravada por esta norma, que encarece la operatoria sensiblemente”, ampliaron.

En comercio exterior, las mercaderías que llegan y salen en contenedores son por lo general las manufacturas que incluyen procesos de elaboración y más valor agregado.

Los incrementos por contenedor van del 216% para el caso de un FEU  (contenedor de 40 pies) de importación a un 627% para el caso de un TEU (contenedor de 20 pies). Estos afecta principalmente los insumos para la industria nacional, ya que más del 80% de lo que se importa en contenedores son bienes de capital, partes y piezas.

La exportación, es decir, los productos elaborados por pymes y empresas grandes, también sufrirán el impacto promedio del 258% de aumento en ingresos brutos.

Importación

En importación, operar en Exolgan, TecPlata, Zárate, Euroamérica o en la terminal Patagonia Norte de Bahía Blanca, por mencionar algunos ejemplos, se pagará un 3521% más por TEU de importación en concepto de ingresos brutos, y hasta 2061% más por TEU de exportación.

Cargas proyecto, hidrocarburos, molinos para energías renovables, plantas para infraestructura y otras importaciones de gran volumen y peso –muchas de las cuales forman parte de programas financiados por organismos multilaterales– no son exceptuadas de las generalidades del proyecto.

“El proyecto bajo análisis resulta cuanto menos legislativamente insostenible, económicamente ruinoso e impositivamente inaceptable”. Condena a la desaparición a las operaciones de removido por transporte acuático, que se volcarán masivamente al medio terrestre, no alcanzado por este proyecto”, destacaron.

Legalidad

Desde una óptica constitucional, el proyecto:

  • Grava de manera encubierta la exportación e importación de mercaderías, facultad propia del Congreso nacional.
  • Viola la facultad exclusiva de la Nación de gravar importaciones y exportaciones.
  • Vulnera la prohibición constitucional de establecer aduanas interiores.
  • Atenta contra la garantía de igualdad en las cargas públicas y contra la ley de coparticipación federal de impuestos.
  • Contraría las normas del convenio multilateral al establecer una suma fija que afectaría los ingresos que le corresponden a las demás provincias.

La carta, firmada por Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC y Martín Brindici, gerente general de CPPC, solicita “no innovar” y mantener la imposición “sobre el precio del servicio, como hasta el presente”.

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