El Parlamento Europeo dio la semana una señal política esperada: se retrasa y simplifica la aplicación plena del Reglamento contra la Deforestación (EUDR, en inglés)
La decisión que brinda un “aire” en materia de tiempos y procedimientos no implica una marcha atrás en las “convicciones ambientales” que inspiraron la norma, sólo una distensión en un tiempo presente marcado por las presiones operativas, comerciales y políticas al interior de la propia Unión Europea.
Productos más afectados
La medida aprobada en Estrasburgo posterga por un año la entrada en vigor de las obligaciones más exigentes del reglamento: la prohibición al ingreso al mercado europeo de todo tipo de productos asociados a la deforestación con fecha posterior a 2020.
Soja, carne, café, cacao, madera, caucho y sus derivados quedan alcanzados por un régimen de trazabilidad estricta, con geolocalización de parcelas, declaraciones juradas y un sistema de benchmarking por países según riesgo. Es decir, el estándar ambiental “ambicioso” buscado por la Unión Europea implica en la práctica una carga administrativa enorme: no sólo para los exportadores de terceros países afectados, sino para los propios comerciantes y operadores europeos.
Esta decisión, que llega tras meses de presión diplomática desde Sudamérica, Estados Unidos y Asia, representa un triunfo del pragmatismo comercial sobre la rigidez regulatoria que amenazaba con otra disrupción a las cadenas de suministro a partir de este mes, golpeadas prácticamente por todos los frentes.
El nuevo cronograma
Con 371 votos a favor y 240 en contra, el Parlamento aprobó retrasar la fecha de cumplimiento obligatorio. A partir de ahora, los operadores y comerciantes más grandes Tendrán hasta el 30 de diciembre de 2026 para cumplir con las obligaciones de diligencia debida. Por su parte, a las pymes se le extenderá el plazo al 30 de junio de 2027.
La prórroga busca garantizar una transición ordenada, permitiendo a las empresas adaptar sus sistemas de trazabilidad y a la Comisión Europea finalizar las herramientas informáticas necesarias, que hasta hace semanas seguían siendo una incógnita operativa.
Nueva categoría: “sin riesgo”
Pero sin dudas la mayor novedad fue la introducción de una cuarta categoría en el sistema de evaluación de países: “sin riesgo”, que se suma a las ya existentes (alto, estándar y bajo).
Los países que entren en esta nueva categoría (es decir, aquellos que cuenten con un desarrollo forestal estable o creciente) enfrentarán requisitos significativamente menores, tales como menores controles (sólo el 0,1% de los envíos estarán sujetos a inspecciones físicas) y una reducción de la carga administrativa en materia de declaraciones juradas para los importadores que ingresen productos de estos países, eliminando de esta manera cuellos de botella en los puertos europeos.
El Parlamento le dio a la La Comisión Europea mandato para finalizar el sistema de evaluación comparativa de países (benchmarking) antes del 30 de junio de 2026.
Sentido común ante la presión global
Más allá de retrasar los plazos, la simplificación y mayor flexibilidad para los operadores recurrentes es una admisión implícita de que el diseño original (aprobado en 2023) subestimó la enorme complejidad logística que aparejaban los nuevos controles.
El resultado fue una maniobra de “tenaza” entre, por un lado, los Estados europeos con fuerte peso agroindustrial en sus importaciones (Francia, Alemania y Países Bajos, entre otros) que alertaron sobre riesgos de desabastecimiento y el consabido aumento de costos y, por otro lado, países exportadores como Argentina, Brasil o Paraguay que, no obstante, no se libran de la norma ambiental cuya verdadera naturaleza esconde una barrera técnica al comercio de alto impacto logístico.
Es decir, el EUDR llegará, tarde o temprano. Y la discusión pasará por ver quién logra adaptarse mejor y más rápido. En ese terreno, la trazabilidad, la información confiable y la logística vuelven a ocupar un lugar central.
