fbpx

Durante 2019 abundaron las tratativas de integración económica entre países de la región y extra-regionales.

A propósito de dichas negociaciones y gestiones, se hicieron menos ostensibles las conocidas diferencias entre dos agrupamientos de países latinoamericanos:

  1. Aquéllos que decididamente han abordado los formatos asimilables a “tratados de libre comercio” (TLC) para su articulación en los mercados mundiales.
  2. Aquellos otros caracterizados por su reticencia y consiguiente proclividad a la aplicación de políticas macroeconómicas unilaterales (grupo que también está celebrando negociaciones con países desarrollados (PD) bajo formatos similares a los anteriores).

Por ello, y ante la coincidencia de objetivos y el distinto ritmo de inserción internacional, habría que preguntarse cuáles serían los instrumentos de concertación más adecuados para sortear eventuales conflictos y, en cambio, fortalecer los vínculos comerciales y económicos entre unos y otros países de la región.

Instrumento que prevalece

Debería reconocerse que los TLC no sólo proliferan sino que prevalecen como instrumento de integración económica en el mundo desde fines del siglo 20.

Son abundantes las evidencias disponibles para sepultar definitivamente unas mitologías instaladas en la región,  que durante décadas los han minimizado endilgándoles la carátula peyorativa de “acuerdos preferenciales”; o bien los han demonizado como instrumentos de apertura irrestricta de mercados.

Al respecto, en lugar de propiciar la “apertura” de los mercados, los TLC tienen por objeto la regulación del comercio y, en general, de las actividades económicas directa o indirectamente sujetas a la influencia externa.

Concesiones comerciales

La función regulatoria se pone de manifiesto no sólo por el cálculo aritmético de las concesiones comerciales negociadas, sino básicamente desde el punto de vista de las disposiciones o “normativa”.

Acerca de las concesiones comerciales, es sabido que de la totalidad de los dígitos que componen el nomenclador arancelario, apenas una pequeña parte da lugar a negociaciones verdaderamente significativas.

De modo que sólo ignorando esta representatividad acotada puede explicarse que se impute a los TLC una supuesta función de apertura irrestricta de mercados.

El objetivo de las regulaciones

Y recorriendo la minuciosa normativa que los caracteriza, es oportuno recordar que sus regulaciones tienen por objeto:

  • Condicionar los flujos de comercio (a través de variadas medidas no arancelarias; requisitos específicos de origen; y selectividad en el otorgamiento de trato nacional a las prestaciones de servicios).
  • Fijar expresamente reservas de mercado.
  • Preservar el ejercicio de las políticas económicas internas mediante la estipulación de márgenes de maniobra y de las llamadas “medidas disconformes” (tales como los requisitos de desempeño), que reciben tal denominación por constituir excepciones acordadas frente al principio de no discriminación.

Atendiendo al cuidado que demandan tratativas tan exhaustivas, cabe preguntarse por qué muchos países en desarrollo (PED) afrontan la negociación de un TLC, en especial frente a países desarrollados (PD) y otros tanto se resisten a hacerlo.

Diagnósticos contrapuestos

Aunque difícilmente puedan encontrarse hoy día fundamentos explícitos, en la práctica estas distintas estrategias de política económica responden a dos diagnósticos contrapuestos.

Aquellos PED que van extendiendo sus redes comerciales y económicas a través de los TLC (al aumentar el número de contrapartes) y a medida que incrementan la cobertura de la materia negociada (al multiplicarse concesiones y disposiciones similares, afines o complementarias insertas en distintos TLC), procuran por esta vía minimizar los efectos adversos de la globalización sobre sus propios residentes.

Ello se debe a que los mercados internos –sistemas productivos y transaccionales– de los PED son mercados internacionalizados en modo pasivo y, en tal sentido, se supone que difícilmente puedan sortear esta condición valiéndose únicamente de políticas macroeconómicas unilaterales.

Tomadores de precios

En otros términos, los agentes privados (y los propios Estados como tales) son “tomadores” y no “formadores” de los precios y de otras condiciones de acceso a los mercados (las cuales figurativamente pueden ser también consideradas como “precios”).

Así, los PED son tomadores de precios que arbitran su oferta exportable. Pero también está condicionada su demanda de capitales, bienes y servicios, incluyendo los recursos tecnológicos indispensables para subsistir y que, como es sabido, suelen mutar intempestivamente.

A través de la progresiva sumatoria de TLC, muchos PED procuran precisamente reducir las consecuencias adversas de la exposición a estos condicionamientos sistémicos.

Otros PED, en cambio, escapan al desafío de negociar circunscribiéndose a la tarea de manipular de manera unilateral sus variables macroeconómicas. Es lo que ocurre con las políticas públicas tendientes a regular el abastecimiento externo de bienes, servicios y capitales.

Pero parecería que las políticas macroeconómicas exclusivamente unilaterales suelen inducir disposiciones “a medida” y prácticas marginales que de una manera u otra reflejan las imposiciones de esta inevitable aunque no reconocida internacionalización de los mercados internos (dando lugar a prebendas, contrabando, corrupción administrativa y aduanera…).

Chile, México y Perú vs. Mercosur

Durante 2019 quedaron de manifiesto una vez más las diferentes estrategias aplicadas dentro de la región.

De un lado, los casos emblemáticos a favor de los TLC estuvieron representados por Chile, México y Perú.

En la vereda de enfrente, y más allá de un forzado cierre de negociaciones formales con la UE, los países del Mercosur insinuaron una tendencia negociadora que tiende a contrariar su tradicional reticencia.

Para empezar, México, Chile y Perú suscribieron en 2018 el ambicioso acuerdo TPP-11 (conocido como “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”).

Sus disciplinas reproducen las de un texto anterior, salvo 22 disposiciones relativas a propiedad intelectual, inversión y contratación pública cuya inclusión fue requerida por Estados Unidos, que luego se retiró de las tratativas.

Para su entrada en vigor, fueron necesarias las ratificaciones de al menos 6 de los países signatarios. Ello tuvo lugar prontamente y el 30 de diciembre de 2018 comenzó a regir para Japón, México, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá y Australia.

En tanto, en Vietnam se aplica desde el 14 de enero de 2019. Y a fines de 2019 aún restaban las ratificaciones de Chile, Perú, Malasia y Brunei Darussalam.

En el caso de Chile, a propósito de su tratamiento legislativo, en octubre de 2019 fueron difundidos comentarios de funcionarios que llamaron la atención sobre los efectos adversos de esa demora. En tal sentido, se observó que mientras el Tratado no fuera ratificado, Chile iría perdiendo competitividad en tanto dicho Tratado proporcionaría mejores oportunidades que las ya negociadas en acuerdos bilaterales por el mismo país frente a sus contrapartes del TPP 11. La demora chilena sería entonces aprovechada por terceros países con canastas exportadoras similares.

Entretanto, la Comisión que administra el Tratado celebró sus dos primeras reuniones en enero y octubre de 2019 con la participación de funcionarios de los once países signatarios.

Asimismo, en paralelo al TPP-11, Chile, México y Perú gestionaron y procuraron profundizar durante 2019 sus vínculos bilaterales con los restantes países signatarios del mismo Acuerdo, y simultáneamente con terceros países de gran relevancia en los mercados internacionales.

Chile

A su vez, Chile siguió cultivando las relaciones económicas y comerciales mediante TLC con socios del TPP-11: desde ya con México y Perú (no sólo bilateralmente sino también en el marco de la Alianza del Pacífico junto a Colombia); con Canadá (desde 2019 está vigente un TLC modernizado respecto del anterior que regía desde 1997); Malasia (2012); Nueva Zelanda, Singapur y Brunei (P4, 2006), y Vietnam (2014).

Y simultáneamente, Chile profundizó los vínculos con China (desde marzo de 2019 se aplica el texto modernizado del TLC de 2006); India (en agosto de 2019, las Partes decidieron profundizar el acuerdo de alcance parcial de 2007 y que ya había sido ampliado en 2017); Indonesia (un Acuerdo de Asociación Económica Integral rige a partir de agosto de 2019); y Tailandia (2015).

Perú

Y en el caso del Perú, sin olvidar que cuenta con los mecanismos para su realimentación comercial en la Alianza del Pacífico, fuera de la región acaba de acordar con Australia (el TLC bilateral entraría a regir en febrero próximo); y gestionó los acuerdos con Singapur (2009) y Japón (2012).

Más allá del horizonte del TPP-11, Perú procuró perfeccionar el TLC con CHINA vigente desde 2010 mediante una negociación en curso destinada a “optimizarlo”, habiendo además emprendido en 2017 tratativas no convencionales con India (India aquí no se estaría apuntando a un acuerdo de preferencias sino directamente a un TLC).

Por su parte, México, entre sus socios del TPP-11 y más allá de la Alianza del Pacífico, intensificó el diálogo con Canadá teniendo en mira la postergada puesta en vigencia del T-MEC (que habrá de sustituir al NAFTA). Además, reactivó el Acuerdo de Asociación Económica con Japón (2005).

Mercosur

A su turno, los países del Mercosur están abordando negociaciones ambiciosas con el mundo desarrollado, pero que en todos los casos denotan una demora en relación a las iniciativas ya formalizadas por otros países latinoamericanos frente a las mismas contrapartes. Así:

[smartslider3 slider=”12″]

Estas iniciativas tardías del Mercosur en relación a compromisos ya contraídos por otros países de la región ante las mismas contrapartes deberían constituir un estímulo para resolver cuestiones pendientes.

Marco de referencia

En primer lugar, tales TLC preexistentes tendrían que ser tomados por el Mercosur como referencia y así establecer comparaciones destinadas a encaminar de la mejor manera las negociaciones en curso con aquellas contrapartes extra-regionales.

Luego, una vez que los respectivos TLC estuvieran en vigor, habría que ver cuáles serían los términos del desafío sobreviniente de cara a los otros países de la región.

En tal sentido, podrían presentarse situaciones que obliguen a competir en esos terceros mercados; y también perspectivas favorables para concertar acciones de complementación con dichos países latinoamericanos que se “adelantaron” al Mercosur.

La complementación consistiría en integrar cadenas de valor empezando por acordar procedimientos de acumulación ampliada en la calificación de origen de los bienes y servicios negociados por unos y otros países frente a las mismas contrapartes extra-regionales.


El autor es especialista en comercio internacional y miembro del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata