La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) habilitó formalmente la etapa de Observaciones Previas a los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares para la concesión de la Vía Navegable Troncal. Con este paso, en el ambiente descuentan que la licitación podrían lanzarse incluso antes de fines de año.
El proceso, previsto en el Decreto 713/2024 y ahora activado mediante la Resolución 61/2025, marca el reinicio institucional de un concurso que había quedado trunco en febrero pasado cuando, tras la apertura del Sobre N.º 1, la Agencia resolvió dejar sin efecto la licitación anterior ante la escasa concurrencia: sólo un oferente se había presentado, desnaturalizando la competencia esperada para un proyecto de esta escala.
Prudencia
Ese antecedente —que frenó durante meses la definición del esquema a través del cual se financiará y operará el dragado y balizamiento de la vía navegable que moviliza cerca del 80% de las exportaciones argentinas— terminó impregnando de prudencia técnica y política la reconstrucción del proceso.
La administración anterior había dejado un esquema transitorio donde el Estado, a través de la AGP SAU, actuaba como “concesionario” contratando directamente al proveedor; un mecanismo excepcional que el Gobierno actual se propone cerrar mediante un régimen de obra pública por peaje, a riesgo empresario y sin aval estatal. Es decir, fiel a su intención de que la obra pública la haga el sector privado.
Estrategia
En ese contexto, la apertura de esta nueva instancia pública adquiere un valor estratégico. La ANPyN definió un plazo de diez días para recibir aportes de usuarios, provincias, cámaras empresarias, sindicatos, organismos técnicos y ciudadanía, consolidando un mecanismo participativo que se viene reforzando desde abril, cuando se creó la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial.
Ese espacio —según reconoce la propia resolución— permitió relevar prioridades y consensos para rediseñar un pliego más robusto desde el punto de vista jurídico, técnico y ambiental.
Transparencia
Un elemento distintivo del proceso actual es el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cuyo involucramiento quedó plasmado en un memorando firmado el 28 de mayo y, más recientemente, en un informe de Recomendaciones y Buenas Prácticas que la ANPyN publicó junto al proyecto de pliego.
La participación de un organismo especializado de la ONU aporta un componente de transparencia y estandarización internacional que pretende dejar en el pasado los opacos derroteros que caracterizaron algunas instancias licitatorias.
Una vez concluido el período de observaciones, la Gerencia Legal y la Gerencia Técnica de la Agencia deberán sistematizar los aportes y emitir un Informe Final, que también será público. Sólo entonces se definirá la versión definitiva de los pliegos y se avanzará hacia el llamado formal a la Licitación Pública Nacional e Internacional, que, según establece la resolución, deberá estructurarse como concesión de obra pública por peaje, sin respaldo del Tesoro.
Competencia
La nueva arquitectura regulatoria apunta a modernizar el sistema de dragado y señalización, dotarlo de previsibilidad y reducir costos logísticos, un reclamo reiterado del complejo exportador. También procura corregir el déficit principal que dejó la fallida licitación anterior: la falta de competencia. Sin una concurrencia amplia y técnicamente calificada, la posibilidad de obtener ofertas sólidas y condiciones económicamente convenientes queda severamente limitada, un riesgo que ya había quedado expuesto en febrero.
El proceso que ahora se abre no garantiza por sí solo la solución; pero restituye, al menos, un orden metodológico después de meses de indefinición.
En una economía que depende en forma directa de la eficiencia de su vía navegable, avanzar con una concesión sostenible, previsible y competitiva dejó de ser un objetivo sectorial y se convirtió en un imperativo sistémico.
