La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) desactivó uno de los mecanismos regulatorios más cuestionados por el sector fluvial: el régimen de habilitación específico para las operaciones de trasbordo buque a buque.
A través de la resolución 34/2025, el organismo derogó la disposición 21/2023 de la ex Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
La medida llega apenas seis meses después de la creación del organismo que nació como ente autárquico y única Autoridad Portuaria Nacional. Y, de acuerdo con el texto oficial, la decisión apunta a “simplificar y coordinar el enfoque regulatorio, evitando duplicaciones que afectan la competitividad logística del país”.
Garantizados
El régimen eliminado recibió críticas por generar cargas administrativas adicionales en una operatoria ya regulada por diversos marcos normativos. Desde la ANPYN explicaron que los estándares ambientales y de seguridad “se encuentran debidamente garantizados” por la legislación vigente, incluyendo la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), la Ley General del Ambiente (25.675) y la Ley General de la Prefectura Naval Argentina (18.398).
En paralelo, la resolución ratifica que la Prefectura Naval Argentina continúa siendo la autoridad competente para fiscalizar las operaciones de trasbordo, prevenir la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, y supervisar la seguridad de la navegación. Estas funciones ya estaban contempladas en el Reglamento General de la Navegación (REGINAVE) y en disposiciones internas como la N° 2/2019 de la Dirección de Protección Ambiental.
Agilidad
“Resulta pertinente simplificar los procesos y eliminar duplicidades que restan agilidad a las cadenas logísticas fluviales”, explicaron fuentes oficiales consultadas por Trade News. La decisión, remarcaron, busca dinamizar la operatoria de trasbordos, considerada clave para las exportaciones e importaciones a través de la hidrovía y otros corredores estratégicos.
La simplificación regulatoria podría traer alivio a operadores y empresas navieras que enfrentaban un laberinto normativo para obtener habilitaciones adicionales en operaciones de trasbordo. Queda por ver, sin embargo, cómo se aplicará en la práctica este nuevo esquema y si efectivamente logra el equilibrio entre agilidad administrativa y preservación de los estándares ambientales y de seguridad.















