Argentina recurrió al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que el organismo determine la razonabilidad de su reclamo por las medidas antidumping establecidas por Estados Unidos, que afectan a sus exportaciones de manufacturas de acero.
La disposición se centra en tubos para campos petrolíferos (conocidos como OCTG), un producto siderúrgico de alto valor agregado que es utilizado en la industria del gas y el petróleo.
Mediante un comunicado, la Cancillería explica que las exportaciones argentinas de OCTG se han visto seriamente afectadas desde noviembre de 2022 por una medida antidumping adoptada por los Estados Unidos, y que la decisión se tomó luego de infructuosos intentos para encontrar una solución de común acuerdo.
“Las medidas antidumping representan un recurso que los países pueden utilizar frente a un tipo de competencia desleal que consiste en la exportación de productos a un precio más bajo que el precio de venta normal, y que por lo tanto genera daño a los productores locales”, agrega la información.
Defensa de intereses argentinos
Antes de explicar que las exportaciones argentinas de OCTG se encuentran sujetas a una cuota impuesta en 2018, que limita las ventas nacionales a un volumen que no causa daño al mercado estadounidense, la Cancillería dice que actúa en defensa de los intereses de las exportaciones argentinas y en la búsqueda de una nueva instancia de negociación que permita recuperar las exportaciones.
La medida antidumping -con una vigencia de 5 años- generaría un perjuicio de 1000 millones de dólares durante ese lapso por la pérdida de exportaciones. “Esta medida no ha servido para aliviar el supuesto daño a la industria de EE.UU., y simplemente ha facilitado el reemplazo de los tubos de origen argentino en ese mercado por el de otros orígenes a un precio aún menor”, advierten las autoridades nacionales.
¿Qué es una solicitud de consultas?
La solicitud de consultas inicia formalmente una diferencia en la OMC. Las consultas dan a las partes la oportunidad de discutir el asunto y encontrar una solución satisfactoria sin seguir adelante con el litigio. Transcurridos 60 días, si las consultas no han permitido resolver la diferencia, el demandante puede solicitar la intervención de un grupo especial.
