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El secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, había advertido que el gremio realizaría medidas de fuerza si no obtenía “respuestas concretas para los 800 trabajadores” que se desempeñan en la empresa Hidrovía SA, ante el inminente inicio de la transición en la concesión de las obras de dragado y balizamiento, y su impacto en el traspaso, pago de indemnizaciones, el cumplimiento del convenio y “estabilidad de nuestros compañeros”

“No hay señales de un escenario claro. Se acerca la fecha de finalización de la concesión en la Hidrovía Paraná-Paraguay, prevista para el 13 de septiembre, y a partir de esa fecha la Administración General de Puertos será la responsable de mantener la operatividad de dragado y balizamiento de los 1300 km de vías navegables desde Confluencia km 1.239 hasta la salida al océano”, había señalado Schmid, de cara a una audiencia entre el gremio, la empresa y el Gobierno.

En marzo, los ministerio de Trabajo y Transporte había suscripto un acta compromiso en la que garantizaban la continuidad laboral. “Las demoras y los rumores no dejan claro cómo se organizará la prestación del servicio y en su consecuencia la efectiva continuidad de la relación laboral y el pago de los salarios”, subrayó Schmid.

Continuidad laboral

El jueves pasado se realizó la audiencia entre ambas carteras, personal del sindicato, de la empresa Hidrovía SA y de la Administración General de Puertos.

Según trascendió, se firmó una nueva acta que asegura que “el personal comprendido en el convenio 1366/14, en los términos del decreto 427/21, tendrá garantizado a partir del 11 de septiembre de 2021 su continuidad laboral sin perjuicio de quién sea el empleador”.

“El decreto 427 ya hacía mención de la obligatoriedad de conservar los puestos de trabajo”, indicaron fuentes del Ministerio de Transporte al respecto, tras remarcar que “el personal de dragado y balizamiento que trabaja en la vía troncal cuenta con amplia capacidad técnica y tiene experiencia sobrada”, y agregaron que “la AGP se asegura así el trabajo de personal profesional y capacitado”.

De la audiencia participaron, entre otros, el interventor de la AGP, José Beni y el asesor Marcelo Volper; por el sindicato estuvo Schmid junto con Hugo Godoy y Cristian Ricle, y el abogado gremial Juan Manuel Martínez Chas; Sebastián García y Gabriel Rotman, por Hidrovía SA, y el jefe de gabinete de Transporte, Abel De Manuele.