La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte convocó a una audiencia pública el martes 12 para considerar “nuevas tarifas” al servicio de practicaje y pilotaje en la Argentina, en tanto autoridad de aplicación.

La audiencia pública, uno de los instrumentos más virtuosos del juego democrático, dejó un sabor amargo no obstante.

Se llegó a ella porque el diálogo previo no arribó a los consensos que el Gobierno promueve en la toma de decisiones. Sólo la consciencia de los interlocutores sabe en qué instancia se frustró ese diálogo que llevó a un enfrentamiento sin precedentes entre las autoridades y los prácticos.

Se llegó a ella, también, como mera formalidad procedimental: los prácticos descartan que las nuevas tarifas propuestas por el Gobierno están “grabadas a fuego”. Leve esperanza les queda a que introduzcan modificaciones tras la audiencia.

La previa se caracterizó por un clima tenso, en una escalada fogueada desde ambas esquinas, pero con distinto grado de responsabilidad.

Sucede que en una esquina se ubicó hasta el propio Presidente, que habló del servicio de practicaje en un contexto de “mafia” portuaria y recurrió a la indización pública con nombre y apellido de dos empresarios.

De la otra, se llegó a la deslegitimización rotunda de los funcionarios de Puertos y Vías Navegables. Es decir, los administrados, desconocieron públicamente a su “autoridad de aplicación”.

Aquí el Gobierno, de una indiscutida predisposición al diálogo en múltiples áreas donde impera el disenso, bajó los brazos y se abroqueló corporativamente en defensa de sus cuadros técnicos, desautorizados por el practicaje.

Dos posturas, dos preguntas sin respuesta

Las dos posturas antagónicas quedaron en evidencia en la sesión. Y dos preguntas quedaron sin respuesta.

Quedaron enfrentados, en primer lugar, el Gobierno, respaldado por todo el sector público y empresarios (usuarios indirectos en su mayoría). Reconocieron “el sacrificio y el profesionalismo” de los prácticos. Pero no resignaron centímetros en su “guerra ideológica”: es necesaria “racionalidad” en los costos. Deben bajarse. Por eso una audiencia sobre las nuevas tarifas propuestas.

En segundo lugar, todo el arco del practicaje: aun estando de acuerdo con el reclamo de mayor competitividad para el comercio exterior, sostuvieron que la esencia de su trabajo es garantizar la seguridad por sobre todas las cosas, aspecto que no puede analizarse con criterios comerciales.

Las preguntas sin respuesta, motivadas por los planteos de la postura en favor de la reducción de tarifas:

¿Cuánto más percibirán los productores, cuánto más ganará en competitividad el sector privado, por la reducción de las tarifas de este único eslabón en una cadena que incluye, por ejemplo, la desventaja competitiva del flete terrestre, amo y señor del transporte en la Argentina?

¿Cuánto bajará el flete que pagan los exportadores con esta reducción?

Actores

De la audiencia participaron funcionarios provinciales vinculados a los puertos, cámaras empresarias invitadas por la Subsecretaría y prácticos de todo el país, a título personal y representados por la Asociación Civil y la Cámara de Empresas de Practicaje y Pilotaje.

Hubo casi 50 ponencias, inauguradas por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el subsecretario de Puertos, Jorge Metz. Los oradores se alternaron por más de 6 horas en el Teatro de la Ribera.

Los prácticos manifestaron un profundo rechazo con el abordaje del enfoque oficial. Desorientados, preguntaron en más de una ocasión en qué quedó el acuerdo original por el que se comprometieron con el ministro y el subsecretario a bajar las tarifas (que luego dijeron “no era suficiente”). Dejaron a su vez por explícito que dudan de la honestidad intelectual y probidad de los funcionarios del área y denunciaron ataques mediáticos.

Quedó también demostrado que el Gobierno hizo lo posible por lograr un mensaje unificado de apoyo de las cámaras empresarias y los funcionarios invitados. Salvo por los representantes de Entre Ríos y Mar del Plata (anunciados pero ausentes) estuvieron presentes los administradores de puertos.

Curiosamente, nadie de la Administración General de Puertos (AGP), controladora del Puerto de Buenos Aires, se anotó en la audiencia.

Más llamativo fue la voz disonante del Centro de Navegación Argentina entre las dos posturas antagónicas. Es decir, como contratantes directos de los prácticos, manifestaron casi una incompetencia para analizar las nuevas tarifas tal y como las planteó la Subsecretaría.

En delicado equilibrio, los agentes marítimos expresaron cierta incomodidad conceptual con la propuesta del Gobierno.

En otra nota reflejaremos las voces que se alzaron en la audiencia.

Conclusión

Entre la suspicacia de unos –que concluyen que el Gobierno se cubrió con este mecanismo para justificar un embate contra el sector del practicaje– y la irreductible verticalidad oficial –que hizo de los argumentos del sector agroexportador su propio discurso– algo se rompió definitivamente.

¿Cederá en algo el Gobierno?

Si lo hace, sufriría el resentimiento del sector más competitivo de la Argentina (la agroindustria objeto a su vez de la máxima inversión en infraestructura de la historia del país) compuesto mayoritariamente por multinacionales.

Si no lo hace, y continúa redoblando avances, podría potenciar la escalada judicial de impugnaciones en sus decisiones.

También podría ver cómo los prácticos comienzan a exigir el cumplimiento de normativas como calado de seguridad y máximo de carga de buques. Esto provocaría, a su vez, una nueva queja del sector agroexportador que vería minada la eficiencia económica de cada flete, con buques cargados más allá de lo permitido por las propias autoridades y por la recomendación técnica del concesionario a cargo del mantenimiento de la vía navegable. Así, provocarían seguramente otra intervención oficial, porque al menos en el corto plazo no hay perspectivas de mejoramiento de la infraestructura fluvial.

¿Cederán en algo los prácticos?

No parece quedarles mayor alternativa, en tanto prestadores de un servicio público que el gobierno insiste en calificar de “esencial” y que ellos creen que ese adjetivo importa una caracterización que no se ajusta a derecho.

El gobierno, y los exportadores (los importadores no fueron invitados a la audiencia), podrían jugar al enfrentamiento interno de un sector que puede tipificarse de individualista por la composición de los prestadores: en su mayoría, profesionales independientes, agrupados en cooperativas o socios en empresas.

Una apuesta a la división por criterios, nuevamente, comerciales: si un capitán se niega a prestar un servicio, otro lo hará.

Un injusto presente irreconciliable ante un futuro promisorio para todos: más volumen, más comercio exterior, más ganancias.

 

Una historia de disensos

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