La Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) emitieron lineamientos para que entidades financieras ajusten sus sistemas de prevención de lavado de activos tras la entrada en vigencia de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal.
El comunicado conjunto reconoce que en economías con antecedentes de alta inflación y volatilidad cambiaria, la tenencia de moneda extranjera en efectivo constituye una conducta económicamente racional orientada a preservación de valor. Esa circunstancia, según el texto, no configura por sí sola un indicio de ilicitud ni justifica su calificación automática.
Depósitos en efectivo
UIF y BCRA aclaran que la normativa de Prevención de Lavado de Activos no prohíbe los depósitos en efectivo, independientemente de su monto. Es decir, en ventanilla, no se debe exigir la solicitud de información sobre el origen de los fondos como condición para aceptar un depósito.
En segundo lugar, la norma obliga sólo a solicitar la identificación del depositante y del titular cuando el monto supera los 40 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), que hoy rondarían los US$ 10.000, .
A su vez, cuando el origen y la aplicación de fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente -y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para configuración del delito de evasión tributaria- la operación deberá fluir y sólo se requerirá información adicional si hay alarmas reales (por ejemplo, montos extraordinarios repetitivos sin una actividad que los respalde) o inconsistencias conforme al Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Análisis integral, no solo fiscal
Por último, las entidades instan a los sujetos obligados a ajustar sus sistemas de prevención mediante actualización de sus matrices de riesgo, para que reflejen las modificaciones normativas vigentes —en particular, el incremento de la condición objetiva de punibilidad— y permitan optimizar la categorización de clientes, el monitoreo de operaciones y la gestión de alertas internas.
El objetivo, según el comunicado, es evitar requerimientos de justificación de fondos que resulten inconsistentes con el EBR y con la normativa aplicable, fortaleciendo inclusión financiera y fomentando el uso de canales formales.
