Desde la firma del Tratado de Asunción, inspirado por aquella emblemática iniciativa de los Presidentes Alfonsín y Sarney, el Mercosur pasó a ser un ícono para la opinión pública argentina y permaneció como tal pese a que los compromisos asumidos fueron deshilachándose progresivamente.
En esta historia debe tenerse muy en cuenta, de un lado, el papel económico y comercial asignado y requerido al Brasil por los otros Estados Parte y, del otro lado, el papel geopolítico asumido por Brasil y que ya se hizo notorio en 1994, cuando impuso la formalización de una ilusoria unión aduanera.
Ahora bien, ¿hasta qué punto pueden justificarse comercial y económicamente los votos de fidelidad al Mercosur expuestos una y otra vez tanto por los sucesivos gobiernos como por las agrupaciones empresariales de nuestro país?
Beneficios evaporados
Excluyendo al sector automotriz -que siempre se negoció por separado bajo un formato estrictamente bilateral- las estadísticas demuestran que, para distintos rubros y en diferentes períodos, el mercado brasileño absorbió bajo el paraguas del Mercosur una porción significativa de las exportaciones argentinas y así favoreció a diversas actividades productivas.
Pero a medida que estos beneficios fueron evaporándose pasó a primer plano un segundo motivo de atracción: la resistencia expuesta por el rígido proteccionismo brasileño frente a las crecientes presiones ejercidas desde terceros mercados para una mayor apertura. Esta reticencia, planteada plurilateralmente a título de Mercosur, sirvió de cobijo para que el mercado interno argentino pudiera seguir siendo manipulado por intereses corporativos a través de prebendas y prácticas oportunistas.
Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil
Pero el nuevo gobierno del Brasil parece apuntar en otra dirección.
Las políticas proteccionistas que durante décadas favorecieron a las subsidiarias de empresas transnacionales asentadas en su extensa geografía y apetecible mercado estarían en franca revisión. El objetivo consistiría en ir subiendo los escalones de la competitividad sistémica para así aventar las amenazas que conlleva la economía global cuando perfora los territorios periféricos: el fantasma de la obsolescencia tecnológica.
Este objetivo de la política brasileña para lograr mayor competitividad sistémica seguramente no quedará sometido a los riesgos de la apertura irrestricta. Por el contrario, es evidente que en esta fase del capitalismo una de las misiones estratégicas de los Estados nacionales es la de afrontar la ríspida gimnasia diplomática en el área de las negociaciones comerciales y económicas.
Las tratativas, usualmente bilaterales y bajo criterios de reciprocidad, procuran encauzar articulaciones productivas intrasectoriales incentivando el flujo de recursos innovadores, bienes y servicios intermedios, proteger con transparencia determinadas actividades y sectores, concertar políticas comerciales e instalar un entramado administrativo para coordinar y gestionar toda la materia negociada.
Como es notorio, semejante planteo resulta incompatible con cualquier formato parecido al que se quiso atribuir al Mercosur, esto es, una apertura irrestricta de los mercados internos y compromisos de política comercial externa común frente al resto del mundo.
Desinformación
Ahora bien, ¿está informada la opinión pública argentina acerca del cambio de escenario? No lo parece. Los comentarios que circulan a propósito de la diplomacia económica y comercial que debería desplegarse hacen hincapié en que, frente a la iniciativa brasileña, correspondería suscribir a lo sumo una reducción o simplificación del vínculo, pasando desde la “unión aduanera” hacia el formato más modesto de “zona de libre comercio”.
Es indudable que tales argumentos responden a una concepción anacrónica sobre ambos formatos de integración económica. Para empezar, los tan voluminosos como minuciosos compromisos formalizados bajo el lema de “acuerdos de libre comercio” demuestran que hoy las zonas de libre comercio no son “menos” ambiciosas que las uniones aduaneras dentro de una misma escala, sino que se trata de formatos muy distintos. De modo que una eventual transformación del Mercosur, lejos de consistir en su reducción o simplificación, implicaría barajar y dar de nuevo. Entonces estarían justificadas las tribulaciones argentinas.
Pero el león no es como lo pintan pues, en definitiva ¿qué se perdería y qué se ganaría con esa transformación? A propósito de las supuestas pérdidas, debe admitirse que el Mercosur ya representa una sumatoria de frustraciones. En tal sentido, habría que contabilizar:
- (a) Obligaciones esenciales para cualquier unión aduanera y que jamás fueron concertadas, tales como las armonizaciones macroeconómicas.
- (b) Principios y reglas igualmente imprescindibles pero desvirtuadas, sea por no haber sido incorporadas a los ordenamientos internos, por las múltiples excepciones sobrevinientes o por su incumplimiento inconsulto y a veces convalidado ex post.
Y ¿qué se ganaría? Nada menos que los valores de confiabilidad, previsibilidad y certeza con respecto a toda la materia negociada en un tratado internacional que, al entrar en vigor, sería objeto de aplicación inmediata (sin necesidad de procedimientos de internalización para cada una de las materias) y con efecto directo, esto es, bajo la protección jurisdiccional en los países involucrados.
El cambio ya empezó
Por último, ¿qué debería llevarse a la mesa de negociaciones con Brasil? Ante todo, “poner en valor” el voluminoso acervo del Mercosur, esto es, lo negociado trabajosamente durante casi tres décadas sin resultados satisfactorios.
Paralelamente, habría que prestar especial atención a las concesiones intercambiadas por Brasil con otros países latinoamericanos, habida cuenta que en los últimos años sus estratos dirigentes han advertido la necesidad perentoria de abrir el juego sin atender a las ataduras del Mercosur que supuestamente impedirían las tratativas individuales de los Estados Parte con terceros países.
En tal sentido, la Argentina debería obtener un acceso al mercado brasileño al menos equivalente al que Brasil ha otorgado u otorgase a otros países latinoamericanos y en especial a los países miembros de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México, Perú). Asimismo, la Argentina tendría que atender a sus propios intereses si decidiera conceder más y mejores ventajas y beneficios que los reconocidos por otros países latinoamericanos a nuestra contra-Parte (véase el recuadro alusivo a las negociaciones del Brasil con los países de la ALIANZA DEL PACÍFICO).
En el mismo sentido, debería equipararse el mejor trato concedido y a ser concedido por Brasil a terceros países desarrollados, como aquellos con los cuales los Estados Parte del Mercosur están negociando en conjunto (Unión Europea, Canadá, Corea del Sur y los Estados miembros del Área Europea de Libre Comercio -EFTA-), desmontándose así todos los obstáculos que pudieran representar, directa o indirectamente, desventajas relativas para el acceso de productos y servicios de origen argentino al mercado brasileño.
El autor es especialista en comercio exterior y forma parte del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata
Brasil y sus negociaciones con los países de la Alianza del Pacífico
El ACE 72 entre el Mercosur y Colombia rige entre Brasil y Colombia desde el 20 de diciembre de 2017. Bajo una envoltura plurilateral, el anexo 2 (Programa de Liberación Comercial) discrimina puntillosamente las preferencias intercambiadas entre Colombia y cada uno de los Estados Parte del Mercosur.
Posteriormente, se firmó en Puerto Vallarta, México, el 23 de julio de 2018, el Protocolo sobre Comercio de Servicios. Es el Primer Protocolo de dicho Acuerdo, que una vez en vigor profundizará el acceso a mercados al permitir, bajo las salvedades negociadas, el “trato nacional” a servicios y proveedores de servicios.
El 21 de noviembre pasado los presidentes y cancilleres de ambos países participaron en Santiago de Chile en la ceremonia de firma del nuevo acuerdo de libre comercio cuya fase negociadora había concluido exitosamente el 18 de octubre de este mismo año.
Se trata de un compromiso de amplio espectro, complementario a nivel bilateral del ACE 35 (del Mercosur y Chile). Son 17 capítulos que despliegan una minuciosa normativa sobre cuestiones como competencia, buenas prácticas regulatorias, comercio de servicios, comercio electrónico, telecomunicaciones y compras públicas.
Asimismo y por primera vez en el mundo, un acuerdo de estas características contendrá un capítulo alusivo a “cadenas globales y regionales de valor”. Adicionalmente se incorpora un Acuerdo de Inversiones y Servicios Financieros.
Brasil le comunicó a la Aladi el 25 de abril de 2017 la internalización del Acuerdo de Profundización Económico-Comercial con Perú suscrito en Lima el 29 de abril de 2016. No es ni un protocolo adicional ni un anexo al ACE 58 entre el Mercosur y Perú, ni está respaldado por compromisos programáticos hacia una eventual convergencia plurilateral (como se proclama retóricamente para la relación entre el Mercosur y México en el ACE 54). El acuerdo “profundización” con Perú está inicialmente desvinculado del Merocsur.
Es particularmente ambicioso, porque a excepción del programa de reducción arancelaria (encuadrado en el ACE 58), abarca temas negociados en los tratados de libre comercio de última generación: comercio de servicios; inversiones; contratación pública; y solución de controversias. Prevé la incorporación de compromisos relativos a servicios financieros y comercio electrónico, y anticipa futuras negociaciones en telecomunicaciones, reconocimiento de títulos y grados, transporte terrestre y movimiento de personas
Después de un período de intensos trabajos, las conversaciones quedaron transitoriamente paralizadas a la espera de resultados en la renegociación de México de su tratado con Estados Unidos y Canadá. Pero en julio de 2018, el presidente de Brasil confirmó que México y su país retomarían las tratativas para ampliar el acuerdo de complementación económica (ACE 53).
La 8° ronda se había celebrado en Brasilia, en noviembre de 2017, cuando se registraron avances en acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios, solución de controversias y compras públicas. Adicionalmente se logró concluir la redacción de los capítulos sobre coherencia regulatoria y facilitación del comercio.
Por su parte, la Argentina está vinculada a través del Mercosur con Colombia y Perú por las concesiones bilaterales negociadas, dentro de los ACE 72 y 59, respectivamente.
Frente a México, se continúa renegociando el ACE 6, compromiso bilateral que rige desde el 1 de enero de 2007, aunque dichas tratativas no han progresado desde febrero de 2018.
En cambio, con Chile se suscribió el 2 de noviembre de 2017 un ambicioso acuerdo comercial bilateral como anexo al ACE 35 (Mercosur-Chile) que, cuando sea puesto en vigencia (ya fue aprobado por la Cámara de Diputados de Chile el 8 de noviembre de 2018, pasando al Senado) y más allá de la cuestión arancelaria supeditada a dicho ACE, consolidará un entramado normativo para el comercio de bienes y servicios, inversiones, telecomunicaciones y compras públicas. En materia energética y minera, incluyendo las operaciones de intercambio e interconexiones de gas natural y energía eléctrica, las relaciones bilaterales chileno-argentinas continúan regulándose al amparo del ACE 16.
