En una decisión administrativa que reabre el debate sobre la concentración de mercado en la principal plaza logística de Sudamérica, el Gobierno federal de Brasil ordenó suspender temporalmente el proceso de licitación del Terminal de Contenedores Santos 10 (STS10), el proyecto de infraestructura más ambicioso y aguardado del país.
La medida fue formalizada a través de un oficio con carácter de urgencia remitido por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos (MPor) a la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq). El objetivo declarado por el Ejecutivo es “perfeccionar el modelaje y mejorar la atención al interés público” en la provisión del servicio portuario.
Reevaluación y freno
El documento, rubricado por el secretario nacional de Puertos, Alex Sandro de Ávila, y dirigido al director general de la Antaq, Frederico Dias, no solo exige frenar la compulsa, sino que solicita la devolución íntegra de los expedientes del proceso. La intención del MPor, en un trabajo conjunto con la Casa Civil, es reevaluar las directrices, los parámetros y las premisas técnicas aplicables al futuro arrendamiento.
Esta revisión impone un nuevo retraso en el cronograma oficial de un proyecto que ya acumulaba diversas postergaciones operativas. Con esta maniobra, el Gobierno busca garantizar institucionalmente “la adecuada adherencia de los parámetros del proyecto a los objetivos públicos pretendidos”.
La envergadura del STS10
La paralización recae sobre un activo diseñado estratégicamente para transformar la logística marítima del litoral paulista. El STS10, que se erigirá sobre el muelle de Saboó, abarcará una superficie de 621.900 metros cuadrados y está concebido para elevar en un 50% la capacidad de movimiento de contenedores del Puerto de Santos, sumando una capacidad estática proyectada de 3,5 millones de TEU.
La magnitud de la obra demanda un esquema de capital intensivo: el pliego estima inversiones del orden de los R$ 6.450 millones. A cambio, el adjudicatario firmará un contrato inicial de 25 años, con posibilidades de renovación que extenderían la operación hasta un máximo de 70 años.
La puja de fondo
Más allá de los argumentos esgrimidos en el oficio del MPor, la suspensión desnuda profundas fricciones técnico-jurídicas sobre la participación en la subasta de aquellos grandes operadores portuarios que ya ostentan terminales en el complejo logístico de Santos.
El nudo gordiano del proceso consiste en cómo diagramar una subasta competitiva que evite la monopolización de los frentes de atraque. Sobre esta coyuntura, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ya había emitido una directriz clara recomendando implementar un esquema licitatorio en dos etapas. Esa hoja de ruta, orientada expresamente a preservar la libre competencia, incluye la restricción de participación durante la primera fase de la licitación para aquellas compañías que ya operan en el recinto santista, mitigando de forma preventiva los riesgos de concentración corporativa del mercado.
