El cabotaje y su reforma están en la agenda del Gobierno. Si el agro bramaba por mayor competitividad logística con una vía navegable potenciada, los nuevos actores del volumen exportable que se suman a pasos agigantados -petróleo, gas, minería- necesitan un enfoque integral y más profundo de obras y normas.

El ministro de Desregulación tuvo el tema en carpeta y elevó un anteproyecto de ley que trataba la reforma del cabotaje. Pero tras el fracaso en la flexibilización del practicaje, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tomó el tema y se lo dio a las provincias. Éstas, a su vez, lo derivaron a los cuadros técnicos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y redactaron el proyecto de ley que finalmente entró al Senado la semana última.

Una lectura comparada permite entrever que la que llegó al Congreso finalmente regula menos que la que el Ejecutivo difundió en julio y, en los puntos que ambas tratan, le exige menos al buque extranjero. De hecho, un armador de bandera extranjera podrá operar entre puertos argentinos con la legislación laboral de su pabellón, sin porcentaje de tripulación local ni aportes a la seguridad social argentina. La bandera nacional, por su parte, conserva su régimen de dotaciones y pierde la mayor parte de los instrumentos fiscales que la redacción inicial le asignaba.

Dos encuadres

El anteproyecto de Ley de Desregulación del ministerio de Federico Sturzenegger dedicaba su Título VII al cabotaje: 39 artículos que derogaban el decreto-ley 19.492/44 (Navegación y Comercio de Cabotaje Nacional), reescribían las dotaciones de la Ley de Navegación 20.094, modificaban la Ley de Desarrollo de la Marina Mercante y la Integración Fluvial Regional
27.419 y sumaban un paquete fiscal para la bandera nacional.

Luego del traspié político del ministro en la reforma del practicaje, el anteproyecto quedó congelado y entró en escena el CFI con el marco normativo que ingresó en el Senado bajo el expediente S-1844/26.

Los fundamentos del proyecto no usan la palabra “desregulación”. Hablan de las provincias “más alejadas de los principales nodos de exportación, como las del noreste argentino y la Patagonia” y piden “concretar una federalización de la logística”. Encabeza las firmas Patricia Bullrich, seguida por otros 13 senadores, entre ellos Carolina Losada, Flavia Royon, Eduardo Vischi y Francisco Paoltroni.

Apertura y actividades reservadas

El artículo 1° habilita el cabotaje “libremente” a buques de bandera argentina, con tratamiento de tal, y extranjera. Reserva a la bandera nacional una lista cerrada: pesca, transporte de combustibles, remolque de maniobra, lanchas de amarre, navegación deportiva y lanchas de prácticos.

El anteproyecto no reservaba actividades. En su lugar imponía a los buques extranjeros una escala de tripulación argentina, residente o del Mercosur según los días acumulados de operación: ninguna exigencia hasta 90 días, 20% hasta 180, 40% hasta 360, 75% después del año, con aportes a la seguridad social superados los 90 días y piso salarial establecido por la ITF.

El proyecto del Senado no contiene escala alguna: el artículo 2° dispone que las condiciones de las tripulaciones extranjeras “se regirán exclusivamente de acuerdo a la legislación y al país de su respectivo abanderamiento”, con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 como piso.

El ingreso requiere un aviso previo a la ANPYN y las agencias marítimas, como representantes legales del buque, deberán informar la actividad tanto a la ANPYN como a ARCA. Se incorpora además una cláusula que el anteproyecto no tenía: prohibición de cabotaje a buques extranjeros vinculados, directa o indirectamente, a empresas no autorizadas para explorar hidrocarburos en la plataforma continental, con remisión a la Ley de Hidrocarburos 26.659.

El anteproyecto definía el cabotaje como el transporte de mercaderías o pasajeros entre puntos del territorio nacional y excluía los tramos subordinados a un viaje internacional: la carga amparada por un documento de transporte con destino final en el exterior o en otro puerto argentino, o bajo tránsito aduanero. El proyecto del Senado no define el término ni fija esa frontera.

Instrumentos fiscales

El anteproyecto preveía para la flota nacional la exención del impuesto a los combustibles líquidos en el cabotaje de cargas, el acceso al RIMI, un derecho de importación extrazona del 0% para buques de hasta 20 años y una invitación a las provincias a eximir Ingresos Brutos sobre combustible naval.

En cambio, el S-1844/26 no incluye esos puntos: prevé una amortización acelerada para inversiones vinculadas al cabotaje y una alícuota de Ganancias del 25%, sin la escala del artículo 73 de la ley tributaria, para quienes hagan cabotaje habitualmente.

Esa alícuota alcanza también a los extranjeros “en tanto revistan el carácter de responsables incluidos en el artículo 73”. El anteproyecto declaraba al armador extranjero residente fiscal argentino a los 90 días de operación; el proyecto del Senado no contiene una previsión equivalente.

Lo que pasó de un texto al otro

El cese de bandera sumarísimo es el único artículo que se trasladó casi textual: plazo perentorio de 15 días hábiles para que los organismos determinen deuda, informe de contador como alternativa y garantía o caución para continuar el trámite.

El 487 bis del Código Aduanero para contenedores (régimen de importación temporaria) se mantuvo con otro alcance: el anteproyecto fijaba 720 días prorrogables y conversión automática en importación a consumo ante desafectación; el Senado establece permanencia “indefinidamente” y un listado anual de los agentes de transporte aduanero.

Asimismo, el libramiento de exportación en puerto de origen pasó de tres párrafos, con revocación por ARCA y trazabilidad en transbordo en el anteproyecto, a una oración en el proyecto efectivo, en su artículo 7: “Establécese que el libramiento de las mercaderías nacionales con destino al exterior se perfeccionará en el puerto de origen al momento de su embarque”.

El anteproyecto contenía tres bloques que el proyecto del Senado no incorpora. El primero modificaba cuatro artículos de la Ley de Navegación 20.094: el 109, que incorporaba el practicaje como cuerpo de personal embarcado; el 141 y el 142, que separaban la dotación mínima de seguridad de la dotación de explotación, dejando esta última a criterio del armador y declarando no vinculantes las bolsas de trabajo gremiales; y el 143, que fijaba en 75% la proporción de maestranza y marinería argentina con un régimen de excepciones. El segundo reescribía el tratamiento de bandera nacional y el cese temporal de matrícula de la Ley 27.419. El tercero era un capítulo propio que declaraba el traslado de contenedores vacíos entre puertos argentinos como movimiento accesorio, fuera del cabotaje, abierto a cualquier bandera.

Qué se deroga y qué no

El proyecto del Senado deroga tres artículos. El 56 de la Ley 20.094, que condiciona la inscripción y eliminación de la matrícula nacional a que “no se afectaren intereses públicos” y habilita recurso ante la cámara federal. El 30 de la Ley 27.419, que exige tripulación argentina o residente a los buques extranjeros autorizados a operar en cabotaje más allá de un plazo anual (60 días según el Decreto 340/2025). Y el 46 de la Ley 24.921, que fija en 270 días la admisión temporaria de contenedores extranjeros, con multa diaria y remate al vencimiento. El anteproyecto derogaba los tres y además el Decreto-Ley 19.492/44, ratificado por la Ley 12.980, que reserva el cabotaje a la bandera nacional. El S-1844/26 no lo menciona.

Tampoco define qué es cabotaje ni dónde termina el tramo subordinado de un servicio internacional, distinción que el anteproyecto establecía con criterios documentales en su artículo 70.

El conocimiento de embarque digital

Ambos textos reconocen validez jurídica, probatoria y ejecutiva al conocimiento de embarque electrónico.

El anteproyecto lo hacía reescribiendo el artículo 304 de la Ley de Navegación, para todo transporte por agua, con reglas sobre control exclusivo, unicidad del soporte y transferencia.

El proyecto del Senado lo limita a las operaciones de cabotaje nacional y sus transbordos intermodales, sin modificar la Ley 20.094. Los dos delegan en la reglamentación la definición de las plataformas y los estándares de interoperabilidad; ninguno fija plazo ni designa la autoridad que debe dictarla.

El anteproyecto de Sturzenegger

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El proyecto que entró en el Senado

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