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Tres horas antes de ir a cargar combustible, a la espera del práctico en rada La Plata, uno de los buques en servicio para cumplir con un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos formalizado tras una licitación de Cammesa, se enteraba que ese contrato había sido dado de baja.

En un acto administrativo colmado de desprolijidades y explícita arbitrariedad, la Secretaría de Energía le informó a Cammesa que debía dar marcha atrás con la adjudicación celebrada. Lo hizo apenas unas horas antes del inicio del contrato y tras la aprobación de la licitación por parte del Directorio de la compañía mayorista donde, irónicamente, tiene representación la misma Secretaría de Energía.

Por si no fuera suficiente la discrecionalidad de las acciones, la incongruencia se completa con un dato taxativo: la licitación le había permitido al Estado ahorrar casi US$ 55 millones y hasta un 11% en los fletes, con un contrato por 3 años, luego de años de contrataciones anuales, en procesos que nunca estuvieron exentos de complicaciones.

Es decir, esta adjudicación por tres años del servicio logístico de transporte de hidrocarburos que alimentan a las centrales termoeléctricas con gasoil y fueloil, que logró ahorros y brindó un marco de transparencia frente al accionar tradicional, volvió a foja cero con prácticas administrativas reñidas con los principios más básicos del derecho administrativo.

Contexto

Fueron 3 compañías marítimas las que se habían adjudicado la trunca licitación: Compañía Marítima Horamar, con tres barcos; Antares Naviera, que aportaría otros tres, en tanto que Marítima Maruba se había adjudicado un buque en el contrato, luego de venir operando al menos tres barcos para la distribuidora mayorista. Otro jugador histórico del mercado quedó afuera: National Shipping.

Pero, como sucede en cada una de las licitaciones que realiza el Estado para el contrato de buques de aprovisionamiento de hidrocarburos -prácticamente el único negocio supérstite de la menguada marina mercante argentina- perder uno o más buques en una adjudicación representa un conflicto para las empresas armadoras y para los gremios.

En esta licitación particular, según narró el portal especializado EconoJournal, hubo una protesta en principio informal por presunta presentación fuera de término de documentación respaldatoria a la oferta de parte de Antares.

La situación, en principio, se había dirimido con recurso a escribanos y certificaciones informáticas que dieron cuenta de una demora en la recepción del material por parte de los servidores de Cammesa, por lo que la contratación siguió su curso.

Marcha atrás

El contrato debía comenzar el viernes pasado. Pero el jueves, a última hora, todo quedó en la nada.

Según el mismo portal especializado en temas energéticos, la propia Secretaría de Energía le pidió a Cammesa anular la adjudicación. El periodista Nicolás Gandini cita una comunicación remitida por el titular de la cartera, Darío Martínez, a la compañía que señala que “si bien en la compulsa referenciada se continúa por el sendero de baja de costos de fletes navales, es para esta Secretaría necesario profundizar en acciones y procesos que redunden en una disminución en general de los costos operativos de Cammesa, y del costo fiscal asociado, valorando y protegiendo siempre el esfuerzo de los trabajadores”.

“En tal sentido –continúa– corresponde instruir a Cammesa a que procure un nuevo proceso competitivo a fin de obtener mejores condiciones económicas para la prestación del servicio de transporte marítimo y fluvial de gasoil y fueloil para el abastecimiento de centrales térmicas del MEM. Por ello, se instruye a Cammesa a dejar sin efecto la convocatoria de la referencia”.

E el mismo primer párrafo, el secretario de Energía reconoce que “Cammesa ha actuado conforme a sus estatutos y normativas vigentes, con decisiones que hacen a su quehacer operativo y comercial como empresa”.

Es decir, obró correctamente. Sin embargo, obliga a dar de baja el contrato. Nuevamente: se logró un ahorro. Sin embargo, pide “buscar mejores precios”.

Sinsentido

Si bien el pliego contemplaba un mecanismo para realizar “un segundo llamado”, esta alternativa nunca se activó, lo que permitiría inferir que los valores logrados eran lo suficientemente atractivos para avanzar con el proceso.

Por otro lado, es cierto que también el pliego establece que la adjudicación está sujeta a la “no objeción” de parte de la Secretaría de Energía. La objeción no operó con las ofertas presentadas. ¿Pero sí con la adjudicación realizada?

Es de esperar que una objeción de este calibre, y en este contexto, cumpla con criterios de razonabilidad o causa real. ¿Cómo se argumenta este criterio si el directorio de la compañía aprobó tanto el proceso como las ofertas, con un representante del secretario de Energía sentado allí, y cuando al momento de ver las ofertas no hubo objeciones (de lo contrario hubieran llamado a una segunda tanda de propuestas)?

El sinsentido no se agota en la desprolijidad superficial de la marcha atrás: ahora se exige un nuevo llamado, pero con el “conocimiento” de las ofertas y los precios obtenidos por cada barco, por lo que las nuevas ofertas se basarán en precios publicados.

Con todos los oferentes al tanto de lo que propuso la competencia, la secretaría de Energía, pudiendo exigir una nueva oferta de precios (formalmente un correo electrónico) inmediata, ordenó relicitar dentro de 60 días, extendiendo los viejos y más caros contratos por dos meses, a un costo para Cammesa de US$ 3,5 millones.

Todo intento por transparentar procesos licitatorios en general, y en contratos energéticos en particular, quedó una vez más vulnerado con esta decisión oficial.