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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió una resolución que responde a un viejo reclamo legal de cargadores, consistente en la posibilidad de garantizar en los sumarios contenciosos aduaneros el valor de la mercadería, o el máximo de la multa, a través de una póliza de seguro de caución.

En este espacio anticipamos el 13 del actual que la Aduana evaluaba esta alternativa. Días más tarde, salió publicada la resolución general 4013-E.

La caución sólo era admitida para garantizar los tributos aduaneros. No así para el caso de las multas o el valor de las mercaderías, cuya garantía sólo podía realizarse con dinero en efectivo o con un “peregrino” aval bancario, “lo que encarecía notablemente el costo del litigio ante la Aduana e imposibilitaba en muchos casos el ejercicio del derecho de defensa de los operadores del comercio exterior ante denuncias del servicio aduanero”, según reconoce un prestigioso abogado especializado en derecho del comercio exterior.

Entre las múltiples derivaciones de esta decisión, celebrada por el sector privado, está la evidente relativización del factor de poder discrecional del funcionario aduanero.

En las plazoletas era cosa de todos los días la siguiente situación: la Aduana denunciaba una declaración, y el importador quedaba conminado, si quería retirar la mercadería, a garantizar en efectivo el valor de la mercadería, o esperar el desenlace del litigio. La peligrosa mezcla entre la desesperación y el sentido de la oportunidad derivaba en hechos de corrupción público-privada para poder liberarse del embrollo legal.

Poder caucionar en caso de diferencias con la opinión oficial hace que el comercio y la producción no se detengan y sigan su flujo libremente, mientras se activa el andarivel contencioso administrativo, por el tiempo que sea necesario.

La especulación con el limitado flujo financiero del importador activaba mecanismos ventajistas por parte del administrador. Así pasó hasta el día de hoy. Denuncias, por inverosímiles o insólitas que fueran, retenían la mercadería y forzaban garantías en efectivo, o a esperar una década la resolución. Si la justicia fallaba en favor del administrado, probablemente esa mercadería ya había ingresado en su proceso de obsolescencia planificada. Plata tirada.

La Aduana dio así un paso de sinceramiento con el actor privado, al reconocer de hecho que no existían razones fehacientes para no aceptar las pólizas, y que se estaba obligando al administrado a inmovilizar enormes sumas de dinero. Máxime cuando la Superintendencia de Seguros había dado ya el visto bueno.

La Aduana, que todavía mantiene un altísimo nivel de selectividad roja, da así un paso clave en la tortuosa carrera por facilitar el comercio sin resignar el control.