En una maniobra legislativa que anticipa un 2026 con continuidad en las fricciones geopolíticas, el máximo órgano legislativo de China aprobó una revisión integral de su Ley de Comercio Exterior, diseñada explícitamente para dotar al gobierno de un marco jurídico robusto que permita tomar represalias rápidas y proporcionales ante sanciones extranjeras.
Según informó Reuters, esta actualización -la primera desde 2004- más que un trámite burocrático es el alistamiento de las herramientas legales para enfrentar la amenaza de aranceles del 60% prometidos por la Administración Trump y las crecientes barreras de la Unión Europea. Su alcance comenzará a regir a partir del 1° de marzo.
El “botón nuclear” de la reciprocidad
El núcleo de la reforma es la institucionalización de las contramedidas. La ley estipula que China puede establecer y aplicar medidas recíprocas contra cualquier país o región que, en violación de acuerdos internacionales, imponga prohibiciones, restricciones o discriminación contra el comercio chino.
Hasta ahora, muchas de las respuestas de Beijing eran ad-hoc o administrativas. Pero con esta ley, el Estado tiene el mandato legal de:
Sancionar la discriminación. Se habilita la retaliación contra aranceles o restricciones tecnológicas injustificadas.
Lista de entidades no fiables. Se refuerza el uso de “listas negras” para empresas extranjeras que corten suministros a firmas chinas por obediencia a sanciones de terceros países (el “brazo largo” de la ley estadounidense).
Control de exportaciones críticas. La ley fortalece el sistema de licencias de exportación para artículos de doble uso y tecnologías sensibles, una carta que China ya ha jugado con productos como el galio, el germanio y el grafito, todos elementos usados en telecomunicaciones, electrónica y energías alternativas
Más allá de los aranceles
La revisión también introduce un “cepo al flujo de la información” de carácter sensible y prohíbe explícitamente a las entidades e individuos chinos proporcionar datos relacionados con el comercio a agencias extranjeras sin autorización estatal.
Esto coloca a las multinacionales que operan en China en una posición imposible: cumplir con las exigencias de auditoría o compliance de Washington podría significar violar la ley en Beijing.
El mensaje para 2026
La aprobación de esta ley a días de terminar 2025 es una señal de que China no confía en que la diplomacia comercial tradicional pueda contener la próxima ola de proteccionismo.
Al codificar las herramientas de “coerción económica” (como las denominan sus detractores) o de “defensa legítima” (según Beijing), China le dice al mundo que el costo de desacoplarse (de-coupling) o imponer aranceles será, a partir de ahora, legalmente recíproco y económicamente doloroso.
La logística del comercio internacional, aunque acostumbrada desde la irrupción de la pandemia en 2020, deberá tomar nuevamente nota de que comienza un año complejo, con cadenas de suministro que serán sometidas a controles de exportación y riesgos de cumplimiento legal cruzado entre Estados Unidos y China.
