En las últimas semanas, distintos líderes políticos de los países del Mercosur y de la Unión Europea (UE) han difundido su intención de propiciar el cierre de las negociaciones comerciales entre ambos bloques y cuya prolongación y complejidad es harto conocida.
Notoriamente, desde las dos márgenes del Atlántico, prevalecen visiones estratégicas enfocadas en la necesidad de culminar las tratativas con el objetivo inmediato de reforzar alianzas políticas. Asimismo, queda en evidencia que tales alianzas y el supuesto fortalecimiento de los gobiernos en los países del Mercosur, aquí traerán aparejados costos económicos y comerciales difíciles de disimular.
Más allá de las disparidades estructurales y asimetrías normativas entre la UE y el Mercosur [1], eran de esperar distintas objeciones específicas por voceros de sectores productivos vulnerables. Es de esperar que sean consagradas inequidades tanto en materia arancelaria y cuotas como en la fijación de medidas no arancelarias, sin contar además con las mejores concesiones, ventajas y beneficios reconocidos por la UE a terceros países.
Razones argentinas
Entonces, ¿cuáles serían los motivos, desde el punto de vista argentino, para justificar la suscripción de este tan ajetreado acuerdo con la UE?
Aunque parezca paradójico, no cabría derivar dicha justificación de los hipotéticos réditos que pudieran obtenerse de la UE, sino de lo que representaría este compromiso como puesta en marcha de una nueva estrategia en la política económica internacional.
Al respecto, es ostensible la incapacidad política que durante largos años ha impedido examinar y luego emular las acciones emprendidas por otros países en desarrollo, dentro y fuera de la región, que se ingenian para preservarse frente a los acuciantes retos de la economía global.
Condicionantes
En esta línea, desde hace tiempo los flujos comerciales y de inversión están condicionados por dos características que inciden fuertemente sobre las modalidades de negociación:
- La creciente difusión de emprendimientos que atendiendo a su magnitud y tecnología requieren concertaciones y aún asociaciones público-privadas;
- El comercio de bienes y servicios intermedios a través del cual se internacionalizan las cadenas de valor.
Frente a semejantes desafíos, los acuerdos internacionales se distinguen tanto por la extensión como por la exhaustividad de la materia negociada, dando lugar a tratativas fragmentadas y codificaciones minuciosas bajo la forma de tratados internacionales que, por un prurito instalado desde el multilateralismo -en retirada. se siguen llamando “de libre comercio”.
Al mejor postor
Cuando un país en desarrollo reniega de estos engendros de la posmodernidad más temprano que tarde debe optar por la única alternativa posible: apertura unilateral del mercado interno, esto es, obsequiar al mejor postor el mercado propio sin contraprestación alguna.
La opción de hierro es entonces “negociar o negociar”.
En este escenario, el acuerdo con la UE sería sólo el punto de partida en un camino a seguir para diversificar las fuentes de suministro, acceder a los mercados mundiales y desarrollar institucionalmente capacidades diplomáticas y de gestión con respecto a los ulteriores compromisos internacionales que deberán ser contraídos con la mayor celeridad posible.
Diversificación de fuentes y prioridades de interés público
En primer lugar, acerca de la diversificación de las fuentes de suministro y a propósito de las prioridades de interés público con respecto a la estructura productiva y los encadenamientos de valor, las administraciones gubernamentales hoy tienen que contemplar no tanto las opciones “intersectoriales” sino esencialmente las “intrasectoriales” que se presentan con motivo de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, inversiones y contrataciones públicas.
En este aspecto, la sustentabilidad de un interés público superador de los intereses privados dependerá de la idoneidad para reproducir posiciones negociadoras similares, afines o concordantes, en distintas tratativas y ante un número creciente de contrapartes, impidiendo que el otorgamiento de concesiones implique para el país quedar entrampado como mercado cautivo de cualquiera de ellas.
Por lo tanto, una condición sine qua non es la de rechazar los compromisos que impliquen el reconocimiento de derechos para la extensión, en favor de una determinada contraparte (y, menos aún, a favor de países desarrollados como son los de la UE), de las mejores concesiones que pudieran otorgarse en el futuro a terceros países.
En tal sentido, recuérdese que la UE logró que los países del Caribe suscribieran esa oprobiosa garantía de cautividad cuando acordó con ellos el Economic Partnership Agreement (EPA) (véase el artículo 19 sobre trato más favorable derivado de acuerdos de libre comercio [2]).
Acuerdos susceptibles de revisiones
En segundo lugar, estos acuerdos son susceptibles de implementaciones y revisiones.
Así, en sus distintos capítulos fijan instancias de gestión y abren canales de negociación permanente (comisiones, comités). Al contar con un marco de reciprocidad que abarca toda la materia negociada, dichas instancias de concertación siempre son preferibles a las tratativas “puntuales” a las que se ven obligados a recurrir los países que no disponen de esas referencias y apoyaturas contextuales.
Más aún, los acuerdos pueden ser objeto de renegociación integral, como lo atestiguan el Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE vigente desde 2003 (cuyo proceso de modernización ya completó una cuarta ronda en Santiago de Chile a comienzos de abril pasado); y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la UE, que rige desde 2000 (y cuyas tratativas destinadas a su reemplazo concluyeron exitosamente en abril de 2018).
De modo que la gimnasia transaccional tendrá que ser replicada en muchos otros acuerdos a ser concertados por el país en el futuro próximo, precisamente con el fin de sortear los riesgos de una cautividad que acote tanto a las fuentes de abastecimiento como el acceso a otros mercados apetecibles para nuestras ofertas exportables.
Déficit crónico y pernicioso
Finalmente, al ser estimulada por las referidas prácticas de gestión y negociación permanente, la sociedad argentina podría reparar un déficit crónico distinto del fiscal -pero no menos pernicioso- como es el que resulta de:
- La dificultad para construir, preservar y actualizar acervos de información o bancos de datos que permitan ponderar el interés público cuando se trata de abordar las relaciones económicas y comerciales internacionales;
- El “lobby salvaje” mediante el cual el sector privado gremialmente institucionalizado suele circunscribir sus reclamos con el objeto de salvar prebendas y reservas de mercado;
- La indiferencia de las agrupaciones políticas para desempeñar, desde el ámbito parlamentario, el papel que la ciudadanía les asigna como custodios del bien común en el monitoreo de las negociaciones y en las evaluaciones requeridas para poder aprobar o rechazar los compromisos internacionales alcanzados por el Poder Ejecutivo.
El autor es integrante del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata
[1] Para un análisis más detallado, véase del autor: “Tratamiento de las asimetrías en tratados de libre comercio entre países con distinto nivel de desarrollo”, en revista Aportes para la Integración Latinoamericana número 37, año 2017.
[2] Por el contrario, resultaría muy conveniente contar con una “reserva de integración” al estilo de la contemplada en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE (artículo 351, párrafo 1), o más preferiblemente como la prevista en el Acuerdo de la UE con Colombia, Perú y Ecuador: “Los derechos y obligaciones establecidas entre las Partes de este Acuerdo no afectarán a los derechos y obligaciones existentes entre los Países Andinos signatarios como Países Miembros de la Comunidad Andina” (artículo 7.2).
