El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar la operación de Belgrano Cargas y Logística SA (BCyL). La medida transfiere al sector privado la administración de 7594 kilómetros de vías pertenecientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza por un plazo de 50 años.
La red abarca 16 provincias y conecta los principales nodos productivos del país con las terminales portuarias y cinco pasos internacionales (Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay).
La decisión se apoya en un diagnóstico técnico oficial lapidario sobre la gestión estatal. Según los informes del Gobierno, aunque la producción agropecuaria se multiplicó por 6 desde 1970, la línea Belgrano transporta hoy menos volumen que hace medio siglo. El quebranto se evidenció con crudeza en el ejercicio 2023: la empresa registró severas pérdidas económicas, una elevada tasa de descarrilamientos por falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% en las tareas programadas sobre el parque tractivo.
Acceso abierto y el apalancamiento del RIGI
La nueva licitación estructurará el sistema bajo un régimen de acceso abierto (open access). Este modelo normativo permitirá la participación de múltiples operadores ferroviarios sobre la misma infraestructura, bajo condiciones objetivas y no discriminatorias.
Para traccionar el interés del capital privado frente al deterioro crónico de la red, el esquema habilitará a los oferentes a acogerse a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El horizonte de medio siglo busca, en los papeles, garantizar el tiempo de maduración necesario para amortizar obras de capital intensivo y acompañar el crecimiento de nuevas cargas.
Obras obligatorias y fideicomiso de material rodante
La letra chica del proceso —enmarcado en el programa de privatizaciones de la Ley Bases— exigirá a los adjudicatarios la ejecución de “Obras Obligatorias” concentradas en los primeros cinco años del contrato. Las ofertas podrán sumar puntos si comprometen obras optativas adicionales.
El Gobierno ya definió intervenciones prioritarias en la infraestructura y para apalancar económicamente estas exigencias iniciales, el Estado liquidará sus activos físicos. Los pliegos contemplan que los concesionarios adquieran el material rodante actual. Todos los recursos provenientes de la venta y el remate de locomotoras y vagones se inyectarán en un fideicomiso específico destinado, exclusivamente, a cofinanciar las obras obligatorias.
Con esta arquitectura contractual el Gobierno apuesta a que los beneficios fiscales del RIGI y la monetización inicial del material rodante sean incentivos suficientes para que el capital internacional asuma el riesgo de reconstruir casi 7600 kilómetros de rieles que la propia administración pública dejó colapsar, a pesar del gasto continuo de los contribuyentes.
