Un día después de la publicación del decreto presidencial (que modifica el decreto 2694/91 que desreguló el practicaje) que determina que la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo será la autoridad de aplicación, podrá determinar tarifas máximas, sancionar con multas e incluso cancelar la habilitación del práctico si negara a brindar servicios, el presidente de la Cámara de Practicaje, Claudio Tubio, señaló que el Gobierno “malinterpreta el practicaje”.
Durante la segunda jornada del Foro Latinoamericano de Prácticos (que se realiza en Buenos Aires, desde ayer y hasta mañana), Tubio djo que el diálogo con las autoridades, en lugar de centrarse en lo “técnico”, está enfocado en cuestiones de “honorarios”.
“El Gobierno asumió en diciembre de 2015, y ya en enero nos solicitaron si podíamos acompañarlos en su política de reducción de costos reduciendo las tarifas”, recordó Tubio.
El titular de la cámara empresaria destacó que las autoridades “relacionaban tarifas con honorarios”, y que a pesar de “explicarles cómo se componen las tarifas y los gastos que tenemos para la tarea que brindamos, esa parte no les quedó clara”.
“Pensábamos que estábamos en una negociación, pero nos dimos cuenta que enfrentábamos una imposición”, subrayó Tubio, ante colegas latino y norteamericanos, y referentes europeos invitados especialmente al foro.
A pesar de haber celebrado un acuerdo en octubre de 2016, “celebrado por el ministro de Transporte (Guillermo Dietrich, en el centro de la foto, junto con el subsecretario de Puertos, Jorge Metz; Tubio; Pablo Pineda y Claudio Venturini, directivos de la Cámara)” de ejecución inmediata para los buques de bandera argentina, y una segunda etapa para el resto de los buques, a partir de abril de este año, “en el ínterin un empresario, que hoy está procesado, presentó una denuncia” que complicó el acuerdo y derivó en el enfrentamiento actual que las autoridades mantienen con los prácticos.
Tubio se refería a Jorge Samarin, de Marítima Meridian, que presentó una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) el 27 de marzo, días antes de la entrada en vigor del acuerdo para buques de bandera extranjera, donde señalaba “que se le habían cambiado las condiciones contractuales”.
En rigor, Samarin refirió un conflicto comercial con la empresa de prácticos Donmar de Bahía Blanca, del empresario Miguel Doñate que, tras una deuda mantenida por Meridian, decidió suspender bonificaciones y cancelar la cuenta corriente.
Samarin “tiene un récord de mal pagador, y se le cancelaron las bonificaciones, pero no se le negó el servicio”, recordó Tubio.
El desenlace fue que la CNDC emitió un dictamen donde ser refirió al practicaje “prácticamente como un cartel donde los usuarios son rehenes del servicio, y nos puso un cepo, prohibiéndonos hablar de tarifas con las empresas, porque entendían, de nuevo, que manejábamos un cartel, lo que es totalmente alocado”, señaló el directivo de la Cámara.
“El tema es que en paralelo, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables nos pedía a nosotros que bajemos las tarifas, lo que generó una situación esquizofrénica, ya que una dependencia del Gobierno nos impedía hablar de tarifas, y la otra nos pedía que lo hagamos”, indicó Tubio.
“Aplicamos nuestra parte, pero pecamos de ingenuos”, amplió el capitán, “porque la respuesta que recibimos fue que no era suficiente”.
“A partir de ese momento nos demonizaron y utilizaron a todos los medios para atacarnos. Se dijeron muchas mentiras. Y llegamos a hablar con el vicejefe de Gabinete (Gustavo Lopetegui), llevándole nuestros números, carpetas y toda la información para demostrarles que estaban en un error”, recordó.
La respuesta, en cambio, fue que el presidente Mauricio Macri acusó de comportamientos mafiosos “a personas de nuestro medio” comparándonos con gente que en este momento “está procesada, pero por motivos diferentes”.
Tubio manifestó que le hicieron notar al Gobierno que, por un lado, la cartelización es un fenómeno global que se está dando en el ámbito marítimo, sobre todo de la mano de la situación oligopólica generada por la ola de compras y fusiones del segmente de líneas portacontenedores, de la mano de Maersk, MSC, CMA y Cosco Shipping (que entre los 4 concentran casi el 54% del tráfico global).
“En nuestro caso, el empresario que nos denunció (Samarin) estuvo con el gobierno anterior (procesado por) irregularidades en el servicio de provisión de GNL. Pero rápidamente, como pasa en el país, fue un converso más y trajo una solución para el Gobierno en otro punto en el que quería bajar las tarifas: los remolcadores”, explicó Tubio.
Justamente, lo paradójico es que Samarin trajo a Maersk, “conocida en el mundo por su forma de trabajar invasiva en los mercados” por su política agresiva de precios, máximo operador global en múltiples segmentos de los negocios portuarios y marítimos.
“Nuestra función, la seguridad, no tiene precio. Es hora de que lo hagamos entender en los ámbitos gubernamentales”, finalizó Tubio.
El diálogo con las autoridades está interrumpido. Ni el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, ni el director nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, fueron invitados al Foro Latinoamericano de Prácticos. Mauricio Macri y Guillermo Dietrich sí fueron convocados.
Salvo las autoridades de Prefectura y la Armada, ningún funcionario del Ejecutivo se acercó al encuentro de tres días que se realiza en el Hotel Madero.
