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La intervención del Gobierno sobre Vicentín SAIC generó el más amplio rechazo entre las cámaras del sector agroindustrial portuario.

Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresaron preocupación por la “intervención estatal de una sociedad regulada por el derecho privado que, afectada por  cambiantes circunstancias macroeconómicas, resolvió con madurez ajustarse a derecho y recurrir al remedio del concurso preventivo, poniéndose en manos de su juez natural para no sólo ordenar su pasivo y acordar con sus acreedores la forma de honrar los compromisos asumidos, sino para que fuera el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe –único competente- quién analice los motivos y causas de su presentación y la conducta empresarial de quienes la conducían”.

“Nuestro país es netamente agroexportador –continuaron– y este sector se cimenta en la actividad privada de miles de productores que han generado récords de producción agropecuaria, permitiendo asegurar nuestra soberanía alimentaria a punto tal, que nuestro consumo interno representa apenas un 15% de nuestra producción de alimentos”.

Inconveniente

Según la cámara, la participación “forzada” del Estado en el sector, al margen de no corresponder, “no es conveniente porque demuestra un estado de inseguridad jurídica manifiesta en momentos en que la economía nacional está sometida a un stress extraordinario producto de la deuda externa y a la paralización ocasionada por la pandemia”.

“Avanzar por este camino no generará el estado de certidumbre imprescindible para conseguir la llegada de inversores, ni el acceso al financiamiento internacional, ni el ingreso de las divisas necesarias para superar esta coyuntura”, concluyeron.

En la misma línea se manifestaron la industria aceitera y los exportadores de cereales, agrupados en Ciara y CEC, respectivamente, tras destacar que “se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional. Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo  aleja las inversiones en el país”.

Regulaciones

Recordaron que la actividad de comercialización de granos y subproductos con el exterior “se encuentra altamente regulada y controlada por eficientes organismos del Estado nacional que tienen capacidad para detectar irregularidades y corregirlas: en la Argentina cada exportación es pre-autorizada y los precios de cada embarque son controlados diariamente por el Estado nacional”.

También está controlado el ingreso de divisas por exportaciones de manera anticipada a los embarques “con plazos de ingresos y formas compulsivas de liquidación a moneda local (en productos como harina de soja, aceite de soja, poroto de soja y maíz el plazo de liquidación es 15 días corridos después del permiso de embarque)”.

Respecto de la “soberanía alimentaria” esgrimida como justificación por el Gobierno, los sectores cerealero y aceitero subrayaron: “Los planteos no se condicen con la realidad dado que el mercado interno en la Argentina representa el 15% de la producción total del país y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino”

Mismas condiciones

“Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”, concluyeron.

También la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se manifestó al respecto, habida cuenta que Vicentín es socia junto con Glencore en la productora y exportadora de biodiésel Renova.

“La industria del biodiésel en la Argentina cuenta con capacidad de producción ociosa, que podría perfectamente duplicar su participación en cortes con gasoil en el mercado local, colaborando aún más en la sustitución de importaciones de gasoil. De ese modo, se alcanzaría la “soberanía energética” con un producto 100% de producción nacional y amigable con el medio ambiente, sin desmedro de las exportaciones de biodiésel que ayudan a diversificar las exportaciones con mayor valor agregado y sosteniendo así la cadena sojera argentina”.

Advirtieron además que el mercado interno de biodiésel “es enteramente regulado por el Estado” y ha sufrido “vaivenes en el cumplimiento de su marco regulatorio”.

“Expresamos nuestra preocupación en que si el Estado nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal con capacidad de abastecimiento local y exportación en biocombustibles, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”, señalaron, en coincidencia con el resto de las cámaras empresarias.

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