El Gobierno amplió la burocracia del control de la economía con la creación de una unidad interministerial para el control, trazabilidad y seguimiento de las operaciones comerciales, de bienes y servicios, tanto los que se presten dentro de la Argentina como los que se intercambien con el exterior.
Sin mayores precisiones en los considerandos, el Ministerio de Economía entiende que es “necesario establecer un sistema de seguimiento, trazabilidad y promoción de operaciones de comercio”, sistema que funcionará como una suerte de “comando de control” entre, por un lado, la cartera que conduce Sergio Massa y las Secretarías de Comercio, Industria y Agricultura, y por el otro lado la AFIP y sus tres direcciones (Aduana, Impositiva y Seguridad Social) y el Banco Central, y encabezó así la firma de la Resolución Conjunta 1/2023.
Este tridente, activo en el control de los dólares a partir de la restricción de las importaciones primero, y de su pago, después, se complementará ahora con el concurso de las Superintendencias de Entidades Financieras y Cambiarias, y de Seguros. Para completar el “tablero de control”, se sentarán a la mesa la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Da la sensación de que muy pocas veces, por no decir nunca, una decisión de Gobierno tan trascendente explica tan poco como esta resolución.
Mega objetivo
El mega objetivo de control de la “Unidad de seguimiento, trazabilidad y promoción de las operaciones de comercio”, será nada menos que monitorear las operaciones comerciales y promover la “equidad, evitando posiciones dominantes”, al tiempo que verificarán la “correcta tributación” en cada etapa realizando una “trazabilidad” de los bienes y servicios objeto de comercio.
Por último, brindarán el servicio de “orientación al consumidor”, de acuerdo con las variables que surjan en el proceso de seguimiento.
Cada titular de cada organismo gubernamental que integre esta “policía del comercio” deberá analizar “diariamente” la información que competa a cada operación comercial.
La resolución no distingue absolutamente nada: ni tipo de operación, ni volumen o monto involucrado, ni sector, ni tamaño de empresa. Y sólo se sobreentiende que es de carácter federal por tratarse de organismo del Poder Ejecutivo nacional.
Sin una partida presupuestaria o reasignación de recursos a la vista, la flamante Unidad deberá no sólo “dictar su reglamento interno de funcionamiento” sino que suministrar, con sus propios recursos, fondos y equipos para “el eficaz cumplimiento de su cometido”.
Una nueva superestructura para controlar a las empresas. Otro paso más lejos del control interno del propio Estado.
