Por medio de decreto DNU 556/2021, el Gobierno creó el Ente Nacional de Control y de Gestión de la Vía Navegable, cuyas funciones y misiones absorben las que por el decreto 427/2021 se le habían otorgado a la Administración General de Puertos y una importante cantidad de funciones que son propias de la actual Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación (SSPVNYMM).

Respecto del sentido de la creación de este Ente de Control, hacemos propio y aplicamos parte de los fundamentos de la disposición DI-2021-41-APN-SSPVNYMM# MTR referida al cierre de los distritos de esa Subsecretaría que señalaba que “(…) dicho acto administrativo se inspiró en una visión sesgada, privatista y orientada al desmembramiento y desmantelamiento de la estructura estatal necesaria para asegurar la adecuada prestación de las funciones que se encuentran a cargo de estas reparticiones (…)”.

Agregamos lo siguiente:

  • Como toda norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y por la magnitud del tema en cuestión, se debe analizar en primer lugar si la norma no ha violado las facultades propias que el Congreso Nacional tiene otorgadas por la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 10.
  • Se advierte en el texto del decreto y en la conformación del Consejo Directivo que sus miembros -a excepción de quien lo preside, designado por el Presidente- surgen a propuesta de los ministros del Gobierno nacional.
    Podría inferirse que la redacción de la norma entiende que los Ministerios son poderes independientes del Presidente de la Nación; grave error, son simples colaboradores del Ejecutivo, por lo que en su redacción se distorsiona el hecho real: el Presidente designa siete miembros del Consejo Directivo.
    Como elementos externos al presidencial sólo se convoca a siete gobernadores que actúan en carácter de vocales.
    El Gobierno Nacional transfiere a este Ente de Control funciones delegadas por el Congreso Nacional, otorgadas a Él por el conjunto de las provincias y previstas expresamente en nuestra Constitución Nacional (artículo 75, inciso 10). Es decir, no tiene facultades para hacerlo.
  • A través de la figura denominada Ente de Control, se agreden distintos artículos de la Constitución Nacional que manda al Congreso Nacional a establecer condiciones de igualdad y equilibrio para el desarrollo de las provincias y sus habitantes en todo el territorio Nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75, incisos 18 y 19.
    Estos conceptos expresados en la Constitución se violentan desde el momento en que siete provincias, por el hecho de ser litoraleñas a la vía navegable, van a diseñar y administrar, modelos de desarrollo de la principal vía de exportación nacional, estableciendo incluso tarifas de peaje sin pasar por la aprobación del titular originario de ese mandato que es el Congreso Nacional.
    Este formato desconoce que, por los puertos y barcos que navegan por el SNT, embarcan y transitan mercaderías de todas las provincias de nuestra Nación y no sólo de las litoraleñas.

Críticas

Se desprende de la lectura del decreto algunas críticas que, por estar en formación, sólo enunciamos:

  • No reconoce a la Autoridad Portuaria Nacional, que es la Subsecretaría de Puertos Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación.
  • Excede el sentido de su propia denominación y avanza sobre las funciones y misiones propias de la SSPVNYMM.
  • La enorme estructura participativa con la que se conforma, hace prever situaciones complejas:
    • Que sea poco resolutivo e ineficiente en sus funciones (no olvidemos que el Sistema de Navegación Troncal es una estructura dinámica, viva y que a diario necesita respuestas a los problemas que se plantean).
    • Por lo anterior, es probable que se utilice el mecanismo “ad-referéndum” y los controles y decisiones muy importantes vinculadas al comercio exterior argentino, sean tomadas de manera casi unipersonal.
    • Se evade el control y la aprobación del Congreso Nacional, establecidos por mandato Constitucional.
    • Se generan desequilibrios regionales y se distorsiona el concepto esencial establecido en la Constitución (artículo 99, inciso 1 y y en la normativa vigente) donde se establece que es responsabilidad indelegable del Gobierno Federal gestionar para el conjunto de las provincias y sus habitantes.
    • No participan en el Consejo Directivo, los actores que diariamente intervienen en la actividad del sector: trabajadores, armadores, cargadores y exportadores. Se les concede una mera participación formal a través de un consejo asesor con carácter no vinculante que debe ser convocado por el Consejo Directivo.

Desmembramiento

Este desmembramiento del Estado ya ocurrió en la década del 90, cuando la Nación se desprendió de la estructura portuaria nacional, a través de la Ley 24.093/92.

La Nación transfirió las enormes y costosas infraestructuras construidas durante décadas con el esfuerzo y aporte de generaciones de argentinos y que hoy la mayoría languidecen condenadas a su extinción a cargo de las provincias donde tienen asiento.

Los Estados provinciales no realizaron inversiones en las mismas y lo peor, no tuvieron estrategia para su utilización como eslabón fundamental en el proceso productivo nacional y el comercio exterior.

Tenemos la convicción de que las provincias ribereñas a cargo de los puertos públicos no tienen por qué tener una estrategia sobre la logística nacional: ¿Por qué Santa Fe o Buenos Aires deben tener una estrategia logística para el mineral de Salta, San Juan o Tucumán, o para los autos producidos en Córdoba, o la producción vitivinícola u olivícola de Mendoza, San Juan y la Rioja?

Ámbito competente

Con estos ejemplos dejamos en claro que las políticas y controles sobre el sistema portuario público y privado, y sobre el Sistema de Navegación Troncal, deben continuar en el ámbito competente: la Subsecretaría de Puertos Vías Navegables y Marina Mercante, siendo un instrumento del Gobierno Federal en favor de la producción y exportación de toda la Nación.

No se puede desconocer lo que ocurrió en el sector del transporte fluvial, marítimo, portuario, la industria naval y la marina mercante en las últimas décadas, lo bueno y lo malo.

Por formación política y por una larga experiencia en el sector, afirmamos que continuar desmembrando al Estado nacional, repartiendo decisiones y responsabilidades que le son propias, no contribuyen en nada a mejorar las políticas del sector.


El autor es ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación (2006-2012); ex secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (2008-2012); ex presidente de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) (2008-2009), y ex presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe (2000-2004)