Inexplicable, inoportuno, injustificado. Una medida que “desconecta” al país del mundo y genera serios perjuicios económicos y sociales. Con esos términos, diferentes organizaciones empresarias rechazaron el paro nacional convocado para mañana por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), por caso, dijo mediante un comunicado que la medida “genera una gran frustración en las miles de pymes a las que representan las 43 Cámaras de transporte que integran la Federación” que en medio de un contexto económico muy complejo “hicieron un enorme esfuerzo para cerrar un acuerdo paritario por encima de la inflación” y que ahora sufrirán las consecuencias del incumplimiento de sus compromisos contractuales.

Tras explicar que el sector sufre una caída promedio del 40% de la actividad y acumula en los últimos 12 meses un aumento de costos de 297,8%, el comunicado de Fadeeac destacó que las empresas asociadas a la organización (alrededor del 80% de las pymes transportistas de la Argentina), “aceptaron afrontar la recomposición salarial de sus colaboradores, tal como lo solicitó el gremio” y que, como contrapartida, esta semana esas empresas verán interrumpida su operatoria habitual dos días: el lunes, a raíz de una serie de asambleas de tres horas que prácticamente paralizaron la actividad en un turno, y mañana, por el paro nacional.

Medida dañina

“Más allá de que estamos convencidos de que el diálogo respetuoso y la construcción de consensos son el camino para encontrar las mejores soluciones, siempre, consideramos que en el actual contexto es especialmente inoportuno y dañino parar la actividad del país”, agrega el texto que concluye diciendo que especialmente hoy es necesario reactivar la economía para generar empleo de calidad que permita mejorar la situación de millones de argentinos, y que para eso apelan al esfuerzo y compromiso de todas las partes involucradas, en pos de la construcción de políticas consensuadas para el bien común.

400 vuelos, 70.000 pasajeros

Por su parte, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) emitió un comunicado titulado “Argentina desconectada: ALTA advierte pérdidas económicas y aislamiento global por paro de la CGT”.

En representación de 160 empresas, incluyendo 45 aerolíneas responsables de más del 80% del tráfico aéreo en la región, y 94% del mercado argentino, ALTA expresó su “preocupación” por la protesta, que incluye la adhesión del personal aeronáutico y el consecuente cese de actividades por parte de más de 30 empresas, que tendrá un impacto significativo en el sector aéreo y el transporte en Argentina.

De acuerdo con la organización, la cancelación prevista de vuelos afectará cerca de 400 vuelos y aproximadamente 70.000 pasajeros tendrán que cancelar o modificar sus itinerarios, vulnerando el derecho a la movilidad de estas personas y generando pérdidas económicas considerables para todo el ecosistema aéreo y la economía local.

“La industria de la aviación es un motor fundamental para el desarrollo económico y social de Argentina y la región en su conjunto. La interrupción de los servicios aéreos no solo afectará el turismo y el comercio internacional, sino que también obstaculiza la conectividad regional y global de Argentina. Sólo el turismo internacional aporta cerca del 9% del PBI y representa el 11% de los empleos en Argentina, y es importante recordar que el 40% de los turistas extranjeros llegan al país por vía aérea. El paro afectará la conectividad con los 19 países que tienen conexión directa con Argentina, generando un efecto dominó que repercutirá en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en múltiples industrias que dependen de manera directa, indirecta, inducida y catalizada de este medio de transporte de personas y mercancías esencial”, describe el documento.

De US$12 a 62 millones diarios

Según ALTA, teniendo en cuenta sólo las pérdidas directas para la economía nacional por concepto de gasto turístico, en un día, la Argentina perderá 12 millones de dólares (en promedio, un turista extranjero que llega por vía aérea gasta 1144 dólares por día y, en promedio, ingresan diariamente 9770 personas). Pero si se contempla el ingreso (directo, indirecto e inducido) que genera la operación aérea, por cada día de paro se contabiliza una pérdida aproximada de 62 millones de dólares.

“ALTA reconoce el derecho de los trabajadores a expresar sus demandas, pero hace un llamado a considerar los impactos de estas acciones en la población argentina y a sus propios familiares. Es fundamental encontrar una solución urgente y dialogada que permita restablecer la operatividad de los servicios aéreos y minimizar los daños económicos y sociales derivados de este paro”, agrega el comunicado antes de ofrecer su colaboración en el diálogo entre las partes involucradas para buscar soluciones que beneficien a todos los actores del sector.

Injustificado e inoportuno

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) fue otra de las organizaciones que expresó su rechazo al paro.

La entidad dijo que “respeta el derecho de huelga consagrado en la Constitución, pero considera que la medida anunciada resulta injustificada y por demás inoportuna” en momentos en los que el país registra “evidentes y dolorosas dificultades socioeconómicas, entre las que pueden mencionarse la retracción de las ventas, la erosión del poder de compra del salario y el aumento de la pobreza”.

Arrastre

En su comunicado, la CAC explica que aunque algunas de las dificultades mencionadas se agudizaron en los últimos meses “de la mano de las imprescindibles correcciones macroeconómicas encaradas por la actual administración, debe advertirse que los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data –como las excesivas regulaciones y la presión tributaria desproporcionada– y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años –como el desorden en las cuentas públicas y la excesiva emisión monetaria-”.

Más adelante señala que resulta llamativo que a cinco meses de la asunción del actual gobierno nacional se convoque a un segundo paro general, “cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial –mientras muchos de los males señalados se incubaban– no hubo siquiera una sola protesta de estas características”.

Para la CAC, el panorama económico y social de entonces estaba lejos de ser idílico: el aumento de la pobreza y la cuadruplicación de la tasa de inflación entre 2019 y 2023 son tan sólo dos muestras de ello, asevera el comunicado.

Modernización laboral

“Las medidas incluidas en el proyecto de ley Bases, en particular aquellas en materia laboral, tampoco pueden servir de justificación para la huelga anunciada. Amén de que una modernización laboral favorecerá la generación de más y mejor empleo –y por lo tanto no tendría que generar oposición en quienes deben velar por los intereses de los trabajadores– cabe señalar que el actual proyecto prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”.

“En los 40 años transcurridos desde la recuperación democrática se cuentan ya 46 paros generales y resulta evidente que, en numerosos aspectos, nuestro país no está mejor que aquel entonces. Muy por el contrario, la indigencia aumentó, la educación se deterioró y el retroceso relativo de Argentina en el concierto de naciones se profundizó, lo que sugiere que las huelgas de estas características son inconducentes para revertir estos padecimientos”, añade la CAC.

El comunicado concluye con llamamiento para que toda la sociedad haga sus mayores esfuerzos para que, mediante el diálogo y la buena fe, las naturales diferencias de toda comunidad democrática se canalicen por vías institucionales, evitando la repetición de protestas de estas características, y colaborando así con el progreso del conjunto de la nación.

Retracción del consumo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tampoco adherirá al paro.

Desde la entidad señalaron que respetan el derecho de huelga, consagrado en la Constitución Nacional, pero creen que “la delicada situación del sector pyme −aquejado por la fuerte retracción del consumo− impide la adhesión al cese general de actividades”.

Voceros de la Confederación -que agrupa a más de 400.000 pymes del comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la industria y la construcción de todo el país, que en su conjunto generan más de 2.500.000 de empleos-, explicaron que la caída de la demanda, que repercute seriamente en el comercio y la producción industrial pyme, se vería aún más agravada en un escenario de fábricas y locales cerrados durante toda la jornada, lo que generaría cuantiosas pérdidas económicas adicionales para el sector.

“CAME es consciente de las dificultades que atraviesa el país. Por eso mismo sostiene que las pymes necesitan trabajar para hacer frente a sus obligaciones financieras y mantenerse como las principales generadoras de empleo registrado en Argentina”, dice el comunicado.


Imagen de portada: Hans en Pixabay