El Gobierno se sentó el jueves pasado con la CATT, que tiene como secretario general a Juan Carlos Schmid. Los ministros de Transporte y Trabajo, Guillermo Dietrich y Jorge Triaca, respectivamente, recibieron 3 pedidos: el cese de la intervención del SOMU, trato humanitario para su ex titular, Omar “Caballo” Suárez (preso en Marcos Paz y víctima, el día de la reunión, de un ACV según dejó trascender su defensa), y paritarias libres. Los reclamos llegaron luego de una larga exposición sobre las obras que integran el Plan Nacional de Transporte, a cargo de Dietrich.
Dentro del transporte, el ministro enfrenta gremialistas afines y pacientes, por un lado, y suspicaces y ansiosos, por el otro. Los hombres de río -más entusiasmados por la media sanción de la ley de marina mercante que por la gestión del Ejecutivo- dan todavía crédito a las expresiones oficiales: por ejemplo, que hay 14 barcos listos para ingresar en la hidrovía. Sólo falta la sanción de ley. Tuvieron ratos de zozobra con la modificación que se pretendió imponer (de manera inconsulta, como acostumbra la cartera) al régimen de formación de los marinos mercantes de siglas imposibles (Refocapemm), pero el diálogo se estaría encausando.
Los hombres de mar, en tanto, acataron el mandato de “reducción de costos” y estarían colaborando para que se pueda competir al menos en el tráfico bilateral con Brasil.
Pero los portuarios no están en sintonía. Están en estado de “alerta y movilización” por la indefinición característica de los funcionarios de Cambiemos, y por el eventual cumplimiento de otra práctica consagrada: decretar, derogar y volver a empezar.
Los portuarios saben que van a licitar en marzo las concesiones de dos terminales, pero no vieron los pliegos. Saben que la Ciudad reclama la administración del puerto de Buenos Aires pero escucharon de boca del propio Dietrich que “el puerto sigue en Nación y hay puerto por 90 años”. Redundante decir que en Nación y en Ciudad gobierna el mismo signo político.
Los portuarios sospechan que el efecto neto de reducir de tres a dos las terminales equivale a menos trabajo, pero el propio Dietrich les garantizó “que está contemplado” en el pliego la continuidad de las fuentes de trabajo. Los portuarios ven que una resolución modifica los límites del puerto, sostenida por una testaruda interpretación de la ley de puertos, donde las tierras portuarias se ceden a fines inmobiliarios y a la construcción de un impugnado Paseo del Bajo que obliga a mudar a los depósitos fiscales al Mercado Central. Con la presunción de que las empresas aceptarán sin protestar. Con la temeridad de ignorar que los propios gremios podrían hacer propia la impugnación de la cesión de tierras. “Danos 15 días”, pidió Dietrich, para dar más definiciones. O para pensar qué decir y evitar desdecirse.
