La renuncia del subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, luego de que se difundiera que omitió declarar 1,2 millón de dólares en un banco de Andorra, interroga además al resto de los funcionarios que incurrieron prácticas similares.
El caso de Díaz Gilligan se precipitó porque su caso se difundió en la prensa extranjera, por la presión de dirigentes de la coalición de Gobierno (el diputado radical Mario Negri y Paula Oliveto, la diputada cercana a Elisa Carrió) y por la proximidad del ex funcionario al presidente Mauricio Macri.
Otra parece ser la situación de Luis Caputo. Al ministro de Finanzas, la Oficina Anticorrupción le pidió “acalaraciones” para “reflejar de forma completa la información patrimonial y de intereses”. Caputo tuvo a su cargo la reestructuración de la deuda. Días atrás, volvió a estar en tapas de diarios por haber omitido, a su vez, su participación accionaria en sociedades off shore para la administración de fondos en paraísos fiscales.
Mucho más distinto aun es el caso que toca a un funcionario del Ministerio de Transporte: el que está a cargo de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder.
En diciembre de 2016, el jefe de fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, lo denunció penalmente por “inconsistencias en su situación frente al fisco, ya que en los períodos inmediatamente anteriores a su asunción en la función pública sería un fantasma para la AFIP”.
Deleersnyder se desempeñaba como práctico del río Paraná antes de ingresar en el Gobierno.
Chispazos y varas
Visto los distintos casos, parece que el nivel de combustión de un cargo, frente a los chispazos de corrupción, es directamente proporcional al rango que se ocupa en la jerarquía ejecutiva: a más importante sea su lugar en el organigrama, mayor riesgo incendiario. Y viceversa: a más irrelevante para la agenda de Gobierno sea el funcionario, menos posibilidades de quemar la estructura tiene.
Hay excepciones y confirmaciones a esta regla caprichosa: Caputo es la excepción. Díaz Gilligan y Deleersnyder confirman la tesis.
La vara de la transparencia, a la altura que Cambiemos fijó para diferenciarse de la década kirchnerista, no fue un argumento electoral abrazado sólo por sus electores, sino que pasó a ser la medida servida a propios y ajenos, escrupolosos y de los otros.
Evolución de la causa
La denuncia presentada por el fiscal Rodríguez, el 29 de diciembre de 2016, recayó en la sala 4 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El fiscal que instruye en la causa es Guillermo Marijuan, y la carátula del expediente 18670/2016 presume delitos de evasión y lavado de activos.
Transcurrió prácticamente todo 2017, y Deleersnyder no desminitió ninguna de las denuncias periodísticas. Desde el entorno del ministro Guillermo Dietrich respaldaron rápidamente al funcionario, a pesar de las denuncias judicial y administrativas que pesan sobre él en la Unidad de Información Financiera (UIF), en la OA y en la propia AFIP (todas el 13 de octubre de 2016) y en la propia Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (el 14 de octbre de 2016).
En noviembre pasado, la AFIP emitió requerimientos de información, a pedido del juzgado, a empresas de lanchas de traslado de prácticos para que informen un detalle de los servicios prestados a Deleersnyder y a empresas vinculadas con él (tal como consta en la denuncia de Rodríguez) entre 2008 y 2015, y que presenten toda la documentación y facturas respaldatorias.
El conflicto con el practicaje, de fondo
Dietrich es uno de los ministros con mejor imagen en el Gobierno de Macri. Públicamente destacó que trabaja con un “equipo de lujo”, conformado entre otros por el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, y Deleersnyder. Estos últimos le granjearon a Dietrich numerosas batallas ganadas en la guerra contra los costos logísticos en el ámbito fluvial y portuario: remolcadores, estiba y la más sonante de todas, la del practicaje.
Precisamente, los prácticos fueron el escollo más complejo por sortear: la falta de un acuerdo con el sector llevó a una audiencia pública y a una disposición con nuevas tarifas máximas, previo decreto regulatorio del servicio.
Deleersnyder no fue suspendido ni apartado del gabinete de Transporte, una de las acciones de transparencia que más impulsa Macri con funcionarios bajo investigación judicial.
Consultado por Trade News, el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, señaló: “(Deleersnyder) hizo su aporte. Nosotros el nuestro. Presentó sus declaraciones juradas. Cuando se expida (la justicia) sale su nombramiento retroactivo”.
