Ni el Gobierno ni los exportadores agroindustriales están cómodos con las nuevas retenciones aplicadas a las exportaciones. Socios históricos, desde el día 1, la coyuntura descubre una tensión, al menos superficial, en la alianza entre Macri y el campo.

“Hay un diálogo fluido y permanente. Pero eso no significa que nos hayan consultado por el tema de las retenciones”, indicó a Trade News una fuente de asidua relación con los principales operadores de exportación de granos y aceites de la Argentina.

“No hubo consulta previa por el tema de retenciones”, agregó, siempre en off the record, tras ampliar: “De hecho, veníamos bregando por mantener el diferencial arancelario entre porotos (de soja) e industria para afrontar así los aranceles de importación proteccionistas de compradores como China e India. Eso no ocurrió, se eliminó el diferencial, y es como regalarle a China, que compra el 90% del poroto, el monopolio de la compra en granos para que te fijen no sólo el precio, sino el volumen y la calidad para comprar”, argumentó.

Un pico de conflicto sobrevino antes de la comunicación oficial, ayer, que instrumentó los derechos de exportación. “Algunos funcionarios del Gobierno pretendían que el sector admitiera haber cometido un delito con las presentaciones” de las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de la semana última, “pero lo cierto es que se hizo dentro de lo que dice el artículo 6° la Ley de Granos 21.453”.

El artículo citado refiere que a las declaraciones de ventas le caben el sistema impositivo o de retenciones que tengan al momento de ser presentadas. “No se incumplió la ley, por eso las empresas decidieron presentarse voluntariamente ante los organismos de control, con toda la documentación que haga falta“.

Retenciones

“No es el mejor mecanismo, pero comprendemos las urgencias del momento”, argumentó sobre los derechos de exportación finalmente oficializados por el decreto 793/18.

Históricamente reacia a las retenciones, la cadena agroindustrial exportadora parece mucho más propensa a participar su rentabilidad con la actual administración que con los gobiernos anteriores, donde los enfrentamientos llegaron a niveles inusitados.

“Se podía haber planteado de otro modo. En lugar de apostar a una expansión (de la producción) se apuesta por una contracción. El campo podría haber generado una cosecha absolutamente descomunal, pero las medidas van en contra. De hecho, la caída de los precios futuro de trigo y maíz es importante, y el sector (agroindustrial) teme que se reduzca la intención de siembra”, explicó.

No obstante, el sector no se manifestará públicamente en tono crítico respecto de esta nueva camada de retenciones a la exportación. Incluso, no esgrimirá los argumentos legales sobre la inconstitucionalidad de los derechos de exportación cuando son aplicados por el Ejecutivo, como alguna vez se hizo, sobre todo teniendo en cuenta que este mismo Gobierno derogó la “emergencia económica” que delegaba ciertas atribuciones en la Administración por parte del Poder Legislativo.

Por qué la vehemencia contra el Gobierno anterior respecto de las retenciones y la tolerancia resignada con éste, que aplica una receta similar, sólo puede explicarse en la afinidad del sector con la Presidencia Macri. “Es una emergencia”, suscriben desde la cadena agroindustrial.

Contra la Constitución y el Mercosur

No obstante, el especialista en derecho aduanero, Guillermo Sueldo, explicó en un artículo publicado por Aduana News: “Aún en casos de urgencia, le corresponde al Congreso Nacional la imposición de los tributos que gravan las importaciones y las exportaciones. Incluso, a pesar de que el Código Aduanero disponga que el Poder Ejecutivo podrá gravar tales derechos en determinas circunstancias, puesto que colisionan dos normas y la de mayor jerarquía es la Constitución Nacional”.

El mismo argumento fue utilizado por el especialista en derecho aduanero Rufino Beccar Varela en un artículo que publicamos más temprano en Trade News.

Al menos por ahora, los exportadores no cuestionarán la legalidad de la decisión tomada por el decreto 793/18, ni apelarán a su inconstitucionalidad, como en el pasado.

“También es abiertamente violatorio del Tratado (de Asunción) del Mercosur, en tanto no se excluye del decreto a las exportaciones propias a dicha zona”, añade Sueldo.

Algunos años atrás, impulsado por una de las empresas lácteas más importantes del país , que protestaba por los derechos de exportación aplicados a las ventas dentro del bloque, el caso llegó a la Corte Suprema, que pidió consulta al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, el Poder Judicial del bloque.

Eran años de “presión” explícita de la Administración Kirchner, por todas las maneras imaginables. La empresa desistió de su reclamo, a pesar de que se descontaba un fallo favorable de la corte mercosuriana.

A pesar de este antecedente, y de que la Administración Macri no ejerce los mismos mecanismos de coerción o amedentramiento, parece poco probable que se desempolven viejos argumentos para el caso actual. O tal vez sí, pero no de parte de la cadena agroexportadora.

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