El Gobierno ultima los detalles de un decreto de necesidad y urgencia para la Hidrovía Paraguay-Paraná, que le devuelve a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la facultad de llamar a licitación y adjudicar el mantenimiento de la vía navegable troncal.

El proyecto de decreto trascendió y, ante una consulta de Trade News, fuentes del Gobierno confirmaron que “faltan algunos cambios”, pero que el espíritu del texto refleja la decisión oficial de concesionar bajo el régimen de obra pública por peaje “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico, a riesgo empresario y sin aval del Estado”.

Para tal fin, se derogarían los decretos 949/2020, que delegaba en el entonces Ministerio de Transporte la facultad de licitar (que no llevó a cabo), y el decreto 556/2021, que creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), entre cuyas misiones se encontraba, precisamente, confeccionar y aprobar los pliegos de la licitación (tarea inconclusa).

Derogación

Asimismo, se dejarían sin efecto los artículos 3 y 4 del decreto 427/2021, que establecían las condiciones del contrato de concesión a cargo de la Administración General de Puertos (AGP) respecto del mantenimiento de la vía navegable troncal y, específicamente, la duración del contrato de la AGP: 12 meses prorrogables hasta que el nuevo concesionario se haga cargo de las obras.

Expertos en derecho portuario y marítimo consultados sobre el proyecto de DNU manifestaron estar al tanto del mismo y comentaron al respecto que “resulta positiva la delegación directa de la Presidencia a la Subsecretaría, evitando que pase por el Ministerio de Economía o la Secretaría de Transporte, ya que ello obligaría a tener que efectuar a su vez, subdelegaciones hasta llegar a la Subsecretaría, entorpeciendo y ralentizando el proceso de inicio del llamado a licitación”.

Además, destacaron que el texto reivindica varios de los pedidos del sector privado: que se mantenga el esquema de licitación por concesión de obra pública, a riesgo privado y sin aval del Estado, y que se elimine al Ecovina y restituya a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como órgano natural a cargo de la licitación y adjudicación.

Federalización

El proyecto de DNU, no obstante, no menciona qué sucederá con el “proyecto de federalización” de la hidrovía ideado por el ex presidente Alberto Fernández, plasmado en el Consejo Federal Hidrovía (CFH), un organismo que debería asesorar en todo lo relativo a la concesión y ser un ámbito de coordinación política y estratégica, integrado por las provincias con litoral fluvial (excluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y ministerios nacionales, y “miembros invitados” como las universidades, cámaras empresarias, sindicatos y ONG ambientalistas.

Es de esperar, no obstante, que el cauce de inquietudes y propuestas por parte de todos los actores de la sociedad civil se canalice a través de los esquemas consagrados por el marco normativo, es decir, las audiencias públicas previas.

A su vez, la entronización de un estamento de la administración pública como órgano a cargo, como la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, reafirma el carácter nacional de la obra pública por concesionar, al tiempo que la necesidad y urgencia de la licitación invita a pensar en que las instancias burocráticas consagradas en el CFH no se ajustan a la celeridad e importancia que tiene avanzar con esta licitación de dilación inexplicable.

El rol de AGP

El texto incorpora conceptos sugerentes, al señalar que “se podrá convocar la sustanciación de más de un procedimiento de selección, y dividir los contratos en tantos tramos o actividades como resulte técnicamente conveniente para el oportuno cumplimiento del objeto”.

Asimismo, el proyecto de decreto instruye a la AGP a que, “hasta tanto se adjudique el contrato de concesión respectivo, garantice en el ámbito de la concesión otorgada la
navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio en un marco de eficiencia, eficacia, y transparencia”.

En tanto, la cartera a cargo del flamante subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arresygor, deberá revisar integralmente el contrato de concesión suscripto entre el ex Ministerio de Transporte y la AGP para “simplificar su objeto y posibilitar la inmediata ejecución de las obras de mejoras y adecuación que garanticen el eficiente funcionamiento de la infraestructura concesionada, la optimización de las capacidades de uso y recarga de los buques y sistemas de transporte en sus distintos tramos, y el eficaz e inmediato traspaso de la concesión en favor de quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación, en condiciones de regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios comprendidos”.

En conjunto

De acuerdo con la esencia de la normativa, por primera vez y luego de varios años, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la AGP trabajarían codo a codo, en colaboración permanente en todo lo relativo a la elaboración de los pliegos, la realización (o revisión) de los estudios de impacto ambiental y de los informes técnicos, dejando atrás una tónica política que mantuvo ambas dependencias como compartimentos estancos y espacios políticos en permanente conflicto.

Por último, mientras recuerda que “el dragado, balizamiento, amarre, estiba y remolque de los buques son actividades esenciales” en tanto “servicio público que revisten todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de la navegabilidad de los ríos sin importar si estas son llevadas adelanta directa o indirectamente por el
Estado”, el texto subraya que será la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la que actuaría como “órgano de control de la concesión”, despejando toda duda respecto de organismos nacionales creados ad hoc en su momento, cuya razón de ser desaparecerían por completo con el nuevo esquema encargado por el presidente Javier Milei.