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Diagnóstico: consumo ausente

Por 14 marzo, 2017 noviembre 17th, 2017 Sin Comentarios

La industria nacional y los importadores, pese a los reclamos cruzados, coinciden en la situación crítica del mercado interno.
Importadores e industria nacional tienen muchos más puntos en común de lo que el debate apertura-cierre de la economía sostiene como falso dilema.

Ambos coinciden en que hoy, el peor de los males es la caída del consumo. Los sectores que advierten un aumento de las importaciones, en realidad, lo ven como un mal menor: peor es no tener mercado interno. Los importadores, que también denuncian falta de fluidez en el ingreso de bienes, señalan que el problema es que tienen que defenderse del mote de “aperturistas”, cuando en realidad son la espina dorsal de la industria nacional: el 80% de todas las importaciones son insumos y partes para la industria nacional.

En una hipotética mesa, debatirán estos temas y se señalarán mutuamente. Pero en el fondo, ambos ven que el Estado hace poco por aliviarles la presión. Y reconocerán que la falta de competitividad empresaria radica en la falta de rumbo oficial, que provoca tanto la desprotección de pymes con aperturas irrestrictas (y el costo social de suspensiones y despidos) o el freno sin inteligencia del flujo de importaciones (con el debido costo económico y comercial).

El presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Rubén García, bien podría priorizar el problema de las licencias no automática, que pasaron de un espectro de 1300 a casi 3000 posiciones en la actualidad, pero opta por ir al fondo: “En 2011 se importó por US$ 73.000 millones; el año pasado por US$ 52.000 millones. La puja (con la industria) está mal encarada. Deberíamos preguntarnos cómo está el mercado interno, qué hizo que las importaciones cayeran en 20.000 millones. Hay un costo que se traslada a la industria, al comercio, al consumidor. Y tiene que ver con la dimensión del Estado”.

Para García, el foco del Gobierno debería estar en “recrear o fortalecer” el mercado interno “para que la competencia sea valedera”.

“En el sector textil -dice el director de la Fundación Pro-Tejer, Ariel Schale- tenemos niveles de eficiencia mundiales puertas adentro de las fábricas. Pero cuando el producto sale, se sube al tren fantasma de la no competitividad sistémica del país, es decir, al costo argentino. Pero ante esta enfermedad, el Gobierno propone matar al paciente para curarla”.

Lo que la industria pyme nota es que el Estado rector, para bajar los precios de los productos, opta por un shock de la oferta de competencia importada. Deja de lado sus propios deberes (que lograrían un efecto similar en los precios al consumidor pero sin el costo social de suspensiones y despidos): bajar la carga fiscal, dar financiamiento genuino y fomentar la competitividad nacional (sin que eso implique cerrar las importaciones).

Por ejemplo, preparar al sector textil para consolidar como regla y no excepción la exportación: una tonelada de ropa de marca argentina se paga afuera US$ 54.000, contra los US$ 1500 de la tonelada de algodón.

Dice Shale: “Preocupa que el Gobierno no vea los cambios. Hay una caída brutal de la producción por la retracción de consumo que impacta en el empleo. La política macroeconómica no incentiva la producción; saca a la industria de su rol de desarrollo económico y social”.

El referente de la industria textil destaca la imposibilidad de “compaginar” la agenda de apertura comercial “con el costo impositivo y financiero más alto del mundo” que tiene la Argentina, que torna “imposible siquiera planificar un proyecto de inversión”.

En enero, las importaciones de prendas de punto crecieron un 78%; las confecciones para el hogar un 40% y la ropa de cama un 72%. “Pero nuestro principal problema es la caída del consumo. Ojalá pudiéramos (quejarnos) de la importación porque eso significaría que hay un mercado para disputar”.

“El problema es el mercado interno recesivo: si fuera estable no nos preocuparían las importaciones”, ratificó Laura Barabás, gerente de la Cámara de la Industria del Calzado. El diagnóstico está calcado.

En 2016, las ventas del sector de calzado cayeron un 30%, combinadas con un aumento del 22% de las importaciones que derivaron en al menos 4000 puestos de trabajo perdidos. “Somos un sector pyme, mano de obra intensiva y muy sensible a las políticas actuales”, explicó Barabás. La alarma sonó con la tendencia de los primeros 45 días de 2017: un aumento del 62% de las importaciones. El calzado también se reconoce altamente eficiente “puertas adentro”, al tiempo que tienen “los salarios más altos de la región, sin que eso signifique que los operarios ganan bien”. La mano de obra representa el 40% del costo del calzado fino.

La exportación es una alternativa, pero necesita apalancamiento. “Elaboramos un plan para aumentar la competitividad y lo elevamos al Gobierno. Es un sistema de puntos para generar crédito fiscal, en la medida que se exporte, se incorpore tecnología, se radiquen inversiones en determinados lugares y se tome mano de obra. El Gobierno lo tiene, y lo está analizando”, destacó.

Otro sector criticado por la “protección” que tiene, y cuya producción es percibida como “cara” por los consumidores es el de la electrónica y la informática.

Consultado sobre los US$ 1800 millones que le cuesta al Estado el régimen de promoción de Tierra del Fuego, Federico Hellemeyer, presidente de Afarte (cámara que agrupa a las empresas radicadas en la isla), corrigió: “No es un costo, es lo que el Estado se abstiene de cobrar por la exención de la ley 19.640. Pero si no existiera la promoción no habría actividad, por lo que tampoco se recaudaría nada. No es un subsidio ni una erogación”.

“Somos conscientes de las críticas que genera el régimen”, reconoció Hellemeyer, “pero creemos que sigue siendo necesario para la actividad económica de la isla un grado de promoción. Por eso estamos convencidos que es fundamental concentrarnos en ser lo más competitivos posibles para descomprimir el precio final del producto”. ¿Cómo se compone ese precio? “La salida de fábrica representa el 45% del valor final del producto”, sintetizó Hellemeyer.

Allí están reflejados los costos comerciales, logísticos, administrativos, impositivos y, sobre todo, financieros (la mayor parte de estos bienes se compran en cuotas). En ese sentido, destacan la iniciativa de transparencia de precios encarada por el Gobierno. “Estamos monitoreando los precios de venta: en el caso de un teléfono de alta gama que se ofrecía en el retail a $ 23.000 lo vimos bajar a $ 17.200”, añadió.

En el caso de los bienes de tecnología, la estrategia de posicionamiento de las marcas, los márgenes del retail y la competencia de los bancos explican sobre todo el precio final que paga el consumidor.

A su vez, Fabián Tarrío, directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) citó cifras del Indec: “En 2016 las importaciones crecieron un 17%, y en enero crecieron un 22,5%, y esto afecta fundamentalmente a las pymes”.

Aún así, consultado sobre “el punto de equilibrio” que contente a la industria y los importadores, advirtió que “la pata del Estado se lleva el 50% del valor de cada producto”, minando toda posibilidad de competitividad.

En tanto, el economista y especialista en consumo, Damián Di Pace, dijo que para hablar de competitividad en la economía argentina primero hay que definir qué tipo de país se quiere ser.

“¿Queremos ser líderes en diferenciación o en costo? La Argentina siempre busca bajar costos: ¿Cuándo vamos a pensar en agregar valor?”, preguntó.

Di Pace cree que es posible sostener las industrias “sensibles”, y que el Estado puede lograrlo sin por eso cerrar las importaciones. “El plan no debe ser de protección sino de exportación. Deben buscarse alianzas estratégicas, sinergias abiertas y colaborativas, con acuerdos bilaterales y reducción de barreras arancelarias. No se puede descuidar el empleo, porque termina afectando al consumo”, indicó.

Tal vez sea un apunte de negociación para aumentar la integración inteligente con el mundo: de la mano de la complementación estratégica y proactiva.