“¿No le llama la atención que la misma empresa responsable de sobrecostos del 38% en 2008 sea la misma que se presenta y gana la licitación?, le preguntaba el periodista al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, respecto de la licitación ganada por Marítima Meridian (a través de Logística y Servicios Marítimos, asociada con Svitzer) para el remolque de buques de GNL contratados por Enarsa.
La respuesta: “Salió un 36% más barato para los argentinos. No somos jueces. Hacemos una licitación y gana el que ofrece menos. Después está la justicia que define. Lo único que me llama la atención es que antes el Estado no tuvo capacidad para bajar los costos. No sólo se bajan los costos para el Estado sino que vienen más inversiones al país”.
El 9 de agosto de 2016, Dietrich defendía así el ingreso de los 9 remolcadores de Svitzer, y la primera gran batalla ganada en la guerra de reducción de costos, ante la impugnación inicial de aquella licitación que quedó en manos de una empresa que no tenía los barcos disponibles al momento de la compulsa.
En rigor, el ministro priorizó, como todo su equipo lo viene haciendo, la mentada reducción de tarifas de todo tipo de servicios vinculados a las operaciones fluviales, marítimas y portuarias. Sin importar los protagonistas.
Mientras Marítima Meridian, del empresario Jorge Samarin, se alzaba con la licitación, avanzaba una denuncia contra él y su empresa por su accionar en el agenciamiento marítimo de buques de GNL durante la época en que Enarsa y Cammesa importaban el gas bajo las órdenes del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido.
Dietrich pedía que la justicia “defina”. La semana última se conoció el procesamiento del ex ministro, justamente, por defraudación en la importación de combustible, pagando sobreprecios y causando casi US$ 7000 millones de perjuicio para el Estado.
Entre 2008 y 2013 Meridian fue contratado directamente como agente marítimo operando 385 buques entre Bahía Blanca y Escobar, “llegando a facturar cifras exorbitantes y superiores a los US$ 500.000 por cargamento”, según consta en la causa que, agrega: “Claramente se montó un procedimiento con la composición de los funcionarios para desviar el dinero en beneficio de terceros”.
El juez Claudio Bonadío decidió procesar a Samarin por considerarlo “partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública” y trabó un embargo sobre sus bienes por $ 1000 millones.
La baja de costos –lograda con alguien que venía siendo investigado por la justicia por defraudación– no sólo parecía importarle poco al Gobierno, que recibió denuncias de todo tipo al respecto. También tiene una connotación grave respecto del due dilligence que pudo haber hecho Svitzer a la hora de elegir el socio con el cual “invertir en la Argentina”.
Incluso, deberá verse las derivaciones del compliance al que muchas compañías intervinientes están atadas.
Tal vez Svitzer deshaga la sociedad. O busque otro socio.
Si Samarin, bajo investigación, tuvo avales oficiales porque logró una baja de costos, ¿qué puede decirse de Herme Juárez, multidenunciado sindicalista empresario, que también logró afecto societatis con el Gobierno y es el nuevo gran aliado de los agroexportadores, sus ex víctimas, por cumplircon el mandato de economizar servicios?
Dietrich tiene, bajo su tutela también, un funcionario denunciado por lavado y evasión: el director de Transporte Fluvial y Marítimo.
¿Esperará también que la justicia decida al respecto o tomará nota de que no necesariamente está bien asesorado?
Mientras tanto, podría exigirle a su equipo de Puertos y Vías Navegables resultados de la cruzada por la baja de los costos (que hasta ahora sólo beneficia a empresarios extranjeros): ¿Cuánto mejoró la ecuación económica de los productores argentinos esta baja de costos?
