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Cuando el 11 de marzo de este año el Covid-19 dejó de ser un virus encerrado entre fronteras para convertirse en una pandemia que arrasaba, sin piedad, los lugares más recónditos del planeta, la búsqueda de una vacuna que pudiera contenerlo fue el objetivo prioritario.

Más allá de las salidas de emergencia que intentaron salvar a los miles que se infectaban y morían día tras día, también surgieron los cuestionamientos éticos y políticos.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas (ONU), el G20 como los líderes de todo el mundo coincidieron en que los diagnósticos, tratamientos y vacunas debían considerarse un “bien público global”.

De esa forma, se frenaría la intención de las corporaciones transnacionales o los gobiernos de convertir esos tratamientos en un negocio que excluyera a los sectores más vulnerables. Así asumieron el compromiso para asegurar que su acceso y distribución sean equitativos y asequibles para la población mundial.

Bien público global

Pero el término “bien público global” parece dar lugar a diferentes interpretaciones, y no todos coinciden en cuanto al peso de su significado y sus implicancias. Tampoco, sobre cuáles son los instrumentos o modalidades que se deberían adoptar en todo el mundo para garantizar que las vacunas se distribuyan entre los países que más las necesiten en tiempo oportuno.

En las últimas semanas, esas diferencias abrieron un nuevo capítulo en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Inevitablemente resurgieron las viejas tensiones sobre la protección de la propiedad intelectual relacionada con el acceso a la salud pública. Un problema que dividió, por décadas, a los países en desarrollo y a los más desarrollados.

El ADPIC en escena

En octubre, India y Sudáfrica, acompañados por un número significativo de países en desarrollo, solicitaron al Consejo de los Derechos de Propiedad Intelectual, que se adopte una decisión (waiver) para suspender ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Este procedimiento previsto en los acuerdos de la OMC y de práctica corriente en el organismo, podría facilitar y acelerar la lucha contra la pandemia.

En las últimas semanas, en la OMC, se inició un capítulo por las diferencias creadas a partir de los derechos de propiedad sobre las vacunas contra el Covid-19.

El foco de esa iniciativa apunta a encontrar una salida ante la creciente preocupación sobre la disponibilidad de tratamientos y vacunas en cantidades suficientes y a precios asequibles para satisfacer la demanda mundial.

Carreras paralelas

A la carrera científica de encontrar una vacuna efectiva en tiempo récord, se sumó la carrera paralela de los gobiernos para asegurarse de que las primeras dosis sean propias. De hecho, la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que rastrea los contratos que se hacen públicos entre los principales laboratorios y los países, identificó ventas anticipadas de alrededor de 7700 millones de dosis.

Si todas fueran eficaces y su distribución equitativa, en 2021 ya se podría vacunar a la mitad de la población mundial, dado que la mayoría requiere dos dosis.

Todo indica que no será así.

Consecuencias sanitarias y económicas

Las consecuencias serán globales, tanto a nivel sanitario como económico, porque el comercio internacional no se podrá abrir del todo y la recuperación de la economía global no será plena.

Para India y Sudáfrica la protección de la propiedad intelectual puede obstaculizar el aumento urgente de la producción de vacunas.  Y los países en desarrollo pueden enfrentar dificultades institucionales y legales al utilizar las flexibilidades existentes en el ADPIC. Un proceso que ha probado ser engorroso para la importación y exportación de productos farmacéuticos.

La exención propuesta abarcaría las obligaciones en cuatro secciones del ADPIC: derechos de autor y derechos conexos, diseños industriales, patentes y la protección de información no divulgada. Duraría un número específico de años, acordado en el Consejo General, hasta que se haya generalizado la vacunación de una parte suficiente de la población para crear una inmunización global. Esa exención sería examinada anualmente hasta su terminación.

El lobby farmacéutico

La propuesta fue rechazada por los países desarrollados, en cuyo territorio se ubican los principales exponentes de la industria farmacéutica. Centraron su argumento en la ausencia de indicios concretos de que los derechos de propiedad intelectual son una barrera para acceder a los medicamentos y tecnologías relacionados con Covid-19.

Por otra parte, afirmaron que la propiedad intelectual es solo un aspecto, entre muchos, de los que afectan la fabricación y distribución de las nuevas vacunas.

A partir de una iniciativa lanzada por Costa Rica, en conjunto con otros países, en junio, la OMS creó el Grupo de Acceso a la Tecnología Covid-19 (C-TAP) para anticiparse a esos escollos.

Se trata de un “pool” de patentes que tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la fabricación de productos necesarios para combatir el Covid-19 y eliminar las barreras de acceso para que estén disponibles de manera global y equitativa.

El C-TAP permite compartir información de propiedad exclusiva, sin renunciar a las regalías, para facilitar que los investigadores de vacunas repliquen el trabajo de sus pares y para promover la transferencia de la tecnología, y así ampliar su desarrollo y producción.

Pero este mecanismo no ha contado con el apoyo generalizado de la industria farmacéutica, que posee la mayoría de los derechos sobre las tecnologías, los datos y la investigación de vacunas que se intentaría distribuir libremente.

En busca de incentivos

Como todo mecanismo voluntario, que no puede obligar a colaborar a los que poseen los derechos y el conocimiento, el éxito de C-TAP requiere de incentivos. La adopción de una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual debería ser considerada en ese contexto. Podría cubrir la ausencia de incentivos financieros u otros que alentarían la adhesión de la industria farmacéutica a esa u otras iniciativas de colaboración.

A menos que en la OMC se llegue a un improbable consenso en los próximos meses, el sistema de comercio multilateral repetirá una nueva polémica que definitivamente no es del interés de los países desarrollados, los países en desarrollo, las compañías farmacéuticas o de la propia OMC, en un momento que se requiere mayor cooperación internacional.

Ciertamente, tampoco lo será en beneficio a las víctimas ni a las posibles víctimas del Covid-19.


El autor es diplomático