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El antes y después del 15 de mayo próximo desvela a la comunidad portuaria y debería hacerlo también en el universo amorfo denominado “la carga”.

Hasta el 15 de mayo, cada terminal del Puerto Buenos Aires operará con una normalidad que desaparecerá el 16 de mayo, cuando la mudanza del servicio Samba, de Maersk, desde Terminales Río de la Plata (TRP) a Terminal 4, pondrá en riesgo la sostenibilidad del actual statu quo.

Según la propia Administración General de Puertos (AGP), el margen de acción actual, hasta el 15 de mayo, es el que establece el pliego de concesión, y no existe posibilidad allí –más allá de una negociación– de que el Estado regule los servicios. En el ejemplo del Samba, la AGP tendría que “interceder” ante Maersk para evitar un conflicto social derivado del vaciamiento operativo de TRP.

La decisión comercial de Maersk de elegir dónde operar sus servicios complicaría la voluntad de prórroga que el Estado mantiene para con los tres operadores: vacía de contenido la prórroga a TRP porque no tendría servicios para mantenerse, y el Estado asumiría el riesgo de ver cómo es la rutina operativa de Terminal 4 (y de buena parte del comercio exterior en contenedores del país), con más carga y servicios, pero con la misma infraestructura.

El día después

Pero todo cambiaría el 16 de mayo porque, en rigor, ninguno sería concesionario del Puerto Buenos Aires.

Esto, claro está, si la AGP no decide antes la prórroga. Y suena inverosímil que el Gobierno no se expida sobre la realidad jurídica del Puerto hasta que opere su vencimiento.

No obstante, bajo la premisa de que “el día después” los muelles pasarían a ser públicos, fueron los propios gremios de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) los que desempolvaron un criterio normativo que daría respuesta a esa situación.

Se trata de la resolución 76/2019, que instauró el “Reglamento para la autorización de ingreso a puerto y asignación de muelle a buques”.

La medida fue pensada para atender la situación de buques inactivos, o el tiempo de permanencia de buques operativos en los muelles del Puerto Buenos Aires.

Y de hecho, contaba con algunos conceptos aspiracionales, propios de la administración pasada: justificaban la necesidad de modificar el régimen “en el incremento esperado de la cantidad de buques/artefactos navales que ingresarán al Puerto Buenos Aires en los próximos años, lo que hace indispensable contar con la mayor cantidad posible de muelles libres, en condiciones operativas y disponibles para el amarre de buques/artefactos navales en servicio”.

El artículo 8

Pero la resolución cuenta con un artículo que, según Fempinra, habilitaría a la AGP a tomar decisiones sobre la recalada de los buques más allá de los contratos comerciales que los buques tengan con las terminales, sobre todo, a partir del 16 de mayo.

El artículo 8 señala: “Cuando se otorguen autorizaciones de ingreso a puerto para buques/artefactos navales con destino a zonas no concesionadas ni permisionadas, el área Giro de Buques asignará el Sitio/Progresiva de Amarre, de acuerdo a las prioridades que determine la Gerencia General (de la AGP)”.

Según razonan los gremios, el 16 de mayo “ya no habrá muelles concesionados” por lo que “el Estado puede retomar el control de la asignación de muelles” bajo el concepto de administración de muelles públicos y así “preservar el equilibrio en la asignación del trabajo”.

La resolución está vigente y, lo que aparenta un subterfugio, es también en apariencia una herramienta jurídica para un momento de incertidumbre operativa como el que se dispararía “el día después” con la caída de las concesiones y los cambios en los servicios.

Así, señalan los gremios, el Estado podría administrar de acuerdo con sus propios criterios o intereses una situación que, bajo criterios comerciales, dejaría a TRP sin servicios por la mudanza del servicio Samba a Terminal 4.

Excepción

“Sería una medida de excepción durante el proceso de la futura licitación y dado el carácter de emergencia”, destacan los gremios.

De esta manera, los muelles públicos administrados por el Estado se darían en operación a las terminales a cambio de una determinada tarifa y ritmo de productividad, en línea con los parámetros que exhiben los actuales concesionarios, sugieren desde los sindicatos.

Al mismo tiempo, el Estado podría extender un permiso precario de uso para las áreas portuarias y plazoletas a las terminales.

Resultaría curioso que la crítica gestión de Mórtola encierre una herramienta “tranquilizadora” para los gremios.

No obstante, el dato relevante es que quien estaba en el área de Giro de Buques cuando se firmó la resolución: era el actual gerente general de la AGP, José Beni.

Y, según el artículo 8, serán las prioridades que determine la Gerencia General de la AGP, a cargo de Beni, las que asignen el giro de buques a zonas no concesionadas, como los muelles del Puerto Buenos Aires el 16 de mayo.

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