Mientras el operador logístico de la carga y descarga de los buques portacontenedores que recalan en el muelle de ultramar del Puerto Mar del Plata, Terminal de Contenedores Dos (TC2) se aprestaba para atender la última llamada del servicio de MSC –que decidió dejar de operar en la terminal– el presidente del Consorcio le informaba por carta de un “error” que había cometido en la adjudicación del permiso de uso sobre el espacio necesario para la estiba de contenedores.
El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini, le anticipó a Hipoute SA (TC2), la enmienda en la que debió incurrir el Directorio que, hace poco más de 2 meses, le había otorgado el permiso para operar.
Es decir, no sólo la empresa privada estuvo meses esperando la regularización del permiso que, cuando fue entregado, fue por un período de 3 años –inviable para el repago de inversiones en infraestructura que requieren hundir mucho capital– sino que la autoridad pública (que desoyó la iniciativa privada presentada por TC2 para resolver el tema de la terminal multipropósito) siguió relativizando al operador con un permiso limitado. Y mal hecho.
Error material
Al parecer, “se incurrió en un error material en la identificación del bien”, rayano con la inseguridad jurídica.
“Por un yerro se incluyó como parte del espacio a permisionar la vía circulatoria adyacente al frente de atraque”, señala la resolución 317/2019.
Por su naturaleza, explican, “está sujeta al uso general”, aclarando luego: “Sin perjuicio del aprovechamiento especial a que hubiere lugar en la coyuntura de carta (sic)/descarga para la operatoria de buques portacontenedores”.
Desaprensión política
Al rectificar el error –vale aclarar que como autoridad portuaria pública tiene todo derecho de decidir sobre los espacios operativos– será administrativamente más pulcro Merlini, pero políticamente vuelve a exponer la desaprensión histórica que marcó su gestión de cara a la logística internacional de carga contenedorizada en el puerto.
Nuevamente, como autoridad portuaria, tiene derecho a darle la espalda a este negocio. Pero nunca se preocupó por argumentar técnica y comercialmente esta displicencia portuaria.
El logro exhibido (que efectivamente lo fue) de recuperar el calado en la terminal que estuvo 3 años sin operar queda esmerilado toda vez que una de las dos navieras recuperadas por el dragado decide irse por falta de infraestructura que la decisión política no supo ni quiso resolver.
