Juan Ignacio Penco, “a cargo de la firma del despacho de la Dirección de Actividades Navieras del Ministerio de Transporte”, envió una carta al presidente del Consejo Portuario Argentino, Angel Elías, recomendando acciones a los puertos ante “la posibilidad de interrupción del servicio de Practicaje y Pilotaje”, comunicado por la Asociación Civil de Prácticos, para garantizar la navegación en zonas de practicaje obligatorio.
Penco sugiere que se requiera formalmente a la empresa de practicaje el servicio por mail y papel “dejando constancia de la previa comunicación telefónica indicando el número de teléfono y operador responsable que fue contactado al efecto, consignando respuesta al requerimiento (afirmativa o negativa)”.
En el caso de que se negare el practicaje, señala que el agente marítimo deberá realizar una exposición ante la Prefectura dando cuenta de “la empresa y los datos del profesional”.
También sugiere presentarse “con escribano” en la empresa para labrar el acta “solicitando los nombres y números de credencial de los profesionales de guardia” y dejando, además, “reserva de inicio de acciones legales resarcitorias”. Incluso, que realicen la “denuncia penal” si corresponde.
Por último, solicita: “Remitir vía mail las actuaciones correspondientes a efectos que la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo de la Subsecretaria de Puertos y vías Navegables tome la intervención que le compete“.
Justifica tales procedimientos en que el practicaje es un servicio público “de interés para la seguridad de la navegación”.
Contexto
En noviembre de 2016, las negociaciones entre la Subsecretaría y los prácticos avanzaba por medio de algo que hoy está cortado: el diálogo.
El Gobierno pedía que bajaran las tarifas. Los prácticos, a cambio, solicitaban una norma que les limite la responsabilidad civil ya que, ante una contingencia, los profesionales responden con su patrimonio.
El Gobierno habría prometido avances en la materia.
En tanto, un abogado ofreció sus servicios para la redacción de la norma en cuestión, que ingresaría en el plexo normativo de la ley de marina mercante que, a esa altura, contaba con media sanción del Senado.
Fuentes del practicaje señalaron que los honorarios pedidos por el abogado ascendían a US$ 300.000. No prosperó.
Luego sobrevino una oferta con un descuento importante. Por US$ 200.000 y cuotas proporcionales al avance del proyecto de ley: redacción, estado parlamentario, dictamen de comisión, media sanción, sanción de la otra cámara y promulgación.
Algunos prácticos habrían aceptado otros no. El abogado en cuestión era Diego Insaurralde, de cuyo estudio (ILP Abogados, estudio jurídico especializado en derecho marítimo, seguros y comercio exterior), Penco fue socio.
