El gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de la resolución 276/21, mediante la cual se establecían “volúmenes de equilibrio” en relación con las exportaciones para poder cumplir con la demanda interna, principalmente de trigo y maíz.

Por medio de la resolución 302/24, el Ministerio de Economía dejó sin efecto la capacidad que tenía la entonces Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de establecer topes a las ventas externas, determinados tras la convocatoria a un consejo consultivo integrado por mesas sectoriales de las cadenas agrícolas.

De esa manera, las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) no podían exceder los volúmenes de equilibrio regularmente establecidos de acuerdo con las necesidades del mercado interno.

Simplificación

“Resulta indispensable alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado, productores, exportadores e importadores”, destaca la norma en sus considerandos.

La cartera que dirige Luis Caputo señaló que “en atención a las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la producción en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes, deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta cartera relacionada con las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca”.

Sobredimensionamiento

La norma subraya que la actual Administración busca “perfeccionar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

En tal sentido, advirtieron sobre la proliferación de “regímenes de control, operatividad, distribución, programas y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones que, con base en el estado actual de nuestra economía en general, han apartado a la Autoridad de Aplicación de tales regímenes de la celeridad que la función pública debe practicar, lo que en la actualidad se pondera”.