El Poder Ejecutivo oficializó una medida clave para la logística y el transporte ferroviario: la exención del pago de derechos de importación, tasa de estadística y tasa de comprobación para las mercaderías destinadas al fortalecimiento del sistema ferroviario nacional.
La decisión -plasmada en el decreto 312/2026– busca dar continuidad a proyectos de inversión urgentes en un contexto de deterioro de la infraestructura y material rodante que ha derivado en un aumento de siniestros y riesgos operativos.
Beneficiarios y alcance
La normativa alcanza a las tres principales firmas estatales del sector, que se encuentran ejecutando planes de acción para la recuperación del sistema:
Belgrano Cargas y Logística S.A.: en proceso de renovación y ampliación de su parque de material rodante. La medida facilita la nacionalización de vagones y repuestos adquiridos en 2025 a la firma China Machinery Engineering Corporation (CMEC).
Operadora Ferroviaria S.A. (Trenes Argentinos): responsable del transporte de pasajeros. Requiere acelerar inversiones en mantenimiento de formaciones, reposición de repuestos críticos y modernización de sistemas de seguridad.
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (ADIF): encargada de las obras de infraestructura y renovación de vías.
Condiciones de la exención
La franquicia aduanera no es general, sino que está sujeta a condiciones técnicas y temporales estrictas:
Fecha de las operaciones: la exención aplica a las mercaderías contenidas en órdenes de compra emitidas hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive.
Inexistencia de oferta nacional: el beneficio solo es aplicable para bienes que la industria nacional no esté en condiciones de proveer, situación sobre la cual debe expedirse el Ministerio de Economía.
Materiales comprendidos: el listado incluye material rodante, maquinaria para mantenimiento de vías, sistemas de señalamiento y frenado, transformadores, rieles, catenarias y equipos de comunicación, entre otros insumos críticos.
Uso exclusivo: las mercaderías deben ser afectadas exclusivamente a los proyectos de inversión invocados para mejorar el sistema de transporte de pasajeros y cargas.
Contexto de la emergencia
El decreto se encuadra en la emergencia pública en materia ferroviaria declarada originalmente en 2024 (decreto 525/24) y recientemente prorrogada hasta junio de 2028. Según informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la falta de conservación ha generado una degradación tal que la mayoría de los descarrilamientos en trenes de carga son consecuencia directa del mal estado de las vías y el material rodante.
Este escenario obliga a reducir las velocidades operativas, lo que aumenta los tiempos de viaje y afecta la competitividad de las economías regionales.
Con esta exención arancelaria, el Gobierno busca aliviar la estructura de costos de las empresas estatales para concretar adquisiciones externas de alta especificidad técnica que ya habían sido comprometidas bajo regímenes fiscales anteriores.
