Desde el Puerto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, comunicaron que febrero arrancó con sus muelles al tope de capacidad y buques rotando en cuestión de horas. La postal es el reverso de lo que la terminal mostró apenas unos días atrás.
Sucede que, en el lapso de una semana, el complejo portuario pasó de ser el epicentro de un conflicto gremial que amenazó con jaquear la logística nacional, a exhibir una performance operativa que valida su rol estratégico en la salida de la producción forestal.
Encuadre sindical
La crisis se detonó el último domingo de enero. Como hace años no sucedía, la tensión por el encuadre sindical -un tema que vuelve a dominar la agenda en tiempos de debate sobre reforma laboral- estalló en los muelles. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), referente de los estibadores, inició un paro total de actividades apuntando contra la empresa Urcel Argentina SA. El reclamo de fondo era la representatividad: el gremio acusaba a la firma de desconocer a sus autoridades electas y de “importar” estibadores desde Zárate para, según denunciaron, precarizar la mano de obra local.
Como suele suceder, lo que parecía una disputa puntual escaló rápidamente a la esfera nacional y política. Al día siguiente, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), conducida por Marcelo Osores, nacionalizó el conflicto declarando el estado de alerta en todos los puertos del país.
La retórica gremial endureció su postura, vinculando la situación portuaria con la política provincial: Osores instó al gobernador Rogelio Frigerio a mirar la “explotación de los trabajadores” con la misma vara con la que denuncia la corrupción en la obra pública, sugiriendo una connivencia sistémica en el sector.
Respuesta empresaria
En medio del fuego cruzado, la empresa Urcel Argentina rompió el silencio para desligarse de las acusaciones. La compañía ofreció una lectura distinta, argumentando que la parálisis no respondía a una decisión corporativa, sino que eran “rehenes” de una feroz interna entre dos gremios que se disputan la afiliación y la caja en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy. Urcel defendió su historial de operaciones ininterrumpidas desde 2018 y reivindicó la generación de 500 puestos de trabajo directos con personal local.
Ante el riesgo inminente de que el conflicto se expandiera hacia otras terminales del sistema portuario nacional, la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, amparándose en la Ley 14.786, forzando una tregua administrativa y citando a las partes a una audiencia en Paraná para el 10 de este mes.
Normalización
El efecto de la medida fue inmediato y el puerto retomó rápidamente la actividad. Tras levantarse los bloqueos, el buque Dias Well pudo finalmente zarpar con 17.000 toneladas de troncos de pino rumbo a la India. Apenas tres horas después de esa zarpada, ingresó el ultramarino African Piper para iniciar una operación gemela.
La normalización permitió también retomar tareas de infraestructura crítica. En la ventana operativa entre ambos buques, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) desplegó la draga Niña para el mantenimiento del canal de acceso, mientras se realizaban movimientos de buques tanque en el muelle de inflamables y se preparaba el arribo del guardacostas escuela Mandubi.
La “paz social” impuesta devolvió la productividad a los muelles, aunque la discusión de fondo -quién ostenta la representación legítima de los trabajadores en un mercado cambiante- podría seguir abierta y funcionalmente activa en épocas de fuertes debates por la reforma laboral.
