Los costos logísticos y del comercio exterior -muchos de ellos ocultos- comenzaron a ser abordados desde el Ministerio de Producción, bajo la coordinación de la Secretaría de Simplificación Productiva.
La visión que se consolida es que removiendo el “colesterol estatal”, los flujos de inversiones y la productividad privadas serán más ágiles, porque se allanará un camino a una nueva competitividad, es decir, la posibilidad de bajar tiempos y costos frente al Estado regulador.
Es tentador ver un cambio de enfoque desde el Gobierno: parece haber una intención más introspectiva, “Estado adentro”, respecto de la naturaleza de esos costos. Más concentrado en eliminar trabas propias que en identificar trabas entre privados. Pero no es un reemplazo, es sólo un complemento.
A cargo de la Secretaría está Pedro Inchauspe, que días atrás encabezó la primera reunión de la submesa de competitividad logística con referentes empresarios y gremiales del sector. Lograr un Estado ágil y ponerle un fin a la redundancia eterna de trámites es una meta de su área.
“Es difícil identificar la burocracia”, señala Inchauspe en diálogo con Trade News, tras definir al problema a partir de su solución: el concepto de simplificación y los paradigmas de mejores prácticas regulatorias.
Burocrácticas “son todas las normas que no cumplen con determinados principios, como requerirle al privado información que ya tiene el Estado, o realizar controles ex ante en lugar de ex post, reclamando una serie de cosas para aprobar algo, en lugar de decirle claramente qué tiene que cumplir, aprobarlo y después controlarlo”, explicó.
Luego, identificará la mejora de procesos encarada como “la inteligencia en el control”, que invierte la carga de la prueba y “cambia el rol del Estado” que pasa de exigir papeles de antemano con “fines estadísticos” a funcionar bajo la presión de “cumplir con el tiempo debido para responder o habilitar”. Facilitador, inteligente, previsible y transparente es el Estado que imaginan desde la Secretaría de Simplificación Productiva.
La digitalización compulsiva del Estado, llevada adelante desde el Ministerio de Modernización, busca darle cuerpo a ese “Estado-meta”. Eliminar al papel o trámites o mesas de entrada no equivale a controles más laxos. “Al contrario, los organismos interactúan entre sí, comparten datos y hay trazabilidad de la información. Montamos un buen sistema de alertas par que los controles sean posteriores y eficientes”.
“Heredamos más de 700 toneladas de papeles, 19 camiones. Y queremos dejar un tablero de control con metas e indicadores de gestión”, proyecta.
-¿La Secretaría detecta las trabas burocráticas e instruye al organismo a eliminarlas, o tiene potestad para resolverlas por sí misma, con una resolución?
-No, se trabaja con el organismo. Simplificación trabaja con 4 ejes: los equipos informáticos y la digitalización de Modernización; el apoyo político de la Jefatura de Gabinete de Ministros; el apoyo de Legal y Técnica (porque trabajamos con normas que están sujetas a interpretaciones) y nosotros, que somos el músculo para el relevamiento y la propuesta de cambios. El apoyo es total porque cada 2 meses tenemos reunión con el Presidente para exponer los proyectos de simplificación.
-¿Cómo calcularon el ahorro de $ 100.000 millones en dos años a partir del cumplimiento de los proyectos de simplificación?
-Hacemos un pacto de ahorro en cada proyecto, muy ambicioso. Nos nutrimos de los números de otros países y lo extrapolamos a los números de la Argentina. Sabemos que en el mundo, por ejemplo, la implementación de la VUCE (ventanilla única de comercio exterior) implica un ahorro de hasta 6,5% en el comercio exterior, a lo que le sumamos todos los otros trámites que se simplifican.
-A marzo de 2019, la mitad de los ahorros generados ($ 22.500 millones) provienen del comercio exterior y de la logística. ¿Por qué son los que más contribuyen con el ahorro? ¿Porque son “caros” o por el volumen de negocios frente los de otras áreas?
-Por los volúmenes y valores. Acá trabajamos en conjunto con la Aduana. Cuando arrancamos, por ejemplo, teníamos una selectividad en los controles que arrojaba un rojo de entre 55 y 60 por ciento. Físicamente era imposible controlar (mercaderías y documentación) ese volumen del comercio. Hoy estamos cerca del 15%. Esos 35 puntos puntos menos son un contenedor menos que se abre, un documento menos que se pide…
Luego, con la implementación del seguro de caución digital, velamos por la renta no por la prohibición: si la verificación tiene dudas, se cauciona por la mercadería de mayor renta, pero no se detiene el flujo. No queremos que se queden (las mercaderías) en los depósitos fiscales con el tiempo corriendo.
Cultura de trabajo
Estos cambios, repite convencido Inchauspe, “llevan años” y reconoce la complejidad de explicarlo, internamente y hacia afuera, con organismos que tienen más de 500 años, como la Aduana, y 22.000 personas trabajando (entre Aduana y AFIP).
“Ninguno cree que genera burocracia con lo que hace: es el rol que tienen incorporado como parte del Estado. Estamos ante un cambio cultural. Cuando nos vayamos los equipos técnicos se van a quedar, y con el tiempo se irá logrando el cambio. A nadie le gustan los cambios, porque generan miedo e incertidumbre”, indica Inchauspe.
-La gente piensa que puede quedarse sin trabajo…
-Hay personas, en el Estado, cuyo trabajo consiste en mover expedientes y ahora ven que eso se hace en un segundo, con un botón. Pero hay que explicarles, capacitarlos y reconvertirlos para los nuevos roles que surgen: sólo después de una reingeniería puede saberse cuál es la dotación óptima de un área. Pero quizá la gente que estaba frente a un trámite ahora sea necesaria en el análisis posterior y en inteligencia de procesos. Lo complejo no se hace simple por un decreto. Es un trabajo línea por línea dentro de cada organismo. Y al final todos los procedimientos están respaldados por una norma, y el deber de los funcionarios es cumplirla.
-Es recurrente oír que, en el caso de los ahorros en costos logrados en ciertos tramos de la cadena, éstos no se trasladan a los eslabones finales. ¿Es así?
-Esa normalización lleva tiempo. El contexto hoy no ayuda y cada eslabón que logra un ahorro lo capitaliza. Con el tiempo y con una macro más ordenada sacás todo ese “costo argentino”. De nuevo, dentro de unos años, con una Argentina más estabilizada, se notará el valor de estas acciones que hacen a la competitividad sistémica de las empresas. De eso se trata eliminar el costo de la inoperancia.
-¿Hay vocación del Estado por auditar que toda la cadena se beneficie de los ahorros logrados?
-Auditamos toda la implementación con cada sector. Pero no nos metemos en el traslado a precios, porque es una relación entre privados. Buscamos emparejar la cancha, y que con el tiempo y la competencia haya una normalización.
-¿Cómo se pondera, en el total de costos que enfrenta sector privado, el peso de los trámites con el Estado?
-Es difícil de medir porque no tenés una línea base. Hay otra forma de verlo: ¿Cuánto vale el desánimo de no saber cuánto tardan las cosas? No tener previsibilidad para invertir o no saber cuándo se van a cobrar los reintegros… Son muchas las cuestiones que quitan ganas y fuerzas. La transparencia y la previsibilidad son valores enormes, porque hacen todo más simple y fácil.
Lo importante en este cambio, es que cambia el rol del funcionario público: en lugar de poder tenemos responsabilidades.
-¿Qué grado de avance tiene la VUCE y cuál es el grado de implementación del OEA (operador económico autorizado) que está en línea con lo que plantea?
-Estamos avanzando rápido. VUCE tiene adentro 311 intervenciones, o sea, 311 escritorios que van a pasar a ser uno sólo y digital. No va a ser más falta venir a Buenos Aires para cumplir trámites porque Se simplifican y automatizan, y la inteligencia del control se deposita más en el quién y no tanto en el qué. Esto es el OEA, donde la historia y trayectoria de cumplimiento de un privado empiezan a computarse para los controles. Es para destacar aquí el trabajo que está haciendo la AFIP y la Aduana, con Virginia Garimaldi al frente, con pruebas piloto tanto con el Senasa como con la industria automotriz.
-¿Están trabajando con blockchain para alguno de los proyectos de simplificación y digitalización?
-Sí, las SAS (sociedad por acciones simplificada) corre sobre blockchain en cuanto a los libros digitales. En el Senasa también se está trabajando para temas de trazabilidad en una de las cadenas. Lo estamos estudiando en profundidad porque cambia el rol del Estado. Por ejemplo, una modificación en el Código Alimentario podía tardar hasta 2 años. En ese tiempo cambió el mundo y la competencia te superó. Con el cambio del decreto y del marco que lo reglamenta (que data de 1999) las modificaciones tardarán 3 meses.
-¿Se está trabajando en una modificación del Código Aduanero?
-Sí. Hay una comisión en Modernización trabajando desde hace varios meses en el tema. Tenemos que tener el proyecto de modificaciones del Código para fines de marzo.
-Una de las bajas que mencionan como parte de los programas de simplificación y competitividad es la eliminación del HC (high cube), pero sólo impactó en las exportaciones, lo que motivó una denuncia de la Cámara de Importadores…
-Estamos trabajando con el equipo de Transporte y la AGP (Administración General de Puertos), y la idea es seguir avanzando.
-¿Qué impresiones le dejó la primera reunión de la Mesa de Logística, días atrás en la Subsecretaría de Puertos?
-Que estamos logrando algo histórico, por lo que escucho de parte de ellos. El Estado escucha y reconoce errores, y el privado viene con ideas, y tanto la gremial empresaria como la laboral colaboran con el objetivo común. La lista de proyectos es compleja, y hubo grandes avances en poco tiempo. Pero los cambios requieren acuerdos y llevan tiempo. Antes había un Estado que no dialogaba, y hoy tiene un rol muy importante, porque recuperó las instituciones.
