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Terminal 4 del puerto Buenos Aires se encontraba al cierre de esta edición ocupada por estibadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentina (SUPA) que desde la medianoche del sábado 20 iniciaron otras acciones de fuerza que incluyeron el bloqueo a los accesos de Terminales Río de la Plata (terminales 1, 2 y 3) y el impedimento de operar buques en Bactssa (terminal 5).

El conflicto que desencadenó las manifestaciones del SUPA, dirigido por Juan Corvalán, es el rechazo a los acuerdos paritarios.

El SUPA no integra la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), por lo que las negociaciones se realizan de forma separada.

Fuentes del mercado manifestaron que las terminales portuarias y el SUPA habían acordado (de palabra) un aumento del 8% para junio y una suma de 4000 pesos para terminar el tramo de la paritaria 2019/2020. Por otra parte, para el tramo correspondiente al período 2020/2021 habían arrancado con un aumento del 10%.

En paralelo, la Fempinra se encontraba negociando su paritaria, que firmó en un 10% para ambos períodos.

Marcha atrás

Enterado de este arreglo, el SUPA habría descartado las negociaciones iniciales y pasó a reclamar una suma fija de $ 15.000 y un aumento del 50%.

La reacción del gremio de los estibadores cayó mal en el ámbito portuario, y podría calar hondo en una administración portuaria que hizo de “los trabajadores” la bandera por la cual se logró destrabar un conflicto hace poco menos de un mes: la prórroga de los contratos por dos años, la venia de TRP y Bactssa para que Terminal 4 pudiera incorporar a la concesión los terrenos de Terbasa (que había dado lugar a una denuncia en la AGP) y la decisión de Maersk de no mudar de terminal el servicio Samba.

En tanto, uno de los compromisos de la prórroga fue la de no despedir trabajadores.

En este contexto, un histórico conflicto intersindical lleva al SUPA a provocar una situación antipática, habida cuenta de que, en medio de la crisis económica y la pandemia, se manifiestan durante la cuarentena, y trabajan a reglamento y reclamando un 50% de incremento salarial, cuando muchos sectores de la economía se encuentran con haberes congelados, recortados y con trabajadores suspendidos.

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