Una nueva modificación de la normativa cambiaria fue introducida por la autoridad monetaria a través de la Comunicación “A” 7864, cuyo alcance abarca tanto al pago de importaciones de bienes como a los servicios pero, en este último caso, sólo afecta a las empresas estatales y a las organizaciones donde el Estado tiene participación mayoritaria, e incluso en aquellos fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional.
De acuerdo con la experta en comercio exterior y finanzas, Yanina Lojo, a partir de la nueva normativa “va a ser necesario contar con una SIRASE en estado aprobada para cursar pagos por servicios prestados por no residentes”.
La principal diferencia con la reglamentación que afecta al resto de las empresas es que mientras éstas “tienen que esperar un tiempo para poder cursar su pago, el famoso parking, no va a ser necesario hacerlo para estas empresas” del Estado nacional o con participación pública, explicó la titular de Consultora Lojo.
Respecto de los servicios alcanzados, se encuentran los de investigación y desarrollo, los servicios jurídicos, contables y gerenciales, servicios de publicidad y de investigación de mercado, encuestas de opinión pública, servicios arquitectónicos, de ingeniería y y otros servicios empresariales.
El alcance en las SIRA
“Pero en el caso de bienes el impacto es mucho mayor”, advirtió Lojo, tras agregar que previamente la comunicación 7771 “había establecido que a partir del 12 de mayo toda SIRA que obtuviese estado Salida y que se correspondiera con alguna de las excepciones del punto 8.1 al 8.6 necesitaba tener plazo cero asignado para obtener el tratamiento como excepción”.
Las excepciones alcanzaban desde insumos médicos y farmacéuticos a aceites de petróleo pasando por la hulla bituminosa (insumo de la industria metalúrgica) y bienes de capital, entre otros.
“Las SIRAS que que se habían generado y habían obtenido estado Salida antes del 11 de mayo no tenían que cumplir esta condición. Pero con la comunicación 7864 se establece que el plazo consignado debe ser de cero días corridos para el acceso al mercado de cambios en todas las situaciones previstas del punto 8 de la comunicación 7622 y sus complementarias”, explicó la especialista.
De esta manera, el “breaking point del 12 de mayo ya no corre más”, advirtió Lojo, tras agregar: “No importa si la SIRA estuvo aprobada al 12 de mayo o fue aprobada el 10 de mayo: ahora necesita plazo cero para acceder al mercado”.
La normativa también va a alcanzar a los bienes de capital, dado que se establecía en el punto 8.6 que “una vez que llegaban al país se podía cancelar contra despacho un 20% de la operación, y esto no se va a poder hacer más, y va a haber que esperar al plazo establecido en el MOA (mis operaciones aduaneras) salvo que se indique plazo cero”.
Plazo cero
Al mismo tiempo, alcanza a las excepciones del punto 8.7 que no habían sido contempladas en la comunicación 7771: “Se trata de posiciones arancelarias, que antes correspondían en su mayoría a SIMI categoría C, y que ahora también van a tener que cumplir con esta condición de tener plazo cero”, dijo Lojo.
Hasta ahora, las posiciones arancelarias alcanzadas por el punto 8.7, cuando la mercadería llegaba al país, podían cancelar contra despacho la totalidad del mismo sin tener que esperar.
La condición que existía, recordó Lojo, era que se presentara una certificación o un informe del auditor externo respecto de que las existencias de materia prima y/o bienes intermedios o finales elaborados con esas posiciones arancelarias no superaban los niveles que se necesitaban para su actividad normal. Al mismo tiempo, el importador o su grupo económico, de haber sido convocados a un acuerdo de precios con el Gobierno nacional, no tendrían que haber rechazado participar del mismo o incumplido lo acordado con el programa.
“De ahora en adelante -concluyó Lojo- todas las excepciones del punto 8, para ser tratadas como tales, necesitan una SIRA con estado Salida en plazo cero. Y ya sabemos lo difícil que eso resulta”.
