La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestó su preocupación por el impacto que genera “en el sector exportador” la ampliación de la aplicación de la resolución general conjunta 4364/18.
El presidente de la CERA, Fernando Landa, señaló que la decisión provoca “implicancias operativas que sin duda afectarán la posibilidad de cumplimiento de objetivos de exportación implícitos en el Plan Exportador 2022”.
Tiempos de resolución
El directivo explicó que varias empresas “han tenido grandes dificultades para poder oficializar sus solicitudes de importación a través del SIMI como consecuencia de no tener Capacidad Económica Financiera suficiente, según la determinación que realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Landa destacó que si bien la resolución general 4294 prevé la posibilidad de recálculo (reproceso) de dicha valoración de Capacidad Económica Financiera una vez por mes, si hubiere nueva información para aportar, y también se permite efectuar un pedido de disconformidad con el valor CEF finalmente asignado, no se tiene en consideración los tiempos de resolución requeridos en la operatoria productiva exportadora de alto valor agregado, ni la fuerte incertidumbre que se agrega al proceso fundamental de generación de divisas para nuestro país.
Compromisos
De acuerdo con un comunicado de la entidad, se subrayó que “la implementación de la Resolución General Conjunta 4364 sería -por otra parte- inconsistente con los compromisos efectuados en la adhesión de nuestro país a la Organización Mundial del Comercio. Específicamente, en lo referido a ‘Trato Nacional’ de los productos
importados, incluido en el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y aprobado mediante la Ley 24.425”.
“Entendemos que dicha Resolución General Conjunta 4364 podría considerarse también como inconsistente con los compromisos asumidos por nuestro país en el Acuerdo de Facilitación del Comercio (Ley 27.373)”, sostuvieron, tras agregar que la CERA “ha manifestado su intención de continuar dialogando con las autoridades a fin de encontrar soluciones que no impacten negativamente en el complejo exportador sin que esto afecte la gestión de riesgos tributarios, impositivos, aduaneros y de la seguridad social”.
