Al menos 11.000 camiones no pueden ingresar en el puerto de Bahía Blanca, terminal que vio un incremento masivo de cargas por la bajante que afecta al río Paraná, y obliga a los granos, oleaginosas y derivados de exportación a bajar desde los puertos del Gran Rosario a la terminal bonaerense para completar allí la bodega de los buques.
Sucede que un grupo de transportistas autoconvocados bloquea los accesos a las terminales agroexportadoras del puerto bonaerense, en una medida que arrancó el 30 de julio pasado y que continuaba al cierre de esta edición, a pesar de que los manifestantes habían indicado que la medida se extendería por 48 horas. Preocupa que la situación replique lo sucedido en febrero de este año, donde el puerto bahiense permaneció paralizado por casi 3 semanas por medidas similares.
La situación se repitió en el Puerto Quequén, durante el último fin de semana, pero según trascendió el tránsito de camiones a las terminales se habría normalizado. Las medidas son impulsadas por la denominada Asociación Civil Fleteros Autoconvocados Unidos (ACFUA)
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) denunciaron las acciones y la “ilegalidad de los bloqueos y los atentados contra vehículos con granos” por parte de transportistas que “sin personería jurídica, y con el uso de la violencia, impulsas reclamos ajenos a la exportación, en una maniobra extorsiva”.
En junio pasado comenzó a regir las nuevas tarifas para el transporte de larga distancia de cereales y oleaginosas acordadas por la Cámara Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac). Los transportistas autoconvocados, por no estar agremiados, no participan de estos acuerdos.
Los exportadores manifiestan que la situación de emergencia hídrica provocó un aumento en los costos logísticos de más del 300%, principalmente por el desvío de cargas. Los costos por mayores distancias y tiempos se agravarán ahora por la imposibilidad de ingresar a descargar la mercadería.
Sin respuesta
“Se han efectuado las denuncias correspondientes ante las autoridades”, indicaron las entidades empresarias, tras recalcar que “aún no se tiene respuesta”.
En un comunicado de prensa, el presidente de las cámaras, Gustavo Idígoras, aseveró que la acción “es absolutamente ilegal”. “Es necesario que el gobierno provincial actúe rápidamente para garantizar la libre circulación. Somos víctimas de un conflicto ajeno donde un grupo de camioneros no agremiados impiden que los demás camioneros puedan ingresar a los puertos con granos.”
Idígoras advirtió que el daño económico ya es “enorme” porque además de los 11.000 camiones bloqueados “que se contabilizan como perdidos” hay además 40 buques esperando para cargar “1.200.000 de toneladas de maíz, trigo y harina de soja, entre otros”.
“Además de perder previsibilidad como exportador, el Estado argentino pierde 400 millones de dólares en divisas por esta situación anárquica. Realizadas las denuncias correspondientes, no se obtuvo ninguna respuesta alguna y ningún funcionario se ha sentado aún con los manifestantes. Es crítico que los Gobiernos nacional y provincial realicen acciones inmediatas para garantizar la libre circulación en el importante puerto de Bahía Blanca y asegurar la exportación”, concluyó Idígoras.
Comunicado de los autoconvocados
Según difundió Telefé Bahía, los autoconvocados difundieron su propio reclamo en el que sostienen que la asociación “no quiere y no puede quedarse callado ante los atropellos e injusticia que el transporte de granos viene sufriendo desde hace muchos años por parte de quienes nos contratan de manera arbitraria y contando con la avenencia de las entidades que desde hace mucho tiempo perdieron el compromiso de representarnos y defender nuestros derechos rozando lo ilegitimo”.
“Por tal motivo hacemos este paro de actividades como llamado de atención a las máximas autoridades políticas del área del Ministerio de Transporte de la Nación para exigirles que la tarifa que nos regula deje de ser de referencia y se establezca como tarifa única de manera inalterable con respecto al tarifario establecido”, manifestaron.
Reclamaron, por último, flexibilidad en las exigencias de peso y homologaciones de las “unidades más antiguas” porque “nuestros colegas propietarios quedan encerrados en un régimen perverso dado que no se encuentra en el sistema financiero una propuesta adecuada para las renovaciones de las unidades afectadas”.
