En línea con lo anticipado por Trade News el 8 de julio último, el sábado 30 de julio, el ministro de Transporte Alexis Guerrera firmó la resolución 515/22 que prorroga el contrato del Estado nacional con la Administración General de Puertos (AGP) para las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable.

El contrato de concesión estatal arrancó en septiembre de 2021 y se le dio mandato a la AGP para hacerse cargo del mantenimiento del sistema de navegación troncal. Dicho contrato finalizaba el 11 de septiembre próximo, pero Transporte decidió extenderlo antes de su vencimiento hasta que un nuevo concesionario privado resulte adjudicatario en los términos del decreto 949/20.

“A lo largo de casi once meses de gestión estatal, la tarea de la AGP generó conformidad –tanto desde lo técnico como en la administrativo-, en el sector público y en el privado”, comunicó la AGP.

Continuidad

Durante este lapso, la AGP cumplió en garantizar la continuidad de las condiciones de navegación y seguridad, y contrató a los mismos actores para las obras de dragado (Compañía Sudamericana de Dragados, CDS, del grupo belga Jan De Nul) y balizamiento (Grupo Emepa).

Vale la pena recordar que parte del mandato de la AGP incluía las “licitaciones cortas” de dragado y balizamiento hasta tanto el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable realizara la licitación definitiva.

En ese trajín, sólo la licitación de balizamiento “prosperó” y Emepa se alzó con la licitación 22/21. La compulsa por el dragado (licitación 13/21) fue un escándalo político y judicial que terminó por darse de baja definitivamente por medio de la resolución 38/22 de la AGP, luego de que sólo se abrieran los sobres técnicos que calificaban -únicamente- a CDS.

“En el contexto de una bajante histórica del Paraná –la más profunda y de mayor duración que se tenga registro- la navegación no registró inconvenientes mayores más allá del bajo caudal. Las tareas de dragado y de balizamiento, así como el relevamiento batimétrico y los controles hidrológicos se realizaron de la misma forma que en la etapa previa. Además, se encaró una serie de obras de infraestructura que buscan extender los servicios y tener una mayor calidad técnica, como en la instalación del sistema de monitoreo y gestión”, abonó la AGP, que periódicamente informa sobre los trabajos realizados.

Extensión anticipada

Así, mientras los gobernadores pidieron extender la gestión de la AGP al frente de las obras, y mientras el sector privado concedió que se mantuvieron las condiciones de navegabilidad (más allá del rosario de reclamos que mantienen sobre la vía navegable), el Gobierno decidió no esperar 40 días más para anunciar lo que todos daban por descontado.

Mientras, la superestructura federal del Ente a cargo del intendente de Escobar (en licencia) Ariel Sujarchuk debe elaborar los pliegos definitivos. La promesa fue fines de año aunque también se amagó con septiembre próximo. Pero la sensibilidad de esta obra, los intereses en juego, la presión gremial, la frazada de la coparticipación provincial (que podría acortarse ante eventuales ajustes y condicionar los apoyos de los gobernadores), y la inminente línea de largada del año electoral (octubre) son demasiados vectores de inestabilidad para que se avale un llamado a licitación de esta proporción en el último año de gobierno.

Por lo pronto, el dato relevante es el “fundido de salida” de Sujarchuk, que con los últimos cambios pasó a otro ámbito inconexo: secretario de Economía del Conocimiento.

Tal vez por eso Guerrera, hombre del futuro ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, firmó la resolución en horas donde había una posibilidad de que la cartera de Transporte se fusionara con Obras Públicas y que su titular, Gabriel Katopodis, se hiciera cargo del ministerio fusionado.

Pero esta posibilidad, analizada hace apenas 72 horas, parece historia vieja. Massa seguirá con injerencia en Transporte.


Foto de portada: Jan De Nul