El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina implementó una nueva regulación que modifica el procedimiento de autorización para productos veterinarios.

La normativa introduce un mecanismo de autorización por equivalencia, aplicable a aquellos productos que ya se encuentran registrados y comercializados en países cuyos marcos regulatorios son reconocidos internacionalmente por sus altos estándares sanitarios y técnicos.

La medida abarca una amplia gama de insumos destinados al uso veterinario, incluyendo medicamentos, kits de diagnóstico, vacunas y productos biológicos. Para agilizar su ingreso y aprobación en Argentina, la nueva normativa estipula la aceptación de la documentación técnica y las certificaciones emitidas por las autoridades sanitarias del país de origen, siempre que dicha documentación cumpla con los requisitos específicos establecidos por el Senasa.

Menos tiempos

Uno de los beneficios más significativos de este nuevo mecanismo es la reducción drástica en los tiempos de aprobación. El proceso que anteriormente podía extenderse hasta por dos años, ahora establece un plazo máximo de 90 días hábiles administrativos para que la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Senasa se expida sobre la autorización solicitada.

El Gobierno prevé que esta agilización en los trámites de autorización tendrá un impacto directo y positivo en los costos de productos considerados estratégicos para el sector agropecuario, como es el caso de la vacuna contra la fiebre aftosa.

Costos

Actualmente, el valor de esta vacuna en Argentina se sitúa alrededor de 1,20 dólares por dosis (ligeramente inferior a los 1,36 dólares registrados en diciembre de 2023). En contraste, en países limítrofes como Paraguay y Uruguay, el costo oscila entre 0,37 y 0,50 dólares por dosis.

“La flexibilización y celeridad en las autorizaciones, al potencialmente ampliar la oferta de proveedores, podrían contribuir a una mejora en la competitividad de precios en el mercado local”, aseguraron desde el Senasa.

El reconocimiento por equivalencia alcanza, entre otros, a productos provenientes de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Una vez que un producto recibe la autorización bajo este nuevo procedimiento, se le otorgará un Certificado de Uso y Comercialización que habilitará su distribución a nivel nacional.