“Para fines de febrero va a estar definido el proyecto del Puerto de Buenos Aires”.
Nuevamente, una reunión entre los gremios portuarios y el titular del Puerto Buenos Aires e interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola, derivó en un acta que compromete fechas para definiciones.
El encuentro de ayer entre la Fempinra y las autoridades portuarias cambió de lugar: si la preocupación se centra en el futuro de las fuentes de trabajo, es la cartera laboral la que tiene que ser sede de estas reuniones.
Y para refrendar la intención explícita del Gobierno de buscar solucionar “la cuestión laboral” frente al vencimiento de las concesiones de las terminales de Puerto Nuevo, encabezó la reunión Lucas Fernández Aparicio, funcionario nexo entre los ministerios de Transporte y Trabajo para las relaciones con los gremios. Frente a Aparicio estaba sentado Juan Carlos Schmid, en su carácter de secretario general de la Fempinra.
La carga emocional del encuentro era alta. Las reuniones previas no conformaron a los gremios. Convocatorias anteriores se cancelaron. La impaciencia de los delegados es un abono que el Gobierno no duda en usar respecto de eventuales “ruidos” en la comunicación entre secretarios generales y sus bases.
Y en los últimos meses, el escenario, de lo general a lo particular, se fue enturbiando. La tensión sindical con el actual “modelo” está descubriendo nuevos picos. El enfrentamiento entre el moyanismo y el Gobierno podría consagrar una estrategia peligrosa: abusar de la sindicación generalizante de casos puntuales de gremialistas corruptos, entronar los castigos mediáticos “ejemplares” para contener cualquier avanzada y filtrar puntas investigativas a una justicia alineada.
Es una táctica arriesgada en un campo donde todavía se espera una reforma laboral, paritarias y un ministro de Trabajo que es una contradicción en sí mismo.
El diálogo y la impaciencia
Probablemente el Gobierno sepa la diferencia entre la histórica extracción peronista del gremialismo argentino y la siempre díscola lateralidad izquierda del movimiento obrero, siempre más fuerte en las bases.
La naturaleza peronista demanda diálogo permanente. La esencia del extremismo laboral es la impaciencia y la ruptura manifiesta.
Pero si desde la autoridad se quiebra la relación con el frente duro en las negociaciones, pero negociador al fin, ganará indefectiblemente espacio la liturgia del romántico anarquismo de la izquierda.
El puerto, como pocos sectores laborales argentino, lo sabe: es un caso testigo de esta convivencia entre filosofías sindicales.
La contención de la “pax portuaria” de los últimos años le debe pura y exclusivamente todo al perfil peronista sindical. Por casi al menos una década, el puerto no fue escenario de conflictos de magnitud.
Puede haber argumentos que derrumben esta hipótesis: que el reclamo sindical del ambiente marítimo portuario reciente, tal como reconoció públicamente Schmid, estuvo más centrado en Ganancias que en las condiciones laborales.
El tiempo corroe ahora. Las demandas se diversifican: no habrá reclamo posible de Ganancias si los trabajadores no están en actividad.
Cuestión de cantidad
La reunión de ayer se concentró en la cantidad de trabajadores que se desempeñan en Puerto Nuevo, para sentar las bases del nuevo pliego. Las cifras gremiales, empresarias y del Gobierno no coinciden.
Fuentes oficiales revelaron a Trade News que “las actas previas firmadas hablan de garantizar la continuidad de los trabajadores en los nuevos pliegos, pero no de la cantidad exacta”.
El secretario de Prensa de Fempinra, Luis Rebollo, indicó a este medio que lo que se pretende “es que se aclare la cantidad de trabajadores, y es lo que le exigimos al Ministerio de Trabajo”.
“Para nosotros hay cerca de 2000 trabajadores en el puerto, pero desde el Gobierno nos dicen que son 1143 bajo convenio, 379 fuera de convenio y alrededor de 300 tercerizados”, indicó.
En la especulación de la autoridad de aplicación juegan tres variables para bajar la cifra en los pliegos: los trabajadores que quieran irse con retiros voluntarios; los que están en edad de jubilarse, y los que quieren seguir trabajando.
“El trabajo está asegurado para los 1150, y así va a estar dentro del pliego. La discusión está en el resto”, afirmaron en off the record fuentes del Gobierno.
Los gremios también plantearon llevar a 2020 el vencimiento de las tres concesiones. “No es algo que veamos como complicado de realizar”, reconocieron las autoridades.
En 10 días, se acordó una mesa de trabajo entre los gremios, la AGP y la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo para definir qué deberán decir los nuevos pliegos en materia de la cantidad de trabajadores que los nuevos concesionarios deberán conservar.
Para ello, la AGP y el Ministerio de Trabajo relevarán nuevamente los padrones de las empresas, que deberán cotejar con los de los sindicatos.
Revisiones del diseño
Más allá del futuro de las fuentes de trabajo, la modernización del puerto de Buenos Aires –si bien no fue discutida en la reunión de ayer– es también blanco de enfrentamiento entre la AGP y los gremios.
“Tal vez no hay buena comunicación entre los secretarios y los delegados, pero siempre comunicamos el plan“, deslizaron subrepticiamente desde el Gobierno, deslindándose así de responsabilidades respecto de causas –netamente oficiales– en la dilación de la definición de los pliegos y el plan.
Un sector del Gobierno responsabiliza a asesores del Ministerio de Transporte del bloqueo y las sucesivas revisiones que viene sufriendo el bosquejo.
La explicación oficial devalúa estas intrigas: “Hay revisiones porque escuchamos a todos”. Resta sólo saber qué impide tomar una decisión. Al fin y al cabo, puerto federal y todo, Buenos Aires es un puerto chico y, aunque su diseño es viejo, nada indica que la modernización revolucione por completo el esquema de base.
De hecho, los cruceros, ahora sólo tendrán la dársena A a disposición exclusiva. Los rellenos de las dársenas se limitarán sólo a la que está entre los espigones 4 y 5. El derrumbe de silos y elevadores no será en simultáneo (estarán a cargo del nuevo concesionario) y el relleno que dará lugar a la terminal exterior se reducirá significativamente de los 2000 metros diseñados a los 1500.
Esta obra, en tanto, sería afrontada por el Estado, que ya arrancó por la construcción de la escollera norte de abrigo. “Es algo que queda para el futuro”, justifican desde el Gobierno. Pero la afirmación carece de convencimiento: faltan muchos años para que el Estado argentino sea un paciente en recuperación de la adicción al déficit fiscal, que hoy lo tiene, todavía, esclavo.
En cuanto a los tiempos de obras, se prevé una reducción de 8 a 5 años y el puerto no detendrá sus operaciones. “Los equipos de ingeniería de la AGP sostienen que es posible hacer las obras sin dejar de operar”, indicaron desde el Gobierno, algo que también es motivo de dudas entre expertos privados.
El as bajo la manga de la negociación oficial con los trabajadores tiene el número 24: “El puerto está preparándose para trabajar con una Aduana las 24 horas y con vacíos las 24 horas. Vamos a necesitar los 3 turnos”, advierten fuentes oficiales.
Los desafíos se apilan. El gremialismo deberá replegarse internamente en una contención política, un ejercicio que domina. Si las bases desbordan, el Gobierno pierde interlocutores: los paros en los puertos, y más en uno como el de Buenos Aires, son un dominó atómico para la industria y el comercio.
