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La semana pasada, algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmaron una declaración condenando la agresión de la Federación Rusa en Ucrania, calificándola de una flagrante violación del derecho internacional, así como el apoyo brindado por Bielorrusia en el marco de esa agresión.

La declaración incluyó a los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón y Corea del Sur. Pero no fue firmada por ningún país de América Latina, África o el sudeste asiático, lo que no sorprende si se tiene en cuenta la posición de no alineación que los países de estas regiones mantuvieron durante la Guerra Fría. 

La declaración señala que los miembros firmantes “tomarán cualquier medida (…) que consideren necesaria para proteger sus intereses esenciales de seguridad”, incluyendo acciones que apoyen a Ucrania, así como acciones para suspender las concesiones y otras obligaciones en el marco de la OMC con respecto a Rusia, tales como el trato de nación más favorecida (NMF) a productos y servicios provenientes de ese país. 

Pilar fundamental

El trato NMF es una de las bases fundamentales del sistema multilateral de comercio por el que los miembros de la OMC se comprometen a no establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Implica que si se concede a otro país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del arancel aplicable a un producto, o la remoción de un obstáculo al comercio de servicios), debe extenderse ese mismo “mejor” trato a todos los demás Miembros de la OMC.

Pero como toda regla, este principio también admite excepciones. Entre ellas, los artículos 21 del GATT y 14 del GATS (para el comercio de bienes y servicios, respectivamente) prevén que los miembros podrán adoptar “todas las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad relativas (…) a las aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional”. Así, si bien la declaración no hace referencia expresa a estas excepciones, la manera en la que está redactada deja entrever que los miembros firmantes se refieren a ellas. 

De hecho, esta declaración va en línea con las medidas tomadas o anunciadas por algunos países durante las últimas semanas.

Por ejemplo, Canadá anunció a principios de marzo la eliminación del derecho de Rusia al trato NMF con respecto a los aranceles aduaneros, elevando a 35% el arancel de todos los productos provenientes de Rusia y de Bielorrusia, y la UE lo siguió días más tarde suspendiendo el tratamiento NMF a través de la imposición de sanciones que incluyen prohibiciones a la importación o exportación de bienes provenientes o destinados a Rusia.

Asimismo, el Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves pasado un proyecto de ley que autoriza al presidente Biden a aumentar los aranceles a los productos provenientes de Rusia y Bielorrusia y a apoyar la suspensión de Rusia de la OMC.

Respuesta rusa

La delegación de la Federación Rusa en la OMC no tardó en responder a la declaración a través de una comunicación presentada al día siguiente, llamando la atención sobre las acciones que Rusia califica como “medidas restrictivas de algunos Miembros”, en referencia a las sanciones económicas impuestas por algunos países en respuesta a la invasión Rusa en Ucrania.

Rusia señala que las medidas son una violación directa a las reglas básicas de la OMC, y que pueden tener consecuencias severas para las cadenas globales de valor así como para la seguridad alimentaria, pero ignora la justificación invocada por los miembros que tomaron este tipo de medidas: la existencia de una guerra en Ucrania iniciada por el Kremlin no encuentra eco en el texto oficial de la delegación rusa. Resta ver si  Rusia recurrirá al órgano de solución de controversias de la OMC u optará por la adopción de medidas unilaterales. 

Resulta ilustrativo recordar que el órgano de solución de controversias de la OMC, en una disputa que involucraba a Ucrania contra Rusia, afirmó que la invocación de la excepción de seguridad nacional es pasible de ser revisada para analizar la compatibilidad de las medidas tomadas con las condiciones establecidas en esa excepción.

La medida tiene que ser tomada en tiempos de guerra o de grave tensión internacional. No cabe dudas que la situación en Ucrania calificaría dentro de esos escenarios. No obstante, si bien los miembros tienen discrecionalidad para decidir cuál es el interés de seguridad nacional que están protegiendo con esa medida teniendo la obligación de interpretar y aplicar esta excepción de buena fe la necesidad de la medida para proteger ese interés puede ser cuestionada.   

Medidas unilaterales

Adicionalmente, la continua parálisis del órgano de apelaciones podría ser un detractor a la hora de evaluar la conveniencia de presentar un caso en la OMC. Ante este contexto, resulta más probable que Rusia termine tomando medidas retaliatorias unilaterales, por ejemplo, suspender la exportación de ciertos productos como el trigo, lo que profundizaría la crisis en las cadenas de valor y amenazaría la seguridad alimentaria mundial, como bien señala en su propia comunicación. 

La aparente falta de herramientas de la OMC para evitar una nueva “guerra comercial” sólo agrava el impacto del conflicto en Ucrania en la economía global.

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la imposición cruzada de medidas retaliatorias desencadenará mayores disrupciones en las cadenas globales de suministro todavía golpeadas por la crisis del Covid. Se suma a esto el prospecto de una crisis alimentaria global si la guerra se prolonga y se pone en peligro la cosecha de trigo en el verano ucraniano.

Es así que el fin de la guerra en Ucrania se presenta como la única salida posible, no sólo de la crisis humanitaria, sino también de la creciente amenaza a las bases del sistema multilateral de comercio.


Las autoras son abogadas y consultoras independientes en comercio internacional