La Administración General de Puertos (AGP) dictó la resolución 65/18 el 17 de este mes, donde se pone de manifiesto una vez más la firme voluntad de su interventor Gonzalo Mórtola de rebajar costos logísticos en el puerto de Buenos Aires, en sintonía con la política general desplegada desde el Ministerio de Transporte
Aún se conserva fresca en la memoria la resolución AGP 164/17, que dispuso una importante rebaja tarifaria en los cargos por contenedores high cube y se avanzó sustancialmente en un tema tan ríspido como las tarifas dentro del forzoso, el período dentro de los cinco primeros días desde el fin de la descarga) que se caracteriza por ser el período tarifario más económico).
Básicamente, en aquella resolución se dispuso que si la entrega de la carga excede los cinco días corridos del forzoso se deberá aplicar la tarifa T1, es decir de forzoso, y que para aplicar la tarifa T2 (la tarifa siguiente) se deberá contar con la acreditación de AGP.
Asimismo, se estableció una bonificación de 29 dólares para los contenedores high cube y se suprimieron los servicios “Barrido y lavado de contenedores”, reemplazándose por “Aseguramiento de inspección y limpieza de contenedores”, con un tarifa de 30 dólares que se cobra por única.
Sólo a la exportación por el momento
En la resolución 65/18 se avanzó en forma significativa eliminando derechamente el cargo por contenedores high cube alcanzando por el momento a los contenedores de exportación, y a los de importación que ingresen como equipaje no acompañado.
Entendemos que esta medida, que entrará en vigencia a partir del 1º de junio, es de una importancia superlativa toda vez que, por un lado, beneficia a los exportadores proporcionándole un alivio importante en sus costos logísticos, y por el otro lado repara una histórica injusticia que venían padeciendo los argentinos que retornan al país con sus efectos personales, en su mayoría profanos en las lides aduaneras y portuarias y que cuentan con limitados patrimonios para afrontar el libramiento de sus bienes.
Sin embargo, se trata de un avance parcial que deja aún afuera a buena parte de los protagonistas ineludibles del comercio exterior, es decir, los importadores del régimen general.
El espectro que abarca la norma, aún basada en principios de justicia elemental, no resultó bien recibido por algunos actores de la comunidad portuaria que esperaban un paso más enérgico en la eliminación plena de los cargos en trato para todo el universo de usuarios.
El costado aduanero de los costos
Otro punto cuestionable es que no se abordó el tratamiento de otros costos extras excesivamente onerosos, como el de la “verificación exhaustiva” que puede ser ordenada por el servicio aduanero cuando mediaren determinadas circunstancias, lo que supone un encarecimiento sideral de los costos logísticos.
Creemos que una medida de control adicional dispuesta por la autoridad aduanera en ejercicio de sus funciones no debería representar un castigo económico como es el cobro de una sobretasa por el concepto citado, el cual, dependiendo la terminal portuaria, puede rondar hasta un monto de 2000 dólares, el equivalente a casi dos veces el tarifario completo por el retiro del contenedor completo dentro del “forzoso” en un solo ítem.
Es decir que, en un supuesto de verificación y retiro de un contenedor dentro del periodo mencionado, se estaría oblando un total de casi 5000 dólares por la mera circunstancia de haberle tocado ese control adicional.
En ese premisa, estimamos imperioso que las autoridades de la AGP trabajen conjunta y coordinadamente con la Aduana en esta problemática.
Invitación a la provincia
También se objeta el carácter endogámico de la norma , toda vez que debió haberse incluido un artículo en el que se invite a los puertos de la provincia de Buenos Aires a adherir a estos lineamientos .
Cabe recordar que las terminales portuarias de la provincia, como la de Dock Sud, de idéntica importancia a las de Buenos Aires, están fuera de la jurisdicción de la actual AGP.
Entendemos que no obstante la delimitación jurisdiccional, la AGP debería trabajar en la elaboración de estrategias conjuntas tendientes a unificar criterios que conduzcan a una reducción global de costos en los ítem aludidos en la resolución.
No propender a esto equivale a convertir a los usuarios de las terminales de Puerto Nuevo en “ciudadanos de primera” y a los de la provincia en “ciudadanos de segunda”, que quedan a merced de los operadores privados, como sucede en el ámbito del puerto Dock Sud, donde la Delegación portuaria posee una muy limitada competencia en la posibilidad de articular reclamos por tarifas abusivas y deficiencias en el servicio dada la naturaleza “híbrida” del principal operador de la zona, que no encuadra ni en la categoría de puerto privado ni en la Puerto público en los términos de las normas provinciales, puesto que al ser propietario de los terrenos donde se asienta, sólo abona a la Delegación un canon por el uso del muelle, bien público en los términos del artículo 235 inciso “b” del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sin perjuicio de lo expuesto, estimamos positivos los avances logrados hasta el presente, impulsados por la gestión del actual interventor de la AGP, quien con sus colaboradores trabaja en las medidas tendientes a lograr mejoras en la faz logística en el área de su competencia , y además propicia, alienta y posibilita vías de diálogo con los protagonistas de la comunidad portuaria para sumar propuestas de mejora, algo altamente valorable e impensable en intervenciones anteriores.
No obstante , aún resta mucha tarea por hacer y las apuntadas en estas líneas son apenas un ejemplo de lo que resta en la titánica tarea de dotar de mayor competitividad a nuestro sistema portuario.
